La definición más clara de lo que significa el estado de derecho, es la que nos regala la Real Academia Española, la cual establece que este es el régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder.

Aunque usted no lo crea, nuestro país, ahora mismo, se encuentra en una verdadera crisis constitucional, en un vacío jurídico sin precedentes, o sí lo prefiere, por lo menos en el curso o a punto de detonar en una situación absolutamente extraordinaria que atenta directamente en contra del estado de derecho, el cual hasta hoy había intentado regir a nuestra sociedad y nuestro sistema de gobierno mexicano hacia lo posible por conservarlo.

Lo que ahora se vive en México es una lucha encarnizada entre los poderes que debieran ser autónomos con el fin de comerse unos a otros; por un lado, el congreso de la Unión, conjuntamente con el Senado de la Republica, se consideran suficientes superiores para generar leyes de todo tipo, aunque las mismas rompan con el estado de derecho, que hasta hoy considerábamos existente; mientras que el Poder Judicial hace lo posible por defender la soberanía de nuestra Constitución, situación que cada vez se ve más lejos de alcanzar.

Debo mencionar que, para llegar a este punto, en el que todos los poderes que constituyen nuestro estado mexicano peleen entre ellos por considerarse mejores unos más que otros, el anterior titular del Poder Ejecutivo, desde su primer día de Gobierno, empezó una estrategia malsana de polarización entre los ciudadanos, las instituciones, misma que permeó hasta los poderes de la nación, todo con el propósito de concentrar todo el poder para implementar un régimen antidemocrático.

La estrategia de polarización le fue efectiva contra el Instituto Nacional Electoral y contra otras instituciones que le representaban un posible contra peso, pero nunca le resultó con el Poder Judicial Federal, por tal motivo, en el último año de Gobierno presentó una propuesta de reforma malhecha, la cual, inicialmente, solo sería utilizada para acorralar y hostilizar al último poder que presumiblemente conservaba su autonomía y con ello alcanzar su sometimiento.

Así pues, en los últimos años, desde su conferencia matutina el expresidente echó a andar una campaña contra el Poder Judicial, creándole una imagen histórica de corrupción, como si fuera este el único Poder de la Unión que tuviera tal antecedente.

Con dicha campaña, el expresidente buscaba diariamente lograr enfrentar a este poder contra las políticas seguidas por el Gobierno de la autollamada “cuarta transformación”, dicha premisa siempre fue una invención del titular del Ejecutivo.

Al percatarse de que nada de lo que hacía o decía lograba inquietar al poder judicial y a su titular, finalmente el 5 de febrero, el expresidente, como un acto de culminación de esta campaña de desprestigio, presentó una iniciativa de reforma constitucional que proponía cambiar nuestra actual carta magna, específicamente en lo relativo a este Poder Judicial y con eso tener un argumento para transformarlo hasta su total sometimiento.

Todo lo anterior, fundado en el supuesto triunfo mayoritario de su régimen en las urnas. Continuará…