POR: ALFONSO PÉREZ DAZA

En términos generales observo una constante tensión entre los principios y valores que protegen los derechos humanos reconocidos en la comunidad internacional y los conflictos violentos en materia política y social que se viven al interior de las naciones. En algunos casos, los estándares respecto a las relaciones internacionales se han polarizado ante el fenómeno de la migración.

Recientemente, Donald Trump resultó electo por segunda ocasión como Presidente de los Estados Unidos de América por haber propuesto, entre otras, la deportación masiva de personas indocumentadas, la continuación de la construcción de un muro en la frontera con México y la defensa de la soberanía mediante la creación de empleos sólo para los estadunidenses. Estas propuestas de política pública fueron refrendadas por millones de ciudadanos que hicieron ganar contundentemente su candidatura. En este contexto, el analista Edoardo Campanella opina que “no es descabellado imaginar crisis constitucionales que involucren al Gobierno federal y a las legislaturas estatales por la gestión de las elecciones y los derechos de voto, o entre el Congreso y una Corte Suprema de extrema derecha por los derechos civiles, o entre el Congreso y un presidente polarizador”.

En ese escenario, ¿cuál debe ser el papel de los tribunales constitucionales? Me parece que en el caso de México debe tomarse en consideración algunos elementos como el fenómeno del crimen organizado, la polarización de una sociedad dividida material e ideológicamente entre pobres y ricos, así como la ruptura violenta del estado de derecho ante la falta de una cultura de la legalidad.

El reto es la reconfiguración jurídica, política y social del estado mexicano. Debemos recuperar la idea de garantizar los principios y valores de la condición humana para lograr la convivencia pacífica que se ha perdido en varias regiones del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe preguntarse cómo hacer funcionar nuestra democracia. Justamente, ese es el título del libro de Stephen Breyer, quien afirma: “la Corte puede y debe ayudar a que la Constitución y la propia ley funcionen adecuadamente para los estadounidenses de este tiempo… Día tras día veo estadunidenses de todas las razas, religiones, procedencias y puntos de vista intentando resolver sus diferencias en los tribunales. No siempre ha sido así. En otra época, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo los individuos y las comunidades enfrentaban estas diferencias en las calles y con violencia y no en un tribunal ni al amparo de la ley”.

Quien fuera miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1994 a 2022, destaca la importancia de la función social del Derecho y de la resolución de los conflictos de una forma civilizada.

Coincidiendo en ello, creo que debemos consolidar los instrumentos que están diseñados para garantizar todos los derechos sin distinción. En México, han proliferado los conflictos que se resuelven de propia mano, en la calle y en muchos casos con violencia. Los tribunales de justicia deben recuperar la confianza y el respeto de la sociedad, no pueden ser ajenos a la realidad que vivimos, sus competencias constitucionales deben contribuir a las soluciones de los problemas que enfrentamos como nación. Sólo una visión de Estado nos puede ayudar a salir adelante.