A las ancestrales condiciones de discriminación, violencia y sometimiento que enfrentan las mujeres mexicanas, hoy se suma una política del Gobierno federal que atenta contra los avances, aún precarios, que se habían conseguido en los últimos años y que obstaculiza el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres a la cual se aspira. Un propósito elemental de derechos humanos y de justicia.

Las mujeres representan 51.2% de la población y son el grupo social más grande en situación de discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida social.

Solo 48% de las mujeres mexicanas tiene empleo, el segundo porcentaje más bajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Turquía y cuando el promedio global es 62 por ciento.

Ganan 34% menos que los hombres, mientras que en el resto de América Latina la diferencia es 21%. Situaciones muy similares de desigualdad se pueden apreciar en todos los rubros que tienen que ver con la vigencia de sus derechos como personas.

Uno de los problemas más graves es la violencia contra las mujeres en todas las modalidades. Desde el asesinato, violación y agresiones físicas, hasta la violencia sicológica, económica, institucional y política.

Según cifras de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, tan solo en los primeros cinco meses de 2021, el número de feminicidios se incrementó 7.1% respecto del mismo período de 2020. Abril de 2020 fue el más violento con 339 mujeres asesinadas, 11 en promedio por día; otra pandemia dentro de la pandemia de coronavirus.

A esto debe agregarse una cifra del 98% de delitos de violencia contra las mujeres que no se denuncian y una impunidad escandalosa que alcanza 90% de los casos de feminicidio que no resuelve la justicia.

Frente a esta situación, no debe extrañar la reacción de indignación, reclamo y protesta de las mujeres; su creciente organización y movilización para exigir justicia y, sobre todo, para que se establezca una política pública y una agenda prioritaria de equidad de género que permitan avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres.

Estoy seguro que el proceso social más relevante en estos momentos, que habrá de provocar una transformación radical de nuestro modo de vida, en México y en el mundo, es el movimiento de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y por la igualdad.

Es tal su potencial de cambio, que el movimiento feminista ha sido capaz de develar la verdadera naturaleza, conservadora y retrógrada del régimen político que se pretende instaurar como dominante en el país.

El Gobierno federal desestima la creciente violencia contra las mujeres, desmantela programas como las estancias infantiles en apoyo a las mujeres trabajadoras, reduce el presupuesto a los centros de refugio y apoyo a las víctimas de violencia y, en el colmo del engaño, el Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del presupuesto de egresos 2022, se infla con los programas sociales del Presidente que representan 92% y solo 8% se destina a programas con perspectiva de género; acciones que buscan erradicar las situaciones de discriminación, violencia y sometimiento que padecen las mujeres.

Y para que sea clara la postura del Gobierno federal, las feministas ha sido calificadas como “conservadoras, “adversarias” de la cuarta transformación; un invento, así como las causas ambientales y los derechos humanos, del “neoliberalismo”. Quien piensa de este modo, no puede ser más que un auténtico representante del conservadurismo y del retroceso.

No cabe duda de que uno de nuestros mayores desafíos es avanzar hacia la igualdad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un quehacer de ruptura de viejos estereotipos, de renovación de valores, de reconstitución de prácticas y relaciones sociales.

Por fortuna, es mucho lo que se puede hacer desde los gobiernos locales, desde el frente ciudadano, la vida comunitaria y la responsabilidad personal. Esa sí es una transformación que vale la pena.