Monterrey
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Agencia Reforma
Publicado el martes, 30 de julio del 2024 a las 21:19
Monterrey.- El Grupo de las Seis denunció al Gobernador Samuel García ante siete instancias distintas para que indaguen los pagos millonarios que ha recibido el despacho jurídico del Mandatario, en el que es socio junto con su padre y hermano.
Liliana Flores, integrante del colectivo, detalló que el grupo interpuso recursos ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), Congreso Local, Contraloría estatal, Unidad de Inteligencia Financiera Estatal y en la Federal, en la Fiscalía Anticorrupción y en la Secretaría de la Función Pública.
“ Ya pasó el tiempo de que salen investigaciones (periodisticas) la gente se indigna, pero no tienen consecuencias”, señaló la activista en un video”.
“ Estamos ejerciendo el contrapeso ciudadano que siempre debe de haber“.
El martes 16 de julio, el portal Latinus publicó que el DIF estatal pagó 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, proveedora de desayunos escolares y despensas, y que una compañía “hermana” pagó 4.6 millones de pesos al despacho del Mandatario.
Al día siguiente, EL NORTE publicó que uno de los contratistas de las principales obras carreteras del Estado es también cliente de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF) -en la que son socios el Gobernador y su padre-, a la que le ha pagado 40 millones de pesos.
En esta operación participan al menos dos compañías encabezadas por el empresario coahuilense Leobardo Arturo Flores y su familia: Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA) y Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, ambas registradas en el padrón de proveedores estatal con el mismo domicilio en Torreón, Coahuila.
Éste sería uno más de varios casos en los que empresas proveedoras de la Administración del emecista se convierten en clientes del despacho del Gobernador.
En marzo del año pasado, EL NORTE publicó que la empresa Suministro MYR recibió al menos 964 millones de pesos como proveedor de alimentos en penales y que luego trianguló a través de una empresa filial 202 millones de pesos a la firma jurídica del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
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