En 2009, la comunidad nahua de Santa María Ostula, se apoyó en el Artículo 2 de la Constitución para establecer un Gobierno autónomo en la costa michoacana del Pacífico.

La mayor parte de esas tierras, de más de 200 mil hectáreas, ha sido ocupada por el pueblo nahua desde un tiempo inmemorial y algunas fueron recuperadas en pleno siglo 21 a los cárteles de La Familia y los Caballeros Templarios.

Quien recorra el litoral de más de 100 kilómetros comprobará que las playas se encuentran en perfecto estado, al igual que la rica biodiversidad de la región.

Esta tarea de conservación merece un decidido respaldo del gobierno y la sociedad civil; preservar la naturaleza es, necesariamente, un acto de interés público, pero en México proteger los recursos naturales es una labor de alto riesgo.

De acuerdo con Global Witness, 54 ecologistas fueron asesinados en 2021, y 31 en 2022. El estado más inseguro en ese rubro es Michoacán: de 1974 a la fecha, 70 ambientalistas han perdido la vida por defender el bien común. El caso de Santa María Ostula se inscribe en este dramático contexto.

La recuperación y el cuidado de las tierras ha dejado una estela de 40 comuneros asesinados y seis desaparecidos, y el 3 de julio, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a los pobladores con drones y ráfagas de balas durante más de 10 horas.

Las razones del asedio son obvias: desarrolladores inmobiliarios aspiran a establecer negocios en las playas vírgenes; compañías mineras buscan extender ahí sus procesos extractivos, aprovechando los yacimientos de oro, plata y hierro; quienes especulan con la naturaleza han puesto la mira en las reservas de agua y la fauna local, rica en tortugas, y el crimen organizado pretende apropiarse de una salida al Pacífico entre dos puertos estratégicos: Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Numerosas comunidades indígenas han sido despojadas de sus parcelas con el pretexto de que sus “tierras ociosas” no se dedican a la agricultura o la ganadería. Este criterio economicista ignora un principio ecológico elemental.

Ante el imparable ecocidio, las tierras fértiles que no se someten a una continua explotación no representan una zona de abandono: se trata de tierras conservadas.

No hay pretexto económico ni legal para despojar a los comuneros de Santa María Ostula, que han acudido a todas las instancias para proteger su territorio. Según informa Carlos González, abogado de la comunidad, “hace dos años, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio”.

El tema sigue en disputa en las oficinas donde la ley se convierte en burocracia. En agosto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo, deberá resolver en Morelia el juicio de amparo directo que la comunidad interpuso para impugnar la resolución que beneficia a pequeños propietarios que pretenden quedarse con una parte de las tierras comunales.

“Este proceso estuvo plagado de fuertes irregularidades”, comenta González, y agrega, “En el andamiaje judicial de nuestro país, estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa María Ostula puede recurrir”.

En 1902, los parques abarcaban 2% de la Ciudad de México. Gracias al programa impulsado por Miguel Ángel de Quevedo, en una década llegaron a ocupar el 16% del territorio de la capital.

Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas, el propio Quevedo, que para entonces ya había ganado el apodo de “Apóstol del Árbol”, creó la red de energía y protección de la naturaleza más importante del siglo 20, asociando la construcción de presas a las reservas forestales. Con toda justicia es considerado un héroe.

La conciencia ecológica se propaga con fuerza en todo el mundo. De la joven activista Greta Thunberg a Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, aumentan las voces que claman para suspender la inmoderada explotación de la naturaleza. Pero en el México contemporáneo quienes siguen el ejemplo de Miguel Ángel de Quevedo reciben una amenaza de muerte.

La comunidad de Santa María Ostula ha preservado más de 100 kilómetros de litoral y más de 200 mil hectáreas de flora y fauna. Se trata de una contribución invaluable y digna de orgullo. Si no se defiende esa conquista, y la integridad de sus pobladores, este país carece de futuro.