En la semana trascendió una noticia interesante: un funcionario de la Fiscalía de Nuevo León, concretamente director de la Unidad de Inteligencia y Análisis, estaría involucrado en el hackeo masivo a los servidores informáticos de la dependencia, lo cual supone tener acceso a información sobre carpetas de investigación, entre otros miles de archivos y documentos confidenciales de diversa índole.

Se supo de su existencia gracias a que un hacker contactado para la maniobra, inconforme por las consecuencias, hizo público el caso en la dark web, es decir, el espacio virtual de acceso restringido dentro de la red, y un periodista especializado en temas de ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor, hizo eco del reclamo y pudo verificar la veracidad de los contenidos filtrados como prueba de su intervención.

Inclusive la Fiscalía confirmó, obligada por las circunstancias un día después de difundido el asunto, que sí existió la intromisión, aunque, en un ejercicio de contención de daños, minimizó el hecho y le denominó “actividad inusual”, misma que presuntamente había sido detectada oficialmente desde marzo de 2024.

Al hacker protagonista que usa el seudónimo Scorpion, no obstante, el servidor público le habría dado acceso al sistema interno en febrero de 2024 para boicotear a la propia Fiscalía.

El involucrado se llama Paul Cortez Suárez, de 35 años, y desde 2013 trabaja en las instituciones de seguridad pública de Nuevo León, pero es originario de Arteaga, Coahuila, y se ha desarrollado en Monclova profesionalmente la mayoría de su vida.

En 2012 se hizo del control como socio mayoritario y administrador único de la sociedad mercantil Multiservicios Integrales del Norte, S.A. de C.V., la cual había sido constituida desde 1999 con otros dueños en Monclova, con el objeto inicial de prestar asesorías, capacitaciones y consultoría.

Y aquí viene lo importante. Fue contratado a título personal, o sea como persona física, para el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de cómputo de la UTRCC”, por 677 mil 514 pesos, de acuerdo con el documento identificado con el folio CE-905042972-E7-2016, formalizado en la época de Rubén Moreira Valdez como Gobernador del Estado.

La vigencia inició, según documentos, el 12 de agosto de 2016, y finalizó el 31 de diciembre de 2017.

Y existe un segundo vínculo, por el mismo trabajo, a cambio de 279 mil 884 pesos, fincado en el folio 01/CPS-MPCEC/2016, con fecha 31 de diciembre de 2016.

Se trata, en ambos casos, de adjudicaciones directas, sin procesos de fiscalización.

Lo curioso es que, trazando una línea del tiempo, estas adjudicaciones coinciden, por citar un ejemplo, con el espionaje telefónico que padecieron diversos actores políticos de oposición al Moreirato, como Armando Guadiana Tijerina o Luis Fernando Salazar (y que fue revelado poco a poco a través de YouTube en la víspera de las polémicas y competidas elecciones de Gobernador de 2017).

Sin embargo ahí no acaba el asunto. Con el cambio de sexenio estatal no terminó la ‘proveeduría’, sino que Paul Cortez Suárez fue contratado nuevamente, esta vez mediante la referida persona moral Multiservicios Integrales del Norte, el 10 de abril de 2018, ya con Miguel Ángel Riquelme al frente del Gobierno, por 358 mil 750 pesos para un presunto “mobiliario para oficinas administrativas de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila”.

Esta institución se constituyó entonces como su sede de operaciones, pese a laborar en ese tiempo como director del C4 (comando, control, comunicaciones y cómputo) de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

Cortita y al pie

Por lo demás, el dinero recibido de Coahuila (al menos de manera institucional) no es lo más relevante del caso, sino la relación continuada en el espacio y las actividades que -ahora se sabe- desempeña en realidad Paul Cortez Suárez, pues en otro momento también ha vendido ‘software’ a gobiernos para sus áreas de seguridad pública, como a Quintana Roo en octubre de 2018 (durante la administración panista-perredista de Carlos Joaquín González) por una cifra de 9 millones 388 mil pesos.

La última y nos vamos

Qué andaban comprando realmente y qué hacían en Monclova en esas fechas, es la pregunta.