Andrés Manuel López Obrador ha demostrado a lo largo de los años que las instituciones autónomas y él no son muy compatibles.

Ya en muchas ocasiones sus actos han mostrado que no le gusta que le pongan límites y ha vuelto a cruzar la línea de lo legal al filtrar el número telefónico de la corresponsal del The New York Times, Natalie Kitroeff.

Este desplante, que ha generado una justificada controversia, pone de manifiesto la alarmante falta de respeto hacia la privacidad y la transparencia, así como el desprecio por las instituciones diseñadas para proteger estos principios fundamentales.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de particulares, también conocida como Ley de Transparencia, es una herramienta crucial para salvaguardar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los ciudadanos.

Sin embargo, el inquilino de Palacio Nacional asume estar por encima de esta ley y justifica su acción con una arrogancia desmedida, argumentando que su “autoridad moral” y política está por encima de cualquier normativa legal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que preside Adrián Alcalá, ha iniciado una investigación de oficio, reconociendo la gravedad de la situación.

La divulgación de información personal durante una conferencia presidencial no sólo es una falta de respeto a la privacidad de la periodista afectada, sino también un claro desprecio por las leyes que buscan proteger a los ciudadanos de posibles abusos.

La postura de López Obrador, al afirmar que volvería a cometer el mismo acto, demuestra una falta de entendimiento sobre la importancia de la privacidad y la protección de datos en una sociedad democrática.

Además, su menosprecio hacia los principios de confidencialidad y respeto a la ley demuestra una vez más su predisposición a actuar según sus propias reglas, incluso cuando esto implica vulnerar derechos fundamentales.

Este episodio no es un hecho aislado: se suma a una serie de acciones que evidencian la tensa relación del Gobierno de López Obrador con la libertad de prensa.

En un país donde los periodistas enfrentan constantes desafíos y se han registrado numerosos asesinatos, el menosprecio del Presidente hacia la protección de datos personales agrava la situación y crea un ambiente propicio para la impunidad.

EL GOBIERNO DE la 4T es proclive a la nacionalización de todo. Ahora tocó el turno a Exportadora de Sal (ESSA), de la que adquirió 49% de participación de Mitsubishi por mil 500 millones de pesos. La decisión sigue a irregularidades detectadas recientemente por la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, justificó la medida destacando la importancia estratégica de ESSA en la industria salinera nacional e internacional. La empresa, con una capacidad de más de 8 millones de toneladas, abastece mercados de exportación clave y respalda la nueva política industrial de México. La nacionalización crea muchas dudas sobre la gestión futura y el abordaje de irregularidades anteriores, enfocándose en la eficiencia y transparencia de esta empresa.

WALMART DE MÉXICO, que comanda Guilherme Loureiro, está volteando al sureste y ha anunciado un ambicioso plan de inversión de mil 175 millones de pesos para el estado de Quintana Roo en el periodo 2024–2025. Este proyecto incluye la apertura de 28 unidades de distintos formatos, como Bodega Aurrerá, Sam’s Club, Walmart Express y Walmart Supercenter, con la promesa de generar más de 930 empleos directos permanentes. Estos se sumarán a las 49 tiendas y clubes que ya opera la cadena en el estado que gobierna Mara Lezama, con una inversión histórica que supera los 5 mil 800 millones de pesos y la generación de más de 4 mil empleos directos permanentes.

LA PLATAFORMA FINTECH Simetrik, de Alejandro Casas, cerró una ronda de financiación por 55 millones de dólares liderada por Goldman Sachs y respaldada por inversores como FinTech Collective. Este financiamiento se da para fortalecer la posición de Simetrik en la transformación financiera, impulsando su expansión global y mejorando sus soluciones de automatización financiera basadas en inteligencia artificial. Con clientes destacados como PayU y MercadoLibre, la empresa planea utilizar los fondos para ampliar su alcance internacional, centrándose en mercados clave de pagos y consumo.

LA INDUSTRIA DE VIAJES proyecta un potencial crecimiento en 2024. Collinson, que dirige Mauricio Molina, presentó las tendencias clave para el sector turismo entre las que se destacan la transformación del aeropuerto del futuro, con tecnologías innovadoras, impulso del turismo deportivo con eventos como los Juegos Olímpicos, la diversificación de experiencias en aeropuertos a través de Priority Pass, la optimización de presupuestos en medio de la crisis económica, la vuelta a lo básico con retiros de bienestar, y la combinación de ocio y trabajo en la era del trabajo híbrido. De acuerdo con estos especialistas, la industria se orientará hacia la adaptabilidad y la tecnología como impulsores clave.