Anteponer “criterios políticos” (por llamar así a las necedades) a los criterios técnicos, es una de las características que predomina en la autodenominada “cuarta transformación”; o mejor dicho: su estilo personal de gobernar, si acaso existe tal cosa.

No políticas públicas desarrolladas con base en la ciencia y los datos, buscando un resultado específico, sino puntadas que se fundan en el dogmatismo, la cerrazón y a veces, por qué no, el resentimiento. Ello supone consecuencias a la vista de todos como un aeropuerto, el Felipe Ángeles, sin vuelos y sin condiciones en el espacio aéreo para operar comercialmente a futuro; la rifa del avión presidencial sin avión presidencial; la nueva refinería que no produce gasolina; la consulta para enjuiciar expresidentes sin juicio a expresidentes; la “nacionalización” del Litio sin explotación de Litio, por mencionar algunos ejemplos controversiales.

Ya sucedió también en Coahuila, al iniciar este año los trabajos de recuperación de cuerpos en la mina Pasta de Conchos con toda la evidencia científica en contra. Al día de hoy, luego de desembolsar mil 709 millones de pesos a empresas de reciente creación domiciliadas en la Ciudad de México -como se publicó aquí el 6 de febrero y el 15 de mayo- y varios accidentes ocurridos en las maniobras que afortunadamente solo han involucrado maquinaria y no vidas humanas, además de despidos de trabajadores y paros de labores, el avance ha sido simbólico, por no decir nulo.

Pero no necesita Morena gobernar el estado para resolver dos problemas que dependen en este momento de su competencia (o de su incompetencia, según se vea): restringir vía Conagua -es decir, Gobierno federal guinda- la extracción de aguas subterráneas en Zaragoza por 20 millones de metros cúbicos al año que tiene concesionada la cervecera Constellation Brands, y desestimar las compras de carbón de baja calidad y contaminante que ha emprendido Comisión Federal de Electricidad para sus termoeléctricas de Nava -nuevamente, Gobierno federal guinda- de 2021 a la fecha.

Me referiré a este último punto, abordado previamente en este mismo espacio.

En mayo de 2022 CFE adquirió un millón 276 mil 500 litros de combustible líquido para “quemadores de flama abierta” destinado a su Central Termoeléctrica Carbón II, ubicada en el municipio de Nava, y a finales de julio adquirirá una partida semejante; con él pretende generar energía eléctrica. Pero no se trata de diésel, pues este “impacta directamente en el costo, aunado a la baja existencia en la región noreste del país”, lo cual “ha ocasionado llegar a niveles críticos de existencia”, justificó CFE en su procedimiento de contratación. Y aunque no lo llaman por su nombre y ocultan sus especificaciones técnicas, las características del combustible requerido son las del contaminante combustóleo.

A su vez, el pasado jueves 14 de julio CFE adjudicó 11 nuevos contratos por carbón mineral “con las características de la Región de Sabinas” a proveedores en su mayoría de la Región Carbonífera que, juntos, suponen 985 millones 339 mil 842 pesos y, sumados a los 41 agenciados inicialmente, un total de 3 mil 851 millones 145 mil 937 pesos a surtir hasta el 29 de diciembre de 2024. La última compra del sexenio.

Como se explicó la semana pasada, entre los 52 beneficiados destaca la veracruzana Construcciones Transforma, S.A. de C.V., establecida en Boca del Río fiscalmente y sin ninguna relación con el tema, quien se embolsó 57 millones 676 mil 688 pesos. La familia que figura en el acta constitutiva de la referida sociedad mercantil es propietaria de Combustibles y Servicios Esmeralda, S.A. de C.V., persona moral dedicada a la venta de petrolíferos de Pemex Refinación y con domicilio en Córdoba. Por su parte, el representante de Construcciones Transforma, Joaquín Barrañón Carreón, es socio de Diez Internacional Camiones, S.A .de C.V., de Coatzacoalcos, dedicada al transporte de carga. En resumen: reparto y combustibles tras la misma operación millonaria.

Pero ahora, entre los favorecidos esta semana, existe otro caso llamativo: Desarrollos de Carbón El Arca, S.A. de C.V., quien recibirá 172 millones 77 mil 300 pesos (el segundo contrato de mayor cuantía). Uno de sus dueños, Eduardo Aguirre Jiménez (el otro es Benjamín Aguirre Parra), figura también en Minera Jipa, S.A. de C.V., y esa razón social se adjudicó otros 86 millones 944 mil 320 pesos en la misma ronda. Sin embargo, lo interesante del asunto estriba en que Aguirre Jiménez acaba de constituir el 31 de marzo de 2021 la empresa Tricaba de Sabinas, S.A. de C.V., con domicilio en Múzquiz, la cual tiene por objeto social la explotación de bancos de carbón mineral (“lamas”, “terreros” y “patios”, como se le conoce en el argot minero), ser intermediario de concesiones, y enajenar y acarrear carbón de otros, así como transporte de combustóleo.

Coyotaje legitimado por CFE, pues.

Cortita y al pie

Por lo demás, si bien su nombre no aparece en los contratos, firmados por mandos administrativos de Coahuila, el encargado de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Noreste de la CFE Generación IV, Armando Zapién Tapia, es señalado por productores de la Región Carbonífera, entrevistados por quien esto escribe, como ejecutor de las polémicas adjudicaciones directas que, en 2021, enriquecieron con mil 508 millones de pesos por carbón de baja calidad a los hermanos Antonio y Tania Flores Guerra, de Múzquiz, y en 2022 apuntan al uso de combustóleo mezclado para generar energía eléctrica.

Y aquí viene lo interesante. En marzo de 2011, el referido Zapién Tapia concluyó una tesis para obtener el grado de maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional, con el título “Análisis térmico de los tubos del recalentador del generador de vapor de la unidad 2 de 350 MW de la C.T. Plutarco Elías Calles”.

Se preguntará usted, ¿y esto qué relevancia tiene?, o, ¿cuál es la relación con Coahuila?

Pues resulta que Zapién Tapia fue superintentente de la referida Central Termoeléctrica ubicada en Guerrero hasta el primer semestre de 2020 y, por tanto, conoce de primera mano su funcionamiento técnico. Luego de las protestas de vecinos en Petacalco, acusándole a él y a Manuel Bartlett, director general de CFE, por daños al medioambiente ocasionados en la zona y a la salud de sus habitantes, fue removido del cargo y recaló el segundo semestre de 2020 en la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Noreste, con sede en San Jerónimo, Monterrey, aterrizando entonces en una coyuntura política: la recisión unilateral del contrato trianual por carbón de CFE con Minera Carbonífera Río Escondido, subsidiaria de AHMSA.

Desde su nueva posición, adscrita a la Gerencia Regional de Producción Norte, Zapién se encargó de reemplazar el mineral de valor calorífico que requieren las centrales termoeléctricas de la entidad (monopolizado a través de concesiones mineras por los Ancira) por sobrantes.

La última y nos vamos

La Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, cabe señalar, inició su operación en noviembre de 1993. Mismas fechas, coincidentemente, que Carbón II en Nava. Y aquí cito un párrafo esclarecedor de la investigación de Zapién Tapia: “sus generadores de vapor operaron con combustóleo hasta el año 2000, periodo en donde se presentaron periódicamente fallas en los tubos de las secciones centrales del recalentador secundario, debido a la corrosión por alta temperatura. A partir del año 2001 los generadores de vapor iniciaron su operación con carbón mineral”.

“El factor común de causa de las fallas ha sido el sobrecalentamiento prolongado del metal”, explica el especialista que, irónicamente, ahora compra carbón mineral de baja calidad y combustóleo para CFE en Nava.

En resumen: la fórmula de carbón mineral como combustible base y combustóleo pesado como insumo alterno ya falló en su día. Justo lo que repetirá CFE, sin importar la ciencia y la evidencia existente, en su Central Termoeléctrica Carbón II.

O dicho de otra forma: crónica de un desastre anunciado.