La abyección, la indiferencia social, la complicidad de las élites y la debilidad de las instituciones, en primer término la presidencial, hicieron posible el caso de nepotismo más obsceno visto por el país en la era del PRI. La sucesión entre Humberto y Rubén Moreira Valdés no fue por consenso o para continuar un proyecto de gran calado, sino para mantener impune una deuda por 40 mil millones de pesos. El déficit conserva casi el mismo nivel de hace 14 años, cuando se descubrió el “moreirazo”. La LVIII legislatura “legalizó” el atraco después de haber sido ninguneada a la hora de contratar los créditos. El Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía respectiva han cumplido la función de tapadera.

Rubén Moreira actuó como vicegobernador en el sexenio de su hermano Humberto, y cuando este ascendió a la presidencia del PRI, lo impuso como candidato. El presidente Felipe Calderón no pudo evitar el golpe autoritario —apoyado por Enrique Peña Nieto desde el Estado de México—, pues dependía del PRI, que entonces controlaba el Congreso y la mayoría de los estados. Con el Gobierno y el narcotráfico en “guerra”, y la violencia fuera de control, el nepotismo en Coahuila “bien valía una misa”. Esa fue la causa por la cual la Procuraduría General de la República (PGR) siguió el caso a paso de tortuga, cuando el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, destapó el escándalo de la deuda semanas antes de las elecciones para Gobernador de 2011.

El “moreirazo” representaba una amenaza para la campaña presidencial de Peña Nieto, quien cortó por lo sano y defenestró a Moreira de la jefatura del PRI, mas no lo desprotegió. Como parte de los acuerdos poselectorales con Felipe Calderón, Peña logró exonerar al exgobernador de Coahuila por los supuestos delitos de “enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La denuncia de los senadores del PAN, presentada en 2011, señala como probable responsable a Humberto Moreira y a dos personas más. Seis años después, el senador Fernando Salazar acudió a la PGR con nuevas acusaciones. El 23 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó en 515 mil dólares (10.3 millones de pesos) una residencia en San Antonio, entregada como parte de un acuerdo. La propiedad se adquirió, supuestamente, con recursos del erario de Coahuila (Animal Político, con información de My San Antonio y Reforma, 23.02.17).

El oficio de la PGR donde se “autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal” contra el exgobernador y exlíder del PRI tiene fecha de 22 de octubre de 2012. Andrés Manuel López Obrador, entonces líder Morena, exhibió una copia certificada del documento, el 22 de abril de 2017, en el marco de una gira por Coahuila. “En 2012 —declaró— imponen a Peña Nieto (como candidato). Siendo ya presidente, Moreira habla con Peña —no hay que olvidar que Moreira fue presidente del PRI y le ayudó a Peña; es decir, mucho dinero de la campaña de Peña salió del erario de Coahuila— y le pide que hable con Calderón para que antes de que termina su gestión sea exonerado”.

El “documento de la exoneración de Moreira deja de manifiesto una vez más que son lo mismo los del PRI y del PAN; no se dejen engañar: es el mismo PRIAN, es la misma mafia”, acusó AMLO. No sería el último favor de Peña Nieto. En 2016, la Embajada de México en España movió cielo y tierra para liberar al exgobernador coahuilense de la prisión de Soto del Real, donde fue internado el 15 de enero de ese año como parte de una operación de la Audiencia Nacional contra el blanqueo de dinero y otros delitos.