“Se dice que el poder corrompe, pero la verdad más bien es que el poder atrae a los corruptibles”.
David Brin
No es la primera vez que la 4T busca justificar sus ambiciosos intentos por concentrar el poder con acusaciones de corrupción en administraciones anteriores. Ayer lo hizo Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, quien utilizó la mañanera para presentar casos de supuesta de corrupción en el Infonavit del pasado, y defender con eso la iniciativa que busca a darle al Ejecutivo el control de esta institución.
Lo mismo hicieron otros funcionarios al presentar actos de presunta corrupción y nepotismo en el Poder Judicial para justificar el golpe con el que el Ejecutivo está tomando ahora el control del Judicial.
También la reforma al sistema de compras de medicamentos, que ha generado una persistente falta de fármacos en el Sistema Público de Salud, se explicó con el argumento de una supuesta corrupción de quienes participaban en esas compras cuando las hacía el IMSS. La destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, también lo fundamentaron en supuestos actos de corrupción por los que nunca se presentaron acusaciones ni consignaciones. La historia está llena de casos en que líderes políticos con ambiciones autoritarias han justificado la concentración del poder en sus manos por la supuesta causa de combatir la corrupción.
Lo hizo Benito Mussolini en la década de 1920, que acusaba al régimen italiano del momento de ser corrupto. La misma estrategia empleó Adolf Hitler en la Alemania de los treinta, que acusó además a los judíos de ser los beneficiarios de la corrupción de la República de Weimar. Hugo Chávez aplicó exactamente la misma estrategia en su campaña por derrocar la democracia venezolana de finales del siglo 20.
El problema para Romero Oropeza y el Gobierno de Claudia Sheinbaum es que su régimen ya tiene seis años en el poder. Si hay actos de corrupción, estos serán atribuibles a los propios funcionarios actuales. La excusa de acusar de todos los males del país a Felipe Calderón se vuelve cada vez más endeble.
El director del Infonavit se cuidó, al presentar sus acusaciones, de concentrarse en casos previos a la toma del poder por López Obrador. Pero cuidado porque Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Si promovió o aceptó actos de corrupción el actual Gobierno tendría obligación de presentar acusaciones en su contra. Uno de los casos que presentó Romero Oropeza ayer fue el de Telra Realty. Este es, por lo menos, un caso en el que la Fiscalía General de la República presentó acusaciones formales y detuvo a varios presuntos responsables.
Se les acusaba de haber pagado una indemnización indebida, de 5 mil 88 millones de pesos, a la empresa Telra Realty. Sin embargo, los funcionarios detenidos, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, exsecretario general jurídico y excoordinador general jurídico del Infonavit, fueron liberados tras negociar un “criterio de oportunidad” con la FGR.
El 12 de julio de 2023 un tribunal colegiado ordenó cancelar las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rafael Zaga Tawil, el dueño de Telra, y su hijo Elías Zaga Hanono. Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, salió de la cárcel en diciembre de 2023 para continuar su proceso en libertad.
En este 2024 la FGR pidió nuevas órdenes de aprehensión por las mismas acusaciones en contra de los dueños de Telra. La indemnización que hoy se cuestiona, a propósito, fue aprobada por el Consejo de Administración del Infonavit en su momento.
No hay forma de saber si los casos presentados ayer por Romero Oropeza son verdaderos actos de corrupción o no. Tengo dudas serias en el caso de Telra. Lo que sí es claro es que estos casos no justifican la entrega del control absoluto del Infonavit al Ejecutivo.
Si acaso, los posibles actos de corrupción se habrían facilitado si el director general del Infonavit hubiera tenido los poderes amplios que hoy la reforma busca darle.
La transparencia y la colegialidad en las decisiones son las mejores medicinas para impedir la corrupción. En la 4T simplemente usan estos supuestos actos de corrupción en un intento por lograr el control absoluto del Infonavit y así facilitar la corrupción.
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