San Luis Potosí.- The Club, Play y Rich son nombres de antros o discotecas ubicados en la capital del estado que quedaron en la memoria de los potosinos como lugares de diversión que terminaron en tragedia, con la muerte de jóvenes, pero también porque las autoridades en cada uno de esos casos han dejado que se pierda en el tiempo la exigencia de castigo contra funcionarios responsables de otorgarles permisos, de inspeccionarlos y de garantizar el cumplimiento de los reglamentos de parte de los establecimientos .

Después de la muerte de dos jóvenes la noche del 7 de junio último, cuando cayeron de un segundo piso por el desplome de un barandal de vidrio en el exterior del Rich, familiares de uno de ellos temen que las omisiones y la posible corrupción que permitió la operación del lugar en condiciones irregulares queden sin castigo, tal como ocurrió años atrás con “The Club” y Play.

Era menor de edad uno de los jóvenes que acudió al Rich y falleció ese 7 de junio, lo mismo otros dos muchachos de los ocho que resultaron heridos –incluso algunos de ellos permanecen hospitalizados–.

Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, uno de los jóvenes que murió, expresa su temor:

“ Lo que se está percibiendo es que vaya a suceder como lo que pasó hace años en un antro de Carranza, que quedó diluido en el olvido, que creo que es a lo que le apuestan las autoridades, tanto las estatales como las municipales.  

A casi un mes de la tragedia, hay una mujer y dos hombres detenidos, vinculados a proceso penal y en prisión preventiva, imputados por homicidio culposo y por omisión e incumplimiento de normas de operación. Pero los tres son encargados del lugar u operadores del establecimiento; no se ha procedido contra ningún funcionario municipal o estatal. Tampoco se conoce que estén siendo investigados por la Fiscalía General del estado.

En ese contexto, a los familiares de las víctimas y potosinos les ha quedado claro que el establecimiento funcionaba con un permiso que no correspondía a su operación real, no contaba con medidas de seguridad ni de protección civil y, pese a ello, recibió la aprobación de funcionarios estatales, que inicialmente se lo habían negado.

Las autoridades municipales también fueron omisas con el lugar, abierto a la vista de todos con espacios publicitarios amplios.

Negro historial

En septiembre de 2008 la joven Alma Elena Villagómez se encontraba en The Club, antro que se ubicaba en el tercer piso de un edificio de la avenida Carranza, cuando se desprendió una hoja de policarbonato que hacía las veces de tragaluz. Alma cayó desde esa altura y murió. Tenía 17 años.

Era el sexenio del gobernador panista Marcelo de Los Santos y como alcalde fungía el también panista Jorge Lozano Armengol.

El edificio donde el antro operaba fue construido para oficinas y sobre este uso de suelo se omitió la opinión técnica de instancias como Bomberos, según publicó El mundo de San Luis.

El gobierno municipal despidió al jefe de Inspección municipal. Familiares de Alma Elena hicieron una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para exigir que se investigara y se sancionara a autoridades omisas. Pero no lograron nada.

“ Mi más grande deseo es que se haga justicia contra las personas que no hicieron su trabajo, contra quienes abren lugares sin la seguridad requerida y esto lo dejo a su opinión y a los nuevos gobernantes que investiguen quién autorizó ese lugar y que se pongan en mi lugar, espero que no ocurra otra desgracia”, escribió en una carta pública Alma del Socorro Ortega, tía de la joven fallecida.

Cuatro años después, otra familia se vio enlutada cuando Karla Pontigo Lucciotto, joven de 22 años, fue gravemente herida el 28 de octubre de 2012 en el interior de la discoteca Play, también ubicada en la avenida Carranza, donde trabajaba: Murió después en un hospital.

Para ese entonces, gobernaba el estado el priista Fernando Toranzo Fernández. La alcaldesa de la capital era la también priista Victoria Labastida Aguirre.

La investigación del feminicidio de Karla fue negligente desde el principio: los propietarios del establecimiento alteraron la escena al limpiar, y, ante la tardanza de la entonces Procuraduría para presentarse en el sitio, las autoridades perdieron pruebas y desestimaron señalamientos de que Karla era acosada por el dueño del lugar.

La familia de la víctima buscó el apoyo de organizaciones como la Fundación por la Justicia y Amnistía Internacional para exigir que su asesinato se investigara como femicidio y con perspectiva de género. La Suprema Corte ordenó hacerlo así y proceder también contra autoridades que fueron negligentes en el caso en una resolución de 2019, y en 2021 la FGR atrajo la investigación ante el conflicto de interés de la Fiscalía estatal, pero esto tampoco ha servido para que sea resuelto o para que se sancione a servidores que obstruyeron la justicia.

Historia recurrente

La muerte de Rodrigo, de 17 años, y de Manuel Alejandro, de 21, así como las lesiones de otras ocho personas al caer del exterior del Rich el viernes 7 de junio último ocurrió ahora en el sexenio del gobernador Ricardo Gallardo Juárez, del Partido Verde, y en el trienio municipal del excomisario de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos, quien acaba de ser reelecto para un segundo periodo abanderado por la coalición del PRI-PAN-PRD.

Aunque Galindo se encuentra de licencia y como interina despacha la alcaldesa Daniela Cid, el excomisario anunció su retorno.

Nancy Aurora, Ulises Oswaldo y Francisco fueron detenidos el 17 de junio último, diez días después de que el barandal de vidrio en el pasillo de acceso al Rich (tercer piso de la plaza Alttus, en la zona dorada de la capital) cayera ante la aglomeración de cientos de personas, en su mayoría jóvenes que esperaban entrar. Nancy es la titular del permiso de operación del establecimiento, aunque éste fue expedido como restaurante con venta de bebidas alcohólicas; Ulises, propietario de éste y otros negocios de giro similar, incluso dentro de la misma plaza, y Francisco, un empleado.

En la audiencia ante un juez penal se supieron otras cosas: la Fiscalía del estado presentó evidencias de que los tres se encontraban en el lugar la noche del percance y que, según mostraron videograbaciones, huyeron del sitio después de que éste ocurrió y de que los jóvenes cayeron hasta la planta baja.

Pero la defensa también presentó diversos documentos como evidencia de algo que el gobierno del estado había negado inicialmente: que las autorizaciones para la operación del lugar como restaurante bar y un visto bueno en materia de seguridad fueron otorgadas por el propio gobierno.

Uno de esos documentos fue el refrendo de licencia ante la Dirección de Gobernación y la validación de dicha instancia a cargo del titular, Concepción Gallardo en oficio del 8 de febrero de este año.

Además, se hizo público un oficio fechado el 29 de junio de 2023, dirigido por el encargado de dicha área, Mauricio Ordaz Flores, al director general de Gobernación, Concepción Gallardo, en el cual éste menciona al “restaurante bar Rich” y señala que “previa inspección” por parte del personal del área, de una notificación de observaciones y de que el propietario “cumplió con subsanarlas”, fue procedente emitir una “opinión técnica favorable” en materia de protección civil.

Inicialmente, el gobierno estatal había informado que la misma Dirección Estatal de Protección Civil inspeccionó el 15 de marzo último el Rich y le hizo recomendaciones en materia de seguridad, y que le solicitó “dar cumplimiento para poderle liberar los permisos correspondientes”, según un comunicado de prensa en el que se citó como fuente al propio director Mauricio Ordaz.

En ese comunicado también se mencionó al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, responsabilizando al gobierno municipal; pudo prevenir lo ocurrido, dijo, si la autoridad local hubiera tomado las medidas correspondientes, y citó las áreas de Comercio y Protección Civil municipales.

Después, el secretario declaró que independientemente de la investigación a cargo de la Fiscalía General del estado, “seguramente” habría una indagación por parte de la Contraloría estatal para deslindar responsabilidades de funcionarios o áreas relacionadas con los permisos tanto del Rich como de la plaza Alttus.

Proceso buscó al secretario, pero no accedió a la entrevista; sólo entregó una ficha informativa sobre las acciones del gobierno estatal en el caso: la Comisión de Atención a Víctimas “lleva acciones de acompañamiento multidisciplinario” a las víctimas directas y familiares, que se les brindó apoyo del fondo de ayuda y reparación y que reciben acompañamiento jurídico.

También se solicitó hablar con el contralor estatal, Sergio Arturo Aguiñaga, pero la respuesta fue igualmente negativa, aunque personal de comunicación de la Contraloría confirmó que esta instancia ha dejado toda la investigación del caso a la Fiscalía General.

Un antro disfrazado de restaurante

La organización promotora de transparencia “Ciudadanos Observando” reveló que la licencia de uso de suelo para el funcionamiento del Rich se otorgó el 2 de mayo de 2023 por la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del gobierno municipal, a nombre de Nancy Aurora Navarro Gil, pero autorizándolo como restaurante bar (preparación de alimentos y bebidas alcohólicas).

Igualmente obtuvo un dictamen de Ecología en junio de 2023 y otros de Protección Civil en febrero de 2023 y en enero de este año.

Con este tipo de permiso no estaba restringido el acceso de menores de edad, resaltó la organización.

“ Cada fin de semana este antro disfrazado de restaurante-bar ofrecía una opción para grupos de jóvenes, donde podrían consumir alcohol sin problema, se organizaban en grupos y adquirían los servicios de botellas o bebidas preparadas. Por lo tanto, se había vuelto muy común que menores de edad (entre 15 y 17 años) no sólo ingresaran al lugar, si no que consumieran bebidas alcohólicas”, expuso Ciudadanos Observando. 

Pero luego agregó que para que los propietarios pudieran realizar eventos especiales debieron consultar con autoridades, entre ellas Protección Civil, así como de Comercio en caso de cobrar por el acceso. “Este procedimiento nunca se llevó a cabo y fueron muchos los eventos que en ese lugar se realizaron sin permiso”, sostuvo la organización.

“Carpetazo”, la sospecha

“Es falso”, dice sobre la versión del gobierno estatal Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, un joven atleta que por estos días iba a graduarse como Contador Público de la Escuela Bancaria Comercial en San Luis.

En entrevista, Infante dice: “Eso es lo que están diciendo, pero yo no me presto a cuestiones simuladoras; los he buscado de manera directa. “El seguimiento y el acercamiento –de las autoridades–” no es más que una torcida imaginación donde pretenden tergiversar muchas cosas. Eso no funciona, a mí se me acercaron cinco o cuatro días después, pero sí, la intención y el trasfondo que tiene la comisión, se me hace una comisión con bastante maquillaje”.

El padre de familia exige a la Fiscalía y a las autoridades municipales que den resultados para sancionar omisiones y prevenir otras tragedias.

Ramón ve “un tortuguismo” total en las investigaciones del caso, en el que, afirma sin reservas, están involucrados y deben ser separados de sus cargos funcionarios de la Dirección de Gobierno y Protección Civil del estado, así como de Comercio y Protección Civil municipales.

“ Ya circulan nombres, información de (funcionarios) que reciben ciertos sobornos semanales y quincenales, personas del ayuntamiento se ven involucradas en esta cadena fangosa, estos moches, hechos de corrupción, lamentablemente es el modus operandi, tanto de funcionarios estatales como municipales”, dijo.  

Y agregó: “Es una vergüenza para nuestro San Luis Potosí tener este tipo de servidores públicos; lamentablemente enfrentamos situaciones muy complejas, la misma sociedad tiene que exigir el San Luis que merecemos y no el que nos quiere dar nuestros gobiernos. Tenemos que ir al fondo y sentar un precedente para crear protocolos para nuestros jóvenes, que vayan a lugares seguros y no a emboscadas”.

Ramón Infante buscó directamente a dos funcionarios pocos días después de la muerte de su hijo: a la fiscal, Manuela García Cázares, y, por separado, al secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

“ Platiqué con ambos como un padre doliente, para ambos la petición fue similar: que se hagan las cosas como debe de ser, investigación a fondo, nuevos protocolos y cambios al reglamento para un mejor control de estos antros o centros de esparcimiento a los que llaman restaurantes bar o antojerías”. 

–¿Qué le contestaron?

–Se comprometieron a seguir las investigaciones la fiscal y el secretario a no tapar a ninguno de los funcionarios, la reparación del daño. Mi hijo ya no existe, ¿cuál reparación me pueden dar? Sí, la separación del cargo de los funcionarios, ellos saben quiénes son. Únicamente queremos que se pongan a trabajar como Dios manda, no les estamos exigiendo más, estamos más ocupados en tener más likes de ahijaditos y padrinitos que hacer lo que nos toca.

Para el papá de Manuel Alejandro está clara la situación: “Falta investigar la responsabilidad de los funcionarios tanto estatales como municipales, así como de los propietarios de la plaza Alttus”.

“A tapar el pozo”

En las fichas informativas entregadas por el gobierno del estado y el municipal el primero asegura que, después de lo ocurrido en el Rich se realizó un operativo entre Protección Civil y la Dirección de Gobierno y se clausuraron tres negocios que funcionaban como centros nocturnos sin contar con permiso, todos del mismo propietario del Rich y uno de ellos ubicado en la misma plaza comercial Alttus: Azul Fuego, Central Bar y RUA Club.

“ Por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo se fortalecerán los operativos de revisión de los antros y restaurantes bar con el fin de que cumplan todas las medidas de seguridad” previstas en la Ley Estatal de Protección Civil.

El municipio indicó que “se reforzaron las acciones del Operativo Sello, con verificaciones en antros, bares y restaurantes del Centro Histórico y otras zonas de diversión nocturnas”, y como resultado el 13 de junio último se clausuraron dos antros por incumplimiento de reglamentación: Rockabilly y Patio Carranza.

Según la ficha, la Contraloría interna municipal inició una investigación el 10 de junio pasado. No se sabe a cuáles áreas o funcionarios.

Para el exagente ministerial y asesor en seguridad Edgardo Hernández Contreras, estas acciones de ambas autoridades sólo confirman una cosa: “Pueden clausurar, conocen los lugares y pudieron haber clausurado antes el Rich. Esto se pudo prevenir”.

Hernández, maestro en Derecho Procesal Penal y quien fue agente antinarcóticos y funcionario de la actual Fiscalía General de la República, señala en entrevista que por encima de la inseguridad del barandal, los permisos o en calidad de qué operaba el antro; el homicidio culposo de dos jóvenes, las lesiones graves de otros más y la presumible corrupción de menores son los delitos que se deben esclarecer.

“ Es la corrupción y la impunidad rampante que hay porque se sabe que los inspectores son altamente corruptos, operan otros lugares a distintas horas, cierran y continúan en el interior vendiendo alcohol, es un secreto a voces.

“ Ellos (los funcionarios) tendrían también que estar procesados por homicidio culposo, deben ser consignados por los mismos delitos que se están imputando a los representantes y encargados del antro. Si hubieran hecho bien su trabajo, no habría homicidios culposos y lesiones graves”, agregó.

Junto con Protección Civil municipal, la Dirección de Gobernación y la de Protección Civil del Estado, hay cinco autoridades “que pudieron y debieron tener la posibilidad de clausurar ese antro, centro nocturno o lo que fuera, menos restaurante. Tuvieron la oportunidad de hacerlo antes y justo en el momento (del evento).

“ Por más que lo digan, las autoridades no tienen escapatoria, no se puede escapar ante el ojo del derecho penal de esto, porque sí pudo haber sido predecible el resultado de homicidio por la falta de cuidado de las autoridades”.