“Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones, ni de peticiones ilegítimas. Habrá absoluto respeto con sus veredictos”.
Andrés Manuel López Obrador, 8.08.2018

Rodrigo de la Peza, juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al Tribunal Electoral que nombrara a dos nuevos magistrados para completar el pleno. Por unanimidad, el tribunal rechazó la orden, y con razón, pero anunció, sin razón, que denunciaría penalmente al juez, mientras que la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que promovería un juicio político en su contra.

“Muy bien por el Tribunal Electoral -escribió Alcalde-, que frente a la pretendida intromisión del juez de distrito Rodrigo de la Peza López decide defender su autonomía y su mandato constitucional como máxima autoridad en la materia. El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna”.

Coincido en que un juez en materia administrativa no puede ordenar al Tribunal Electoral nombrar a dos nuevos magistrados. Si acaso, esta decisión la debió tomar el propio Tribunal, que ya ha anunciado que subirá a un magistrado de una sala local para cumplir el requisito constitucional de que haya cuando menos seis magistrados para calificar la elección presidencial. Sin embargo, la decisión del Tribunal, por tres votos contra dos, de presentar una denuncia contra el juez, sumada al anuncio de Alcalde de que buscará un juicio político en su contra, revelan que la falta de los dos magistrados no es producto de una falta de acuerdo en el Senado, sino parte de un plan del Gobierno para tener una mayoría favorable en el Tribunal.

Si alguien debió haber sido objeto de denuncias penales o de juicio político son los senadores que se negaron a nombrar a los magistrados como manda la Constitución. El Gobierno y sus senadores, sin embargo, decidieron dejar el tribunal sin esos dos magistrados y promover el golpe que removió a Reyes Mondragón como Presidente para dejar el cargo a Mónica Soto Fregoso. Este Tribunal deberá resolver las quejas sobre el proceso electoral y, sobre todo, decidir si Morena y sus aliados pueden obtener una mayoría calificada de 74% en la Cámara de Diputados con sólo 54% del voto.

El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en esta materia, por lo que no extraña que haya desconocido la orden del juez. Sin embargo, tanto la denuncia penal como la amenaza de juicio político revelan la obediencia que el Gobierno espera ahora de los jueces. El Tribunal pudo haber recurrido la suspensión ante un tribunal colegiado, mientras que la secretaria de gobernación no tenía por qué meterse, ya que no es parte de la disputa. El nado sincronizado, sin embargo, confirma que el ejecutivo ha intervenido para asegurar que el Tribunal favorezca a sus partidos, y esto sí es una seria violación a la Constitución.

Ayer también la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuestionó la decisión del juez De la Peza, a quien acusó de actuar políticamente por haber otorgado una suspensión contra la Ley de Energía Eléctrica, que ha sido ratificada en tribunales superiores. Ratifica la visión de que hubo una decisión del Gobierno de dejar el Tribunal Electoral con sólo cinco magistrados. ¿Para qué arriesgar la mayoría de tres de cinco al permitir la designación de dos nuevos magistrados que quizá cometan el pecado de ser fieles a las leyes y no a Morena?

México vivió una elección de Estado en 2024. Hoy queda claro que el Gobierno llegó al grado de intervenir en el Tribunal Electoral para garantizar una mayoría favorable. La república con contrapesos en la que vivimos desde la elección de 1997 ha llegado a su fin.

Austero

Nada más para elegir a mil 600 jueces federales el senador Ricardo Monreal calcula que se gastarán 3 mil 500 millones de pesos, 2.2 millones por cada uno. Habría que añadir 5 mil jueces locales, lo cual sumaría quizá otros 11 mil millones de pesos. Todo para que un Presidente austero controle a todos los jueces.