Mientras Allende era tomado a sangre y fuego y en el penal de Piedras Negras se cometían lo peores actos de sevicia, ¿las autoridades del Estado dónde estaban, qué hacían, a quién servían? Humberto Moreira (HM) se ocupaba de la campaña de Enrique Peña Nieto para la Presidencia; Jorge Torres López, de quien HM renegaría después, cuidaba las espaldas del clan; y Rubén Moreira se lavaba las manos.

“Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un ‘megaoperativo’ para recabar evidencias y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos”, escribe Ginger Thompson en Anatomía de una masacre.

Lo ocurrido en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba, torturaba y asesinaba a personas reclutadas por la fuerza, palidece frente a la barbarie de los Zetas en Allende, Piedras Negras y otras regiones del estado como La Laguna. La opinión pública no se escandalizó ni reaccionó de igual manera. Coahuila no recibió atención del Gobierno federal —ni que decir tiene del estatal— ni la cobertura mediática de un suceso de su trascendencia. Sacado a la luz por la prensa internacional, el caso de Allende provocó estupor y oleadas de condena en Estados Unidos y Europa… menos en México.

En Teuchitlán falta aún mucho por dilucidar para armar el rompecabezas. ¿Cuántos muertos hubo y dónde están sus restos? Por ahora el inventario consta de huesos y objetos: 154 pares de zapatos, 305 pantalones, 170 mochilas… al lado de fosas y hornos crematorios. En Allende y Piedras, la mayoría de las piezas está en su lugar. La cifra de 300 muertos o más adquirió carta de naturalidad. Exmiembros de los Zetas atestiguaron en Cortes de Texas que altos funcionarios de la época colaboraron con el cártel a cambio de dinero. En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia cuyo título equivale por sí mismo una condena: “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad”.

El cerco para mantener a Allende y otros casos relevantes fuera de los reflectores puede atribuirse en gran parte a los acuerdos políticos y a las complicidades en las altas esferas. El PRI y el PAN tejieron una alianza para alternarse el poder y proteger sus intereses a través del Congreso y sus gobiernos. Frente a la debilidad de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los gobernadores impusieron condiciones. No es casual que en las horas más aciagas de Coahuila, en términos de terror y violencia, Rubén Moreira controlara la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El pacto entre las principales fuerzas políticas y económicas se rompió por el colapso de un sistema caduco, basado en las complicidades. El enfado social y la indignación de las víctimas y sus familias actuaron como catalizador. El fin del Gobierno de Peña Nieto lo marcó el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Teuchitlán ofrece a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de mirar también a Coahuila, donde las heridas por las masacres siguen abiertas. El clamor de justicia no ha dejado de escucharse. Ya es hora de escucharlo.