“Los efectos de la suspensión de oficio concedida son, para que: – No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Federal…, discutido y aprobado el 26 de agosto de 2024, por la Comisión de Puntos Constitucionales”, dice el resolutivo.

“Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado provisionalmente por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”.

La juzgadora requirió a la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República para que en un plazo de 24 horas le informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión.

“En el entendido que alegar cuestiones o trámites administrativas, se considera una evasiva”, se afirmó.

Los jueces que presentaron este amparo, todos ellos aún sin adscripción, solicitaron en su demanda declarar inconstitucional el artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Este apartado permite el resguardo de los proyectos que fueron dictaminados por el Pleno de una anterior Legislatura, para que la nueva integración los vote.

También pidieron la suspensión para que el actual Congreso no discuta ni vote el proyecto de dictamen que en su momento aprobó la anterior legislatura.

Magaña resolvió desde ayer conceder la suspensión y pidió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa que se encuentre en turno enviar a un actuario para que notifique su fallo a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el Presidente Andrés López Obrador.

Tras conceder la medida cautelar, la impartidora de justicia se declaró impedida para continuar con el trámite de este amparo, porque dijo que ella “tiene interés personal en el asunto, que va encaminado a atacar la ilegalidad de la forma en que fue discutido y aprobado el proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación”.

Incluso, reconoce en su resolutivo que fue una de las servidoras públicas que votó en favor de la suspensión de labores contra “lo que considera una afrenta a la independencia judicial”.

Este impedimento será turnado a un tribunal colegiado en Morelos, para que defina si efectivamente ella debe continuar tramitando el amparo o debe ser turnado a otro juzgador.

Con la resolución de Magaña, son ya tres suspensiones las que han sido concedidas contra la reforma judicial, dos otorgadas por dicha juzgadora contra el trámite legislativo y otra emitida por el juez Felipe Consuelo Soto, que no impide la votación pero sí el envío del dictamen a las legislaturas estatales.

Desde el fin de semana, cuando se otorgó la primera suspensión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que no iban a acatar estas resoluciones judiciales, porque no sólo son inadmisibles e improcedentes, sino también grotescas e ignorantes.

“Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ello, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”, expresó.