La decisión que tomó ayer martes el Departamento de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del Gobierno de Estados Unidos: por un lado parece reconocer que su agencia antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber dado aviso al Gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes; y por otro lado, reconoce que con esa acción no solo se lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino que se abrió un frente peligroso no solo para la seguridad nacional de los mexicanos, sino para mantener la cooperación bilateral en los temas de seguridad y narcotráfico.

Porque al final esa fue la esencia del alegato diplomático que el Gobierno mexicano presentó ante las autoridades estadunidenses para expresar la molestia por la falta de cortesía y consideración en la detención de Cienfuegos, ejecutada en sigilo por la DEA, y exigir que se le entregara una copia del expediente con las pruebas y testimonios con los que la agencia antidrogas incriminó y acusó al militar y pidió su detención al Departamento de Justicia.

México argumentó dos cosas en la plática que sostuvieron el fiscal estadunidense William P. Barr y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el pasado 26 de octubre, según refirió ayer el funcionario mexicano: primero, que para nuestro país la forma en que se detuvo y acusó a un exjefe del Ejército se convirtió en un problema de Seguridad Nacional, por la gran molestia y desazón que provocó entre las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas; y segundo, que si no se mandaban las pruebas, los acuerdos para intercambiar información y combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro.

Las pruebas enviadas desde Washington en maleta diplomática, según afirmó Ebrard, llegaron el 11 de noviembre y lo que contenía el expediente armado por la DEA debió ser tan endeble que el fiscal Barr decidió dar la orden de regresar al general para que su caso fuera juzgado por las autoridades mexicanas.

El general podría llegar hoy mismo a México, después de la audiencia en la que la juez desestime las acusaciones en su contra. Veremos si la Fiscalía General de la República le da al exsecretario de la Defensa un trato especial, similar al que le dieron a Lozoya, y cuáles son los delitos por los que se va a investigar a Cienfuegos en México.

Por lo pronto, no se puede negar que, así como la detención del extitular de la Defensa fue un golpe y un sorpresivo mensaje para el Gobierno de López Obrador, hoy su inusual regreso representa también un triunfo diplomático.

El mérito, sin duda, se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, que fue el artífice de la estrategia diplomática que le pidió instrumentar el Presidente, luego de recibir fuertes presiones por el malestar que ocasionó en las cúpulas castrenses esta detención.

Al final, en medio del triunfo diplomático de México y más allá de las interpretaciones de “confianza y respeto” que le darán en el Gobierno de la 4T a este gesto inusual de Washington, también hay otra consideración que difícilmente reconocerán en la Administración de López Obrador: que la ofensiva diplomática para que se revisara el caso de Cienfuegos en Estados Unidos fue tan fuerte, además de las presiones militares que recibió el Presidente, por una simple razón: si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, mañana, en un no tan lejano 2025, los acusados y detenidos por la justicia estadunidense podría ser cualquiera de los altos funcionarios del actual Gobierno lopezobradorista. Solo habrá que decir una frase: “Remember Culiacán”.