La iniciativa sobre autonomía que pronto remitirá el Presidente de la República al Congreso de la Unión es muy probable que retome, lo que el propio Mandatario ha dicho en algunas mañaneras, su desacuerdo con los organismos autónomos que existen en México. Antes de enviarse y conocerla los medios de información, ya está generando controversia porque se presupone el contenido de la misma, que será sin duda un reflejo de las ideas que tiene el Presidente sobre los entes que trabajan independientemente del Gobierno, y entre ellos, y que ha sido ampliamente criticado, aparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el cual tiene “oficinas” en cada entidad federativa del territorio nacional.

Una de las funciones del INAI es proporcionar la información requerida por los ciudadanos sobre gastos e inversiones del sector público. Se ha pretendido con ello transparentar todos los manejos financieros del Gobierno y dependencias descentralizadas. Teóricamente, cualquier persona que cumpla con los protocolos establecidos puede acceder a información que, hasta antes de la creación del INAI, permanecía reservada y clasificada en los archivos de cada secretaría o empresa del Estado.

Otra de las tareas que lleva a cabo, es la capacitación a servidores públicos, principalmente alcaldes y funcionarios del gabinete municipal. Los cursos versaban sobre transparencia en los movimientos financieros y visibilidad y resguardo de datos y documentos que respalden tales operaciones. No obstante, desde el punto de vista económico y técnico, no es necesario “montar” una estructura administrativa tan grande, a nivel nacional, para realizar ese tipo de gestiones de carácter académico, periodístico o personal. Basta con una oficina acondicionada, que cumpla con determinadas funciones, y que la coordine el Congreso de la Unión.

Ahora bien, desde la perspectiva pragmática y tal vez humanista, para no actuar de manera autoritaria y prepotente en la toma de decisiones, se deben justificar las acciones; es menester realizar algún tipo de estudios que evalúen el desempeño de tal institución, analizar el comportamiento que tuvieron cuando se han presentado casos de malversación de fondos públicos en estados de la República, por ejemplo Veracruz, Chihuahua, Coahuila, entre otros. Surgieron en esos periodos peticiones de la ciudadanía para indagar el destino de los recursos, y de ser así, cómo actuaron los institutos estatales: ¿ofrecieron la información pertinente y oportuna a los interesados, o hicieron caso omiso a las solicitudes? O lo más grave, ¿desconocía el INAI lo que sucedía al interior de los gobiernos?

Sin justificar, solo a manera de explicación, varios funcionarios del instituto que nos ocupa, se quejaban de no tener ningún poder para presentar denuncias, desde luego que no era su función, pero quizá eso fortalecería su presencia en el entorno institucional. Lo que sí se aprecia es que el INAI, lamentablemente se ha politizado, en el sentido del acercamiento que se da entre los presidentes del INAI y los gobernadores de las entidades federativas, inclusive la injerencia de estos en la designación de consejeros de los propios institutos. Quizá su posible desaparición no represente un ahorro sustantivo al erario federal, pero puede sentar un precedente para la creación de futuros entes regulatorios en el país.