Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene garantizada su estabilidad financiera hasta 2037, “considerando el uso de sus reservas“.

A partir de 2038 seguirá tomando esos recursos, pero serán insuficientes para solventar los gastos, por lo que se anticipa que registrará déficits a menos que se tomen medidas como el aumento de cuotas para pasar de 14.6 a 16.2 por ciento, lo que se considera una prima de equilibrio con el fin de cubrir las necesidades económicas de las próximas tres décadas.

El Informe Financiero y Actuarial 2023-2024 entregado al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión advierte lo anterior y plantea como alternativa la posibilidad de analizar “la viabilidad y conveniencia de realizar un rebalanceo de primas entre el seguro de invalidez y vida (SIV) –que opera con superávit– y el de enfermedades y maternidad (SEM) de la población pensionada y sus beneficiarios, cuya prima no alcanza para cubrir los gastos médicos desde hace una década.

De hecho, el Seguro Social advierte que los principales riesgos económicos que enfrenta es por atender las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal, que consumen 27 por ciento de los ingresos del SEM.

En 2022 el gasto médico destinado a la atención de estas tres enfermedades ascendió a 109 mil 958 millones de pesos, 46 por ciento (50 mil 619 millones de pesos) se asocia con la diabetes, 35 por ciento (37 mil 969 millones de pesos) a la hipertensión arterial y 19 por ciento (21 mil 370 millones de pesos) a la insuficiencia renal crónica.

Otro riesgo para el IMSS es el régimen de jubilaciones y pensiones de sus afiliados que, aunque ya está acotado por las modificaciones realizadas en años pasados a ese esquema de retiro, registra una tasa media de crecimiento en términos reales de 6 por ciento.

Las obligaciones del instituto con sus empleados generan un pasivo laboral estimado en 2.2 billones de pesos al valor actual, destaca el informe. Otro tema que representa un desafío es el servicio de guardería para todos los trabajadores –hombres y mujeres–, ya que la reforma a la ley aprobada por el Congreso de la Unión no incluyó la modificación de su financiamiento. Resalta que para cumplir con esta prestación a mediano plazo se deberá ampliar la capacidad instalada.

Situación a 30 años

En términos globales, el análisis de la situación financiera del IMSS para el periodo 2023-2052 indica que, a valor presente, los ingresos ascenderán a 18.6 billones de pesos, mientras el gasto se calcula en 19.9 billones.

Con base en estos resultados, plantea que al cierre de 2023, con un monto de reservas financieras y actuariales por 160 mil millones de pesos, se prevé que el déficit asciende a 1.19 billones de pesos en los regímenes obligatorio y voluntario.

Con respecto al producto interno bruto estimado para el año pasado, el valor presente del resultado financiero de los seguros del régimen obligatorio equivale a 2.6 por ciento y una vez que se considera el seguro de salud para la familia, que forma parte del régimen voluntario, el déficit sube a 3.8 por ciento del PIB.

No obstante, con los resultados estimados para 2023 y los años subsecuentes, el IMSS prevé continuar con la operación de sus servicios sustantivos (los médicos), los cuales incluso serán reforzados con la creación de 164 mil 968 plazas entre 2023 y 2033, además de una inversión de 150 mil 834 millones de pesos.

Para dicho periodo, “considerando la estrategia de inversión de las reservas financieras institucionales, se privilegiará el uso de la reserva de operación para contingencias y financiamiento con un monto estimado de 68 mil 816 millones de pesos”.

Por ahora, el IMSS reporta suficiencia financiera como resultado, indica el informe, de mayores ingresos. Al cierre de 2022 se observó un incremento de 4.8 por ciento real, al pasar de 538 mil 22 a 564 mil 30 millones de pesos.

Asimismo se ha ejercido un gasto más eficiente con estrategias de “control presupuestal” a fin de optimizar el ejercicio de los recursos y aumentar la calidad de la atención a la población derechohabiente.