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El mercado telefónico en México

Por Federico Muller

Hace 1 mes

Durante la Administración Federal 2024-2030, se estableció la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encargada de desarrollar políticas para impulsar la transformación digital y fortalecer el sector de las telecomunicaciones en México. Uno de sus proyectos clave es la Ventanilla Digital de Inversiones, diseñada para simplificar y digitalizar los trámites realizados por proveedores de obras y servicios del Gobierno.

Las metas de la ATDT son ambiciosas: reducir el número de trámites burocráticos de 55 a 29 y los requerimientos imprescindibles de 493 a 125. Además, se busca que el proceso de licitación o adjudicación no exceda un año como tiempo máximo. También se están implementando medidas para extender estas mejoras a otras instancias gubernamentales (estados y municipios) mediante la homologación de criterios, con el propósito de crear un ecosistema digital unificado. La tecnología cibernética se posiciona como un aliado estratégico en la lucha contra las malas prácticas de gestión y el control de funcionarios públicos que actúan de manera poco ética.

 

 

Plataforma de Identificación de Usuarios de Telefonía Móvil (PIUT)

Otra tarea que asignó la Presidencia de la República a la ATDT fue la de “desempolvar” un viejo proyecto elaborado en 2021 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que buscaba crear una base de datos con información personal y biométrica de los usuarios de telefonía móvil, con el objetivo de mejorar la seguridad pública y combatir delitos como extorsión y secuestro. Sin embargo, el Panaut generó una fuerte controversia en diversos sectores de la sociedad.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el proyecto al considerar que infringía derechos fundamentales, como la privacidad y protección de datos personales. A pesar de esta decisión, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) está explorando la posibilidad de retomar algunos elementos del Panaut para desarrollar la Plataforma de Identificación de Usuarios de Telefonía Móvil (PIUT). Esta base de datos estaría alimentada por las compañías privadas de telecomunicaciones que operan en el país. Al centralizar dicha información, la dependencia gubernamental contaría con un recurso valioso que podría ser puesto a disposición de las autoridades responsables de la seguridad nacional, como las fuerzas armadas y las policías estatales.

En este contexto, se describen brevemente las posibles ventajas de implementar la PIUT, como la reducción de delitos telefónicos mediante la identificación y rastreo de llamadas sospechosas. No obstante, también se advierten riesgos significativos relacionados con la exposición de datos personales a terceros y el acceso potencialmente amplio a esta información.

 

 

La centralización del padrón de usuarios de teléfonos celulares

Los teléfonos móviles se han convertido en objetivos frecuentes de ciberataques. Durante los últimos meses del periodo gubernamental 2018-2024, se reportaron aproximadamente 835 mil ataques cibernéticos dirigidos a dispositivos móviles en México. Esta cifra es notablemente menor en comparación con los 33.8 millones de incidentes registrados en Estados Unidos en 2023, y los 220 mil 2 ataques reportados en España durante el mismo periodo. Según el Global Cybersecurity Index (GCI) 2024, México ocupó el puesto 56 entre 194 naciones evaluadas, lo que refleja una capacidad relativa para enfrentar amenazas cibernéticas. El siguiente cuadro muestra a los países que lideran el GCI.

País -Puesto GCI

  • Estados Unidos -1
  • Estonia- 4
  • Corea del Sur -5
  • México -56

En cuanto a los delitos telefónicos, se estima que en México sólo entre 20 y 30 de los casos reportados, incluyendo extorsiones y fraudes, logra su cometido económico. La mayoría de estos incidentes termina en intimidaciones, sin que se lleven a cabo transferencias de dinero a los ciberdelincuentes. Además, 54 de cada 100 usuarios de teléfonos celulares consideran que sus dispositivos son vulnerables a ciberataques, particularmente a través de aplicaciones de comercio electrónico y servicios financieros. Como ocurre con otros delitos, muchas víctimas no presentan denuncias ante el Ministerio Público. Aunque no se dispone de cifras exactas de casos no reportados, se presume que este número es significativo y debe tomarse en cuenta al formular políticas de seguridad cibernética.

Ante este panorama, el Gobierno federal propone la creación de un padrón nacional de usuarios de teléfonos celulares que centralice la información con el objetivo de reducir las llamadas anónimas de carácter extorsionador al facilitar la identificación de los usuarios. Este mecanismo también permitiría rastrear líneas telefónicas sospechosas, bloquearlas y perseguir a los ciberdelincuentes involucrados.

Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad están de acuerdo con esta iniciativa. Algunos consideran que la centralización de datos personales podría ser excesiva y aumentar la vulnerabilidad a filtraciones, ya que el acceso a esta información no estaría limitado al personal de la ATDT, sino que podría incluir a terceros, como las fuerzas de seguridad pública. Esto incrementa el riesgo de usos indebidos de los datos. Existe otra corriente de pensamiento en el país que, aunque reconoce la importancia de regular el mercado de las telecomunicaciones, no está de acuerdo con que el Gobierno se apropie de datos biométricos y personales de los usuarios. En su lugar, esta postura defiende la autorregulación, sugiriendo que los usuarios sigan las recomendaciones emitidas por las compañías de telecomunicaciones con las que estén registrados.

 

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