Ciudad de México.- El Tramo 5 del Tren Maya no sólo costará al erario casi el doble de lo previsto originalmente, ahora el Gobierno también enfrenta demandas de las constructoras a las que les quitó los contratos originales para dárselos a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Integrado por las empresas Grupo México y Acciona Infraestructuras, el consorcio que tenía a su cargo las obras en el trazo original ya presentó dos demandas contra el Gobierno federal por la terminación anticipada del contrato el pasado 8 de julio.

El consorcio entregó los trabajos que había ejecutado hasta el 15 de julio y ese mismo día Fonatur firmó un convenio para transferir a la Sedena 30 mil 455 millones de pesos, 71 por ciento más de lo que se iba a pagar a las constructoras privadas canceladas a cargo de la parte sur del Tramo 5 entre Playa del Carmen y Tulum.

La Sedena asumió el control de la obra e incluso contrató a nuevas constructoras privadas para el nuevo trazo que corre entre 5 y 8 kilómetros selva adentro.

Las empresas demandantes se integraron como consorcio bajo el nombre Desarrollo del Sureste Playa del Carmen-Tulum (DSPCT) y ganaron en febrero de 2021 el contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el tramo de 67 kilómetros que en aquel entonces correría por la carretera federal 307.

A inicios de 2022, el Gobierno aceptó mover el trazo ante la presión de hoteleros.

La primera demanda del consorcio cancelado fue presentada el 5 de septiembre pasado y en ella se impugna la terminación anticipada, que Fonatur fundamentó en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas.

“  Las dependencias podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado”, dice la ley. 

El 26 de octubre se notificó una nueva demanda del consorcio, ahora para cuestionar el finiquito con el que Fonatur pretende dar por terminada la relación contractual entre las partes.

Fonatur ofreció pagar 37.9 millones de pesos como saldo a favor de las constructoras canceladas.

Tras la salida de DSPCT, el Gobierno asignó obras del Tramo 5 Sur a las constructoras ICA, Mota Engil y Azvindi, responsables de otros tramos del tren.

Hasta ahora y con los cambios ordenados, las partes Norte y Sur del Tramo 5 pasaron de costar 31 mil millones de pesos a 59 mil 603 millones de pesos, más lo que se sume en caso de que las empresas canceladas logren una nueva indemnización.