¿Habría motivos –basados en méritos, no políticos– para extender el plazo del fiscal general del Estado de Coahuila por otros siete años al frente del organismo?

El próximo 19 de octubre, es decir, a escasas dos semanas, termina los siete años en el cargo y llegado el momento de su ausencia definitiva, el Congreso local deberá expedir la convocatoria para sucederle, mientras la Fiscalía sigue funcionando con un encargado de despacho en tanto inicia el procedimiento.

A la expectativa, Gerardo Márquez, mencionó el viernes en Torreón a los medios de comunicación que “esperará” los tiempos “para tomar decisiones” y ver si cumple con los requisitos de las bases para presentarse como aspirante a un periodo más, también por siete años.

Desde su designación, el fiscal se ha mostrado diligente, particularmente en los casos mediáticos que involucran delitos de alto impacto. Casi siempre acaban con detenido y un ejército de reporteros haciéndole pasillo a este, en los metros previos a firmar su ingreso al Centro de Readaptación Social de Saltillo.

Ahí concluye su intervención como Ministerio Público, y especialmente la colaboración para formar la narrativa que propala Coahuila tierra adentro: aquí no; si en otros lugares permiten delinquir sin consecuencias, aquí sí hay estado de derecho.

Sin embargo, en los delitos que no se ven, pues no son mediáticos ni de alto impacto, como el robo, la estadística de inoperancia, es escandalosa.

Basta ingresar a cualquiera de sus delegaciones en la entidad para advertir que de ahí no saldrá nada bueno; ni respuestas ni justicia como fin último. Se hace lo que se puede con lo que se tiene pero no se hace lo que se debe por mandato constitucional: la realidad rebasa la capacidad de atención y resolución. El fenómeno no es nuevo, por supuesto, ni es exclusivo de Coahuila.

La pregunta es: ¿pese a ello nunca se hará nada por revertir ese sinsentido? Por lo contrario, conforme avanzan los años, se acentúa el déficit.

¿Es acaso un asunto de presupuesto?

En 2023, por ejemplo, la Fiscalía ejerció 921 millones de pesos, siendo entre sus pares del norte del país, frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) la que menos recursos recibe, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, publicado por el Inegi el 3 de octubre.

Incluso se ubica en el lugar 19 de 32 a nivel nacional en ese rubro. Por debajo de la media nacional, pese a que no todos los estados comparten las mismas características. En 2024 ejerce mil 202 millones de pesos de presupuesto. Y aquí viene lo interesante.

Según el mismo documento, la Fiscalía General del Estado arrastra un total de 225 mil 229 casos pendientes de resolver, entre averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación. Sólo Jalisco y Baja California le superan en rezago en el país.

Ninguno de estos expedientes, cabe señalar, tiene relación con los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales se contabilizan por separado.

En su defensa, podría decir alguien, que se denuncia más en Coahuila, a diferencia de otras entidades, debido a la confianza que se tiene aquí en el sistema de justicia, por ello los números son más altos.

Sin embargo hay que tomar en cuenta la cifra negra (casos en donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación) misma que ronda el 91.8% de los delitos que se cometen en el estado, a juzgar por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, difundida en septiembre, igualmente por el Inegi, y que no es muy distinta de otros (la media nacional es del 92.9%).

Quienes menos denuncian, dato revelador, son los sureños (Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco) y los narcoestados (Tamaulipas y Sinaloa).

Dicho de otra forma: no se sostiene la hipotética defensa de la Fiscalía, pues no es real que se denuncie sustantivamente más aquí.

 

Cortita y al pie

Un caso paradigmático es Nuevo León, entidad que acumula dos años sin fiscal titular debido a la incapacidad para negociar de Samuel García con el Congreso del Estado e impulsar una propuesta de común acuerdo.

El impasse ha escalado incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha ocasionado crezca la cifra de desatenciones, pues el vecino estado se ubica en el cuarto lugar en “pendientes”.

 

La última y nos vamos

Ahora bien, si consideramos ese antecedente, ¿por qué está peor Coahuila con fiscal, que Nuevo León con encargado del despacho? Ahí entonces la respuesta sobre renovar fiscal siete años.