«Bajo la lógica ciudadana, si Alonso Ancira -el Rey del Acero- prometió a las autoridades federales resarcir el daño económico causado al erario para librarse de su encarcelamiento “preventivo”, antes tuvo que reconocer su participación en el delito. De la mano con esa misma lógica, y según los especialistas, la duda que el Gobierno debe aclarar es: ¿Será ese el trato que, de ahora en adelante, se dará a todo delincuente en México o debe tomarse como un “hecho aislado”?», escribe el periodista Javier Mariscal en «Espacio 4» (665).

»Ancira fue extraditado de España el 3 de febrero anterior, encausado por el supuesto lavado de 3.5 millones de dólares con los cuales habría sobornado a Emilio Lozoya, director de Pemex en el Gobierno de Peña Nieto, para autorizar la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados a un sobreprecio de 240 millones de dólares.

»Cuando se le vinculó a proceso, Ancira ya tenía avanzada una negociación con la Fiscalía General de la República para garantizar la reparación del daño a Pemex y obtener su libertad. Con una imagen, por demás clasista, que marca la historia judicial de México, Alonso Ancira salió el lunes 19 de abril del Reclusorio Norte, a bordo de una camioneta negra de lujo, trajeado y exhibiendo un puro, actitud que para José Antonio Caballero, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “deja una sensación de cinismo que deconstruye la justicia y rompe la promesa del actual Gobierno de democratizarla”, publicó en el sitio web de ese organismo.

»De acuerdo con el Gobierno federal, el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) pactó con el juez José Artemio Zúñiga pagar 216 millones 664 mil dólares, divididos en tres partes iguales, entre este año y 2023. Mientras tanto, depositó en garantía 50 bienes inmuebles. Debido a que las audiencias públicas están suspendidas por cuestiones sanitarias, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que dos familiares y accionistas de AHMSA firmaron como avales solidarios.

»El arreglo lo suscribieron Alonso Ancira, en calidad de imputado; Rodrigo Loustaunau Martínez, gerente jurídico de Pemex; José Eduardo Ancira Elizondo, presidente de Grupo Acerero del Norte (GAN), y su hermana María Erlinda Ancira Elizondo, accionista; también Juan Zúñiga Cacheux y Francisco Castillo Pérez, delegados fiduciarios del GAN con Banca Afirme. La defensa de Ancira solicitó de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas del empresario. La petición fue rechazada por tratarse de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal, el cual continuará, pues el monto es insuficiente para cubrir el acuerdo reparatorio.

»En su conferencia del 20 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el arreglo porque, según su criterio, en este caso prima la devolución del dinero. “Celebro que se llegara a este acuerdo, que es un hecho posiblemente inédito (…) Es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. (…) Además, aclaro que me informaron que no se ha cancelado el proceso judicial, la suspensión está condicionada; solo si termina de pagar, el juez podrá declarar extinta la acción penal en su contra, entonces el proceso concluirá definitivamente”, apuntó.

»La señal que envía no es positiva, declaró al respecto la periodista Anabel Hernández a Aristegui Noticias (20.04.21). “En primer lugar, evidencia falta de autonomía de la Fiscalía General de la República, toda vez que la resolución a la que se llegó es la misma que ya había adelantado el presidente López Obrador desde el momento mismo en que se extraditó al empresario”. (…) Adriana Greaves, cofundadora de la plataforma de abogados Tojil -“Lo justo”, en maya-, señala que “este ya no es un caso aislado, sino una conducta recurrente de una fiscalía que interpreta la ley según el enjuiciado”». (La nota completa puede leerse en espacio4mx)