Ciudad de México.- El problema de crisis forense, surgido a partir del aumento significativo en los casos de desaparición de personas en México, tiene que ver con carencias que imposibilitan la restitución de los cuerpos a sus familiares.

Factores como la inoperancia de centros de resguardo de restos humanos, falta de capacidades de identificación y tecnología, insuficiencia de personal pericial y la inexistente trazabilidad de los restos: saber en dónde quedaron los cuerpos analizados después de ser localizados, son factores que afectan la  entrega digna de los cadáveres y, en consecuencia, una mejor operatividad de los servicios médicos forenses.

La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, dio a conocer su informe “Crisis Forense en México: Desaparición de personas”, en el que muestra un panorama sobre las carencias que enfrenta el sistema de identificación de personas fallecidas, con el objetivo de mostrar una visión objetiva sobre las circunstancias que perpetúan la crisis forense en México y la tragedia humanitaria aparejada a esta carencia.

El documento señala que sigue siendo tarea pendiente el esfuerzo forense y los recursos asignados a la búsqueda y localización de personas, así como la identificación y la investigación respectiva sobre las causas de muerte.

Las morgues están saturadas de cadáveres

El hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y su presunto funcionamiento como campo de adiestramiento y exterminio, destapó una realidad: todos los días llegan cuerpos a las morgues del país, pero pasan incluso meses para que al menos uno pueda ser identificado. Lo que ha llevado a acumular más de 72 mil restos humanos en los servicios médicos forenses.

Isabel Beltrán Gil, doctora en Antropología Cultural y asesora de la organización Idheas, explicó que debe ponerse especial atención en cómo mejorar el proceso de identificación y de esa manera obtener resultados positivos cuando se hagan búsquedas y se encuentren fosas clandestinas, o se hagan exhumaciones en fosas comunes.

“ Se dificulta poder ver con claridad, cuántas personas hay desaparecidas y cuántas han sido encontradas pero no identificadas (…) una mala práctica conlleva no sólo la no identificación de la persona sino que no se pueda proporcionar justicia”, señaló Isabel Beltrán Gil, asesora de la organización Idheas. 

La académica advirtió que “nunca se le podrá ganar a la delincuencia que trabaja de forma organizada y que tiene presencia en todo el país, cuando las autoridades lo están haciendo de manera fragmentada y no hay una organización real”.

El documento de Idheas precisa que existen limitantes claras para lograr la identificación masiva de cadáveres que se exige a las autoridades. Entre esas condicionantes están los recursos insuficientes destinados a las dependencias y las oficinas de servicios periciales. Pero también la falta de mecanismos de rendición de cuentas que garanticen el correcto funcionamiento de las instituciones y su personal.

Se enfrentan a una segunda desaparición

Beltrán Gil, también coordinadora de la especialidad e Identificación Humana de la Universidad Autónoma de Guerrero y colaboradora en el informe “Crisis Forense en México: Desaparición de personas” urgió a hacer un análisis de qué es la crisis forense y qué es lo que la sostiene, de manera que se pueda hacer un plan integral, que evite que los cuerpos de personas desaparecidas se enfrenten a una segunda ausencia.

“ Tiene que ser un comité que permita escuchar todas las voces para pensar en cómo solucionar ese problema. La desaparición está más allá de que se lleven a alguien en contra de su voluntad, debemos pensar qué ha propiciado que esto ocurra para saber cómo reducir estos actos”, sentenció. 

El reporte publicado por Idheas el pasado mes de febrero, indica como prioritaria la coordinación interinstitucional para que los mecanismos, herramientas y estrategias que se implementen para la identificación de personas funcionen.

Empero, existe una marcada ausencia de alineación entre las fiscalías estatales, federales y las comisiones de búsqueda; generando una deficiente coordinación entre ellas, lo que es considerado como una crueldad por parte de los colectivos buscadores de desaparecidos.

• El artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017, señala que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados.

Organismos creados para hacer frente a la crisis forense permanecen inoperables

Iniciativas gubernamentales como el Mecanismo de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana o los propios Centros Regionales de Identificación en los estados, quedaron en el abandono y se encuentran en calidad de “elefantes blancos” que no dan resultados ni se encuentran actualmente en operación.

Así lo considera César Contreras León, colaborador en el Área de Defensa Integral en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), quien además señala que dichas estrategias estaban pensadas e impulsadas por las familias de desaparecidos, respaldadas por su exigencia de que se hiciera frente a la crisis.

A partir de 2006, señaló el abogado, inició la estrategia de seguridad militarizada y se incrementaron los índices de violencia en todos los delitos, pero también empezó el fenómeno de las desapariciones forzadas.

Precisó que las propuestas que presentó recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la desaparición e identificación de personas, no empiezan desde cero, sino que ya existen y se deben retomar.

Falta voluntad en autoridades

Como ejemplo de los organismos que no son funcionales y que fueron creados para combatir la crisis forense, señaló el Banco Nacional de Datos Forenses, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y cuya implementación debió empezar en febrero de 2019, pero han pasado seis años sin que se vea su operatividad.

“ El Poder Judicial de la Federación ordenó que se constituyera esta herramienta tecnológica, dio 40 días como ultimátum a la Fiscalía desde hace dos años y sigue sin tener todos los registros. No es que haya nuevas reformas, sino que falta voluntad política para aplicar estas iniciativas”, sentenció Contreras León. 

Mencionó también el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado el 5 de diciembre de 2019 por la insistencia de familias buscadoras y desintegrado en marzo de 2024. Sin embargo, algunos centros regionales de identificación aún funcionan, como el de Coahuila.

Los restos deben ser resguardados

Las fosas comunes son problemáticas que se arrastran desde hace por lo menos dos décadas, relata el colaborador del Centro Prodh, en esos lugares se hallan cuerpos revueltos, cuerpos incompletos o que no estaban registrados y no se sabe a quién corresponden.

Es decir, si hay un hallazgo en una fosa, se levantan esos cuerpos, son trasladados para ser procesados y analizados, pero si no hay una identificación inmediata, esos cuerpos tienen que ser guardados.

Eso provocó un desorden de información desde 2006, cuando empezó las crisis de desapariciones, “se trata de una segunda desaparición que se queda enclaustrada en la lentitud burocrática y en la falta de voluntad y capacidad de las instituciones”.

Familias de desaparecidos viven un luto sin cuerpo

La acumulación de cuerpos preocupa a los colectivos de familias buscadoras de desaparecidos, debido a que las instalaciones de los servicios médicos forenses son lugares en los que podrían estar sus seres queridos.

Debido a lo anterior, tales organizaciones han levantado la voz para lograr que se establezca claridad en el procesamiento de los restos hallados en fosas clandestinas o abandonados en campos y sitios que ellos llaman de exterminio.

Isabel Beltrán Gil, doctora en Antropología Cultural y asesora de la organización Idheas, calificó como alarmante la cifra de fallecidos sin identificar, debido a que esas personas siguen estando en las estadísticas de desaparecidos y, por lo tanto, la cantidad de restos en las morgues no se puede reducir.

“ El propósito no es sacar los cuerpos de un enterramiento para llevarlos a otro distinto, sino lograr el objetivo último que es la identificación y al mismo tiempo proporcionar verdad y justicia a las propias víctimas directas y a las familias”, destacó la académica. 

• El Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo), en su último informe al Poder Judicial, reportó contar con mil 789 reportes de entierros ilegales, sin distinguir qué datos corresponden a fosas comunes y cuántos a fosas clandestinas.

Falta empatía a las autoridades

El informe “Crisis Forense en México: Desaparición de personas” aborda el tema humanitario y los temas prioritarios en los que se debe trabajar: el desconsuelo de las familias, la falta de justicia, verdad y reparación.

A pesar de los avances señalados dentro del informe, existe la realidad que viven día a días familiares de personas desaparecidas. Hay quienes tienen indicios de que el cuerpo de su familiar sea alguno de los que se encuentran almacenados en los Semefos del país.

El recorrido que hacen madres, padres, esposos y hermanos en busca de su ser querido, se torna complicado debido a la falta de sensibilidad de las autoridades que tienen la responsabilidad de orientarlos en los procesos judiciales requeridos como parte de la búsqueda.