Mañana, las candidatas a la Presidencia debatirán por primera y única vez sobre seguridad pública. Es quizá el debate más importante, urgente y necesario. Quien gane el 2 de junio tendrá el reto de que en México no sigan ocurriendo 30 mil asesinatos cada año.

Esa persona gobernará un país donde más de 160 mil personas trabajan directamente para el crimen organizado, y de cada 100 personas que sufren un crimen, solo cuatro reciben justicia.

En México, muchos pueblos y ciudades sobreviven con una economía en la que los negocios formales se interrelacionan con el trasiego de la droga, y muchos de quienes gastan están lavando ganancias ilícitas.

Cada año, en la economía formal de México se lavan millones de dólares, que se utilizan también para crear empleos, mantener el consumo, hacer crecer y desarrollar regiones enteras. ¿Cómo se combate entonces un negocio que es, al mismo tiempo, un lastre y un incentivo económico? No he visto en las propuestas de las candidatas respuesta a esta pregunta.

En los seis años, el Gobierno obradorista ha dicho que comprende las causas sociales de la violencia, entiende que muchos jóvenes trabajan para el crimen porque lo consideran su única opción real.

Los programas sociales que ha impulsado el Presidente –y que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pretenden continuar– solo han logrado una disminución marginal de la violencia. Tampoco han frenado el negocio.

El Gobierno dice que en México no se produce fentanilo, que solo es un país de paso. Pero estadísticas oficiales muestran que, desde que el obradorismo llegó al poder, las incautaciones de fentanilo han aumentado casi 900% en la frontera entre México y EU, donde más de 150 personas mueren a diario por sobredosis.

Para cambiar esta realidad devastadora, Andrés Manuel López Obrador prometió regresar al Ejército a los cuarteles. No lo hizo. En cambio, el obradorismo ha reforzado la presencia militar en todo el país y ha construido más de 280 cuarteles. Los militares se han ocupado de tareas civiles que no les corresponden y para las que no tienen infraestructura ni personal.

Ahora, Sheinbaum ha declarado que continuará esta estrategia militarizada. Además de mantener los programas sociales, Sheinbaum pretende continuar con la propuesta obradorista para hacer una reforma judicial, que muchos analistas ven como perjudicial para la independencia de ese poder.

Las principales propuestas de Sheinbaum son: aumentar la inteligencia, mejorar la coordinación entre la policía y los fiscales, fortalecer la Guardia Nacional y continuar con las becas a jóvenes. No parecen propuestas sólidas ni innovadoras, sino más de lo mismo que no ha traído grandes cambios en la reducción de la criminalidad.

Gálvez tampoco ofrece un enfoque original. Durante años, ha criticado la militarización. Ahora, ha dicho que está de acuerdo con mantener a los militares en seguridad, pero no en otras tareas. Sus planes incluyen construir una prisión de máxima seguridad, duplicar el número de fiscales y aumentar el uso de tecnología para inteligencia.

También, ha dicho que “vale la pena tomar en cuenta” algunas estrategias de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, a pesar de que en esos años México tuvo cifras récords de delitos.

El tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, ha hablado más directamente sobre la necesidad de que los militares no participen en la Administración pública, y acerca de por qué debe regularse el consumo de la mariguana, un tema que las dos candidatas mujeres han evitado. La propuesta más concreta de Máynez parece ser que se defienda la autonomía del Poder Judicial y se reformen las fiscalías, pero no cómo disminuir la violencia en el país.

En los últimos meses, han repuntado los índices de homicidios, y en todo el sexenio, las mejorías en indicadores de seguridad han sido modestas. Este domingo, cuando las dos candidatas y Máynez debatan sobre seguridad, vale la pena preguntarse quién de ellos tiene algo original, una propuesta verdadera, para detener el país de luto en el que nos hemos convertido. Ese es el debate que urge.