Desde 1938, cuando en México se llevó a cabo la expropiación petrolera a iniciativa del general Lázaro Cárdenas, el control y manejo de todo lo relacionado con la producción, comercialización y distribución o transmisión de la energía eléctrica pasó a ser controlada al 100% por el Estado mexicano. Se fundó PEMEX como la única operadora de hidrocarburos en el país y se mantuvo a la inversión extranjera excluida por completo de cualquier proceso involucrado en este sector.

Este modelo, exitoso en un principio, entró en crisis a partir de los años 80, pero resistió la ola de privatizaciones que se dieron, principalmente con el Presidente Salinas de Gortari y se mantuvo prácticamente intacto hasta el arranque de este siglo.

Vicente Fox fue el primero que buscó reformar la industria energética, encaminado en el mismo esquema que sus antecesores, buscando privatizar algunos procesos y actividades relacionados con este sector pero es hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se aprobó la que hasta la fecha ha sido la reforma energética más significativa de la nación.

En agosto de 2014 se aprobaron, después de una extensa discusión al interior del Congreso y el Senado, las leyes secundarias que autorizaron la famosa reforma energética. A grandes rasgos, permite la participación de empresas privadas y extranjeras en la generación y comercialización de la energía en nuestro país, mientras que la distribución o transmisión permanece bajo control del estado.

Esta reforma fue desde su concepción, duramente criticada por  Andrés Manuel López Obrador, quien hoy, como titular del ejecutivo, propone una nueva modificación a estas leyes.

A principios de este año el Presidente presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El dictamen fue aprobado tan solo un día después de que se envió a la Mesa Directiva de la Cámara Alta. Esta ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaron amparos en su contra por considerar que violaba el principio constitucional de la libre competencia. Al no poder reformar la Ley de la Industria Eléctrica de manera inconstitucional López Obrador presentó una iniciativa para reformar la Constitución.

Los principales puntos de esta  reforma a la Constitución o contra reforma, incluyen el fortalecimineto de la CFE, pasando de ser una empresa productiva del Estado a ser también un organismo que obtendrá una mayor autonomía y que, entre otras cosas, determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como para los usuarios finales. Se cancelarán los permisos previamente otorgados al sector privado.

La CFE generará al menos el 54% de la energía demandada en territorio nacional de manera permanente y el sector privado tendrá que competir entre sí por el 46% de esta generación.

Se eliminarán  los órganos reguladores coordinados en materia energética. Las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos serán absorbidas por la Secretaría de Energía y las funciones del Centro Nacional de Control de Energía se reincorporaran a la CFE.

La explotación y producción del litio y demás minerales estratégicos para la Transición  Energética no podrán ser concesionados y serán actividades exclusivas de la Nación; sin embargo, a las concesiones que ya están debidamente acreditadas con antecedentes de explotación de litio, no les sera aplicada la restricción.

Se cancelarán los Certificados de Energías Limpias.

Se establecerá la industria eléctrica como actividad exclusiva de la nación al cambiar el artículo 27 de la Constitución.

¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros?, a mi parecer creo que muchas y muy importantes.

En primer lugar, se vuelve una industria menos competitiva, al limitar de esta manera las inversiones privadas y extranjeras y darle el control del desarrollo a una paraestatal que está quebrada, obsoleta y con visiones del pasado. Estamos condenados a tener un país en donde los apagones serán cada vez más frecuentes, los costos de producción más elevados y los incentivos para atraer inversiones cada vez menores por la incertidumbre e inestabilidad del sector.

Se vuelve una industria más opaca, la CFE se vuelve juez y parte y no se tendría manera de evaluar de manera objetiva el desempeño del funcionamiento y rumbo de este organismo.

Retrocedemos en el desarrollo sustentable del planeta, al inhibir la generación de energías limpias, eliminar los certificados y retomar las prácticas de generación de antaño. Se llevará al país a tener procesos más ineficientes, más caros y mucho más contaminantes.

Por supuesto que no todo lo expuesto es malo, hay algunas cosas,  muy pocas a mi parecer que deben  analizarse a fondo. El tema del control y manejo del litio, este mineral se debe definir y potenciar como un recurso que puede impulsar a nuestro país en el futuro inmediato. Los costos tan elevados que pagamos los usuarios finales y el manejo social de los recursos, entre otros puntos, también deben discutirse ampliamente.

Esta iniciativa de reforma se encuentra actualmente en el Congreso,  las Comisiones de Puntos Constitucionales y la de Energía iniciarán la ruta de análisis de la iniciativa en parlamento abierto en estos próximos días. Espero que nuestros legisladores realmente velen por el interés de nuestro país y de su ciudadanía y no por intereses personales o de grupos.