Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca quitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, por lo que a continuación te decimos cuándo entraría en vigor este decreto.

Después de tomar posesión como el presidente 47 de Estados Unidos, Trump realizó la firma de una serie de órdenes ejecutivas y en notas previas te presentamos la lista de medidas del republicano y cuáles afectan directamente a México.

Una de dichas órdenes llamó la atención de gran manera, ya que pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que fue ratificada en 1868 y que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

¿En qué consiste quitar la ciudadanía por nacimiento?

De acuerdo con un miembro del equipo de Trump, la medida solo se aplicaría para nacimientos futuros e impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados.

De igual forma, la Administración de la Seguridad Social no podría reconocerlos como ciudadanos americanos por lo que esto dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

La eliminación de la ciudadanía por nacimiento había sido una demanda recurrente de grupos conservadores, incluso Trump había amenazado con quitarla durante su primer mandato. Hasta ahora la Casa Blanca no ha informado cómo se aplicará esta medida.

La orden ejecutiva de Trump de quitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento, sugiere que la enmienda se ha interpretado de forma errónea, por lo que entraría en vigor en 30 días sin efecto retroactivo, es decir comenzaría a aplicarse el 19 o 20 de febrero 2025.

Sin embargo se espera que este decreto enfrente algunos obstáculos, ya que para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la forma más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos impugnaron de inmediato ante los tribunales, pues consideran que esta orden estigmatizará no solo a los niños afectados, sino a “muchos otros que verán su ciudadanía cuestionada por su raza o quiénes son sus padres”.

“ Estos niños tampoco podrían obtener la identificación requerida y, a medida que crezcan, se les negaría el derecho a votar, formar parte de jurados, desempeñar determinados trabajos y ser miembros de pleno derecho de la sociedad estadounidense, aunque hayan nacido en Estados Unidos y nunca hayan vivido en otro lugar”, lamentaron en un comunicado.

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