El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, anunció que abrió un procedimiento para analizar las desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas en México; con lo anterior busca llevar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y lograr su ayuda a nuestro país. Según los datos de la ONU, En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza a 124 mil 263 personas que se encuentran como desaparecidas y no localizadas hasta 2025.

El procedimiento iniciado por el CED se contempla en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Debo aclarar que, al momento de este anuncio, los funcionarios del organismo, conocedores de la intolerancia del Gobierno mexicano hacia cualquier crítica a su ineficiencia, tuvieron la precaución de aclarar que esta investigación de ninguna manera prejuzga al Estado mexicano, pese a los resultados de la misma, y que sólo quieren dar apoyo a todas las organizaciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Como era de esperarse, ante tal exhibida internacional, de manera inmediata la reacción del Gobierno de Claudia Sheinbaum, fue por demás absurda e inmadura; lo anterior, dado que la misma Presidenta, en lugar de asumir con seriedad el diagnóstico de la ONU, se dedicó a replicar la lógica del sexenio anterior, negando lo señalamientos de la organización Internacional, para dedicarse a culpar a enemigos extremos imaginarios, a quienes ahora situó en las instituciones internacionales.

Así pues, los de Morena, al sentirse evidenciados ante el mundo, en sesión formal del Senado de la República, a grito abierto, rechazaron las aseveraciones del presidente del CED de la ONU, Olivier de Frouville, negando que el Gobierno mexicano hubiera realizado la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada; el senador Gerardo Fernández Noroña llegó al extremo de asegurar que eran grupos que buscaban descarrilar al nuevo Gobierno, mientras que la secretaria de Gobernación y la propia CNDH descalificaban todo.

Para la ONU, la desaparición forzada se entiende como un arresto, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad no reconocida o no registrada, por parte del Estado; es decir, por parte de personas servidoras públicas (policías, Ejército, militares y marinos u otras autoridades), así como por parte de grupos que actúan sin autorización, pero con aprobación del Estado (Gobierno), según la convención de la ONU.

Así pues, y para que no quede duda, los integrantes del organismo internacional dijeron que: “La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes”, descripción que coincide con la dada por la Secretaría de Gobernación mexicana, recogida por la propia ONU.

Con todo lo anterior se hace evidente que sólo hay un campo de batalla, en el que el Gobierno de la 4T no está dispuesto a ceder, y que lo es, en la defensa de su narrativa y sus precariedades; todo ello, mientras en el horror y en la falta de misericordia por parte del Estado, viven diariamente, miles de familias mexicanas.