Cada día que pasa se hace más sombrío el futuro de México, con un Gobierno cuyo proyecto es el pasado.

Su vocación autoritaria y antiintelectual se refleja en las decisiones en contra del desarrollo científico, la educación de excelencia, los organismos autónomos que no responden a su proyecto político y el embate contra los derechos humanos, el feminismo y las causas del medio ambiente y el cambio climático, entre otros frentes. Y lo peor, es el ejercicio del poder público desde la ignorancia y la ineptitud.

El anuncio que hizo recientemente el Gobierno federal de que, mediante una reforma administrativa, desaparecerá el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta), expone cabalmente sus intenciones: además de desmantelar estos organismos, cuya misión es aportar información y estudios con un fundamento científico para el sustento de las políticas gubernamentales, se embiste a los servidores públicos de una sólida formación técnica, a los ambientalistas y a quienes urgen el cumplimiento de los compromisos para enfrentar la emergencia climática.

Se trata, según el discurso oficial, de cosas del “neoliberalismo”. Y otro resultado que se quiere lograr es preparar el terreno para desaparecer al Instituto Nacional Electoral; única institución que puede garantizar certidumbre en nuestro sistema político electoral y el mejoramiento de la vida democrática.

La verdad es que estas medidas del Gobierno federal son de un gran calado, no solo por sus negativas consecuencias en el entorno natural, la seguridad hídrica y la cada vez más compleja gestión del agua en el país, sino por las repercusiones que tendrán en legitimar la desaparición del INE, árbitro institucional y confiable de los procesos electorales, para que sus funciones las realice el propio Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación.

Sí, como era antes de 1990 en toda una época de partido casi único.

Por su parte, el sector ambiental sufre una pérdida muy lamentable con la desaparición del Inecc y del Imta.

En ambos casos se trata de organismos que eran indispensables, hoy más que nunca, para sustentar políticas públicas dirigidas a reducir las emisiones contaminantes que causan el calentamiento del planeta, a cuidar y preservar nuestros recursos naturales, a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y a gestionar de un modo integral y sustentable nuestros recursos hídricos. Finalmente, somos los mexicanos los que perdemos.

Y los grupos sociales en condiciones de pobreza y de pobreza extrema –cuyo número se incrementa cada vez más– serán los más afectados. Aquí también cabe preguntar: ¿primero los pobres?

En este desolador panorama, donde el propio Gobierno federal es quien impulsa el retroceso, los gobiernos de los estados y de los municipios deben asumir la gran responsabilidad de detener y contrarrestar ese efecto destructivo.

Tenemos que definir agendas y compromisos que nos permitan desde lo local, trabajar a favor de la protección del medio ambiente y la biodiversidad, mitigar el cambio climático, adaptarnos a sus manifestaciones ya evidentes y establecer una política pública para garantizar el manejo sustentable del agua.

Todo esto urge antes de que el colapso sea inevitable por el acoso de la barbarie.