No está fácil que AMLO se salga con la suya con la reforma al Poder Judicial que implica, en el asunto más incendiario, modificar la manera de seleccionar a jueces y magistrados para que se haga mediante el voto popular. Pero insisto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un genio para vender a la opinión pública lo que sea que a él le otorgue más poder si lo viste como un acto de justicia en el que “el pueblo” está colocado en el centro de sus preocupaciones.

La reforma judicial no está pensada para acabar con la corrupción que existe de manera prevalente y en detrimento del estado de derecho. Tampoco está hecha para lograr ahorros para la Hacienda pública. Pero el Presidente dice que eso es exactamente lo que quiere. Y que quienes quieren obstaculizar su reforma lo hacen para proteger corruptos y/o privilegios personales. De hecho, la reforma judicial no es una reforma, es un golpe de un Presidente enojado con la división de poderes y lo que esto ha implicado en las pocas limitaciones a su enorme poder político. Limitaciones para militarizar a la Guardia Nacional de jure; o limitaciones a sacar a los inversionistas privados del sector energético. AMLO se enojó con estos frenos y por ello quiere venganza.

La reforma judicial es un ejercicio de acaparamiento de poder. Nadie que no pertenezca a Morena y esté en buena lid con el grupo en el poder se verá beneficiado con las modificaciones que pretende. Llamarle reforma es darle un mérito que no merece. Lo que ocurrirá será una exacerbación del influyentismo, algo que solamente presagia mayor corrupción. Es el paso siguiente a la creación del partido-movimiento hegemónico que representa Morena.

No es un acaparamiento sencillo de obtener. Primero porque se debe lograr que el INE avale otorgarle a Morena-PT y PVEM una sobrerrepresentación por encima de la que es constitucionalmente válida. Si en las urnas obtuvieron un 54% del voto, quedarse con un 75% de las curules va en contra sentido de la cláusula de gobernabilidad.

Esta se hizo para asegurar que las minorías no fueran desplazadas en el legislativo, no para que las mayorías las aplastaran. Pero todo indica que la oposición está sentada como el chinito, nomás milando, cómo Morena y aliados les acaparan los escaños suficientes para poder hacer modificaciones constitucionales a su antojo.

Lejos de tener como foco y propósito número uno frenar este acaparamiento del partido en el poder, andan más preocupados por sus pequeñas rencillas internas. Que si “Alito” se reelige o no; que si Marko se queda o no; que si Máynez coordina o no. Ahora lo importante debiera ser para ellos defender que en el Legislativo mantengan lo que en las urnas les dimos los ciudadanos. Pero no. Eso lo dejan en segundo plano sin darse cuenta lo irrelevantes que serán una vez consumado el reparto de escaños que pretende el oficialismo.

Una vez que el INE falle tal y como quiere Morena y aliados, el Tribunal deberá ratificar la decisión. Esa es la segunda aduana. Ahí no debiera ser fácil para Morena salirse con la suya, pero lo logrará porque ya antes de las elecciones se aseguró el oficialismo de tener una mayoría de magistrados en su bolsa.

Así, en estos días la conformación del Legislativo quedará como quiere el Presidente y con ello comenzará la ventana de septiembre en la que se aprobará el engendro de reforma al Poder Judicial. AMLO y sus cercanos lograrán hacerse de todo el poder. A la vista de todos. Ante la impotencia de los ciudadanos que estamos a merced de una clase política lamentable.

Aunque a la venganza la quiera disfrazar de justicia el Presidente, venganza seguirá siendo. Nada más y nada menos. Eso es la “reforma” judicial.