POR: JORGE NADER KURI

Cuando el crimen se disfraza de trámite legal y se instala en una casa que no le pertenece, no estamos ante un conflicto privado. Estamos frente a una herida abierta en el estado de derecho: la del despojo inmobiliario que opera con astucia, violencia y frecuencia, dejando a miles sin hogar, sin justicia y sin respuesta inmediata del sistema judicial.

En México, el despojo de inmuebles ya no es una anomalía. Se ha vuelto un fenómeno persistente. Sólo en 2024, la Ciudad de México documentó 484 casos de despojo contra personas adultas mayores. Siete de cada 10 víctimas fueron mujeres. Las alcaldías con mayor incidencia fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Los métodos son conocidos: compraventas simuladas, escrituras falsas, suplantación de identidad y colusión con actores institucionales que validan lo inválido.

Sin embargo, sería injusto omitir que, frente a este escenario, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha comenzado a enfrentar con decisión este fenómeno. Se han fortalecido fiscalías especializadas, se han facilitado los mecanismos de denuncia y, en varios casos, se ha logrado revertir la ocupación y restituir el bien a su legítimo dueño. Por supuesto, falta mucho, pero va en la ruta correcta.

En contraste, en otras entidades del país, el fenómeno avanza con menor contención. En el Estado de México, las denuncias por ocupaciones ilegales aumentaron 7% en apenas dos meses. El caso de Carlota “N”, una mujer de 74 años que disparó contra quienes pretendían apropiarse de su casa en Chalco, evidencia el grado de desesperación al que pueden llegar las víctimas cuando no hay una respuesta oportuna y eficaz del Estado. El resultado: varias familias destruidas.

La impunidad sigue siendo el mayor incentivo. En muchas entidades se abren carpetas de investigación, pero pocas se judicializan y menos aún concluyen con restituciones. Esa brecha entre el agravio y la reparación es el campo fértil donde el crimen opera. Cuando el aparato de justicia no actúa con rapidez, el mensaje es claro: quien despoja tiene todo a su favor.

Más preocupante aún es el riesgo de institucionalizar el despojo mediante ciertas iniciativas legislativas que, bajo la bandera de proteger a los más vulnerables, buscan impedir desalojos incluso en casos de ocupación ilegal. Loable en intención, peligrosa en efecto: legalizar el despojo es convertir la propiedad privada en un espejismo. Ninguna política social puede justificar que se desconozcan derechos legítimamente adquiridos.

El despojo no es sólo un problema patrimonial, es un problema de legitimidad institucional. La propiedad es un derecho constitucional, y su defensa es condición para la paz social. No se trata de defender privilegios, sino de evitar que la arbitrariedad se vuelva norma.

Estamos aún a tiempo. El momento de actuar es ahora. Es indispensable avanzar en acciones reales que cierren las puertas al despojo. Si no se enfrenta el problema con toda la contundencia que exige, se volverá inmanejable. Porque cuando la justicia duerme, el crimen no sólo avanza: se muda, se instala y se queda. Pero cuando el Estado despierta, coordina y actúa, la ley también puede volver al hogar. Esa batalla ya comenzó, y debe ganarse.