Al final de cada ejercicio anual, los notarios de Coahuila entregan un libro con sus actuaciones a la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado. Ellos, por su parte, conservan uno exactamente igual en su poder, cerrado y sellado. Un duplicado. De tal forma se puede cotejar de ser necesario que no existan alteraciones a lo que pasó ante ellos en su día para dar fe, ya que la mayoría de las veces no hay testigos de lo que realizan a puerta cerrada. Que no haya mano negra, pues.

La secrecía de su labor (u opacidad, según se vea) radica en una disposición legal que les permite guardar por 10 años esos archivos, sin hacerlos públicos. Tiempo suficiente para que prescriban algunos delitos cometidos por sus actos u omisiones, ya sea por ignorancia, negligencia, dolo, o culpa.

Ese plazo, sin embargo, es más importante para ellos como registradores de la propiedad en un tema concreto: la prescripción adquisitiva de inmuebles, también llamada usucapión, o lo que es lo mismo, apropiarse de un inmueble luego de mantener su posesión por una década, así haya sido esta de mala fe. En ese caso se empatan convenientemente los tiempos a su favor.

Lo anterior viene a cuento pues el 26 de abril de 2024 la Dirección de Notarías realizó una diligencia de visita especial en la Notaría 47 de Saltillo, cuyo titular es hasta hoy Sergio Alberto Mier Elías (pese a la suspensión por cuatro meses para desempeñar la función) y descubrió que al cotejar uno y otro cuaderno -explicado líneas arriba- existe una discrepancia importante respecto de la investigación publicada en este mismo espacio el domingo pasado: la escritura pública expedida presuntamente el 30 de noviembre de 2017, último día del sexenio estatal encabezado por Rubén Moreira, falsificada por Sergio Mier Jr. para favorecer con un lote de 8.5 millones de pesos a Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano (ubicado en la capital, concretamente Fraccionamiento Nuevo Mirasierra, segunda etapa, de 2 mil 710 metros cuadrados; una de las zonas con mayor densidad poblacional de Saltillo, ideal para negocio, en la colindancia del Bulevar Mirasierra con el Bulevar Revolución. Donde se ubica Cargo Gas Mirasierra, para mayor referencia).

En el protocolo entregado a la dependencia de la Secretaría de Gobierno, consta que el notario (hijo de Sergio Mier Campos, actual director del Instituto Registral y Catastral) registró una compraventa entre dos particulares, sin ninguna relación con el negocio mencionado.

En el libro suyo, en cambio, consigna con ese mismo número la fraudulenta transmisión de la propiedad mediante dación en pago reseñada en la columna anterior: de un exsocio del ‘Mono’ Muñoz, identificado como Gustavo Adolfo Fuentes Yáñez, a la sociedad mercantil de este y su hijo, denominada Estación de Servicio Mira Sierra, S.A. de C.V., como consta en el expediente VE/SALT/47/2024.

A partir de ahí todo son imprecisiones y errores infantiles producto de un trabajo chambón y desaseado del fedatario público, más allá del evidente ánimo de transar.

Respecto del lote en cuestión, en el libro entregado a la Dirección de Notarías existen gravámenes en el inmueble, y en el del notario no; hay además cambios de fechas hasta por 16 años de diferencia en los asientos registrales, no se identifica en documentos al apoderado central de la trama -que cedió la propiedad- ni existen documentos de él, y al hijo del ‘Mono’ Muñoz, Luis Javier Muñoz Ayup, lo ubican con una credencial de 2021 en un asunto de 2017, por citar los más escandalosos.

En el proceso destaca la participación del notario 90 de Ramos Arizpe, Rogelio Zertuche Mendoza, y del notario 76 de Arteaga, Carlos Eduardo Elizondo Ramos (cuya notaría fue clausurada), en la constitución de un poder el primero, y un presunto convenio de reconocimiento de adeudo el segundo. Ambos en auxilio de Sergio Mier Jr. para que pudiese solventar observaciones. Llama la atención, por lo demás, el uso de fedatarios cuya territorialidad está fuera de Saltillo.

Pese a ello, de acuerdo con el procedimiento administrativo identificado con el folio DN/JUR/PA/47/SAL/2024, “quedó plenamente acreditado que incumplió disposiciones legales”, y que pudiera generar daños y perjuicios por una “posible nulidad o inexistencia de la escritura” que lo motivó.

Cortita y al pie

De no haber sido por el sistema de alertas del Instituto Registral y Catastral, mecanismo que permite recibir informes vía correo electrónico acerca de los movimientos que ocurran respecto de un inmueble, su dueño no se hubiese enterado que ilícitamente Sergio Mier Jr. ingresó el 1 de septiembre de 2022 dos trámites en el IRYC, casi cinco años después de la escrituración que presuntamente había quedado pendiente.

La última y nos vamos

No obstante Sergio Mier Jr. se amparó el 1 de julio ante la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila del Poder Judicial de la Federación, María Magdalena Hipólito Moreno, para evitar un juicio de nulidad de escritura, detenido por el amparo 667/2024.

Así evita su responsabilidad civil y penal con los clientes, en tanto no se resuelva en definitiva. O se olvide a la opinión pública. Lo que suceda primero.