Ciudad de México.- El abogado y activista Miguel Alfonso Meza ha puesto en el ojo del huracán a tres de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Meza acusa a Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf de realizar actos anticipados de campaña y de utilizar recursos públicos para promover sus candidaturas a la presidencia de la Corte.

Según la denuncia, las ministras, desde que manifestaron su interés en participar en el proceso electoral para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación, han llevado a cabo una intensa campaña proselitista que incluye publicaciones en redes sociales, entrevistas en medios de comunicación, participación en eventos y foros, todo ello antes de que inicie formalmente el periodo de campaña.

“ Las tres ministras de manera sistemática han violado la ley electoral”, afirmó Meza en entrevista. “Han realizado cientos de publicaciones en redes sociales donde promueven su perfil, sus propuestas de campaña y utilizan incluso los colores de Morena para promover su imagen”.

El abogado denunciante destacó que dos de las ministras, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, han hecho llamados explícitos a votar por ellas. Además, han realizado giras por diversos estados del país, participando en eventos masivos y promoviendo sus candidaturas.

Ante esta situación, Meza solicitó al INE que ordene medidas cautelares para que las ministras cesen sus actividades proselitistas hasta que inicie formalmente el periodo de campaña. Asimismo, pidió que se investigue el origen de los recursos utilizados para estas campañas, ya que considera que podrían estar utilizando recursos públicos inherentes a su cargo.

“ Estamos pidiendo que respeten la equidad en la contienda, y que compitan en igualdad de condiciones que todas las demás personas que aspiran al cargo”, enfatizó Meza.

La denuncia presentada por el abogado ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad y la ética en el Poder Judicial. Los críticos argumentan que las acciones de las ministras socavan la confianza en la institución y representan un claro abuso de poder.

Por su parte, las ministras involucradas aún no se han pronunciado al respecto. Se espera que el INE inicie una investigación a fondo para determinar si las acusaciones son ciertas y, en caso de ser así, aplicar las sanciones correspondientes.