Ciudad de México.- En 2025, la mayoría de los servidores públicos federales se someterá al tope del salario presidencial y no percibirá más ingresos que la mandataria Claudia Sheinbaum, aun cuando la reforma constitucional que impuso ese límite no ha sido aprobada.

Pero, como cada año, hay un grupo de funcionarios que seguirá ganando más que la presidenta, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos: los consejeros de la Judicatura Federal -incluidos afines a Morena-, los magistrados electorales y los consejeros del INE.

En el caso de los consejeros de la Judicatura y magistrados electorales no se acatará la Reforma Judicial, que establece que las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial no podrán ser mayores a los establecidos para la persona titular del Ejecutivo.

El 5 de febrero pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo su último intento por topar los salarios de los funcionarios de los tres poderes y de organismos autónomos, al enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar los Artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución en materia de austeridad y percepciones de servidores públicos.

En agosto, el dictamen fue avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la pasada Legislatura y, pese a tener junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) la mayoría calificada en las dos cámaras, el dictamen se quedó congelado.

El 26 de noviembre el pleno camaral dio publicidad al dictamen y quedó de primera lectura, por lo que quedó vivo para otro periodo ordinario, pero hasta ahí llegó: no se aprobó y quedó enlatado.

La propuesta consistía en establecer que “las remuneraciones de las personas servidoras públicas no podrá ser mayores a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente” y, de ser superiores al momento de la entrada en vigor de la reforma, deberán ajustarse.

A su vez, se propuso establecer que “la remuneración íntegra del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

El valor anual de la UMA hoy es de 39,606, con lo que ese tope de ingreso presidencial es de 2.8 millones de pesos al año (no se especifica si netos o brutos), resultado de multiplicar 73.04 veces el valor anual de esa Unidad, dato que deberá actualizarse en 2025.

Sin embargo, la iniciativa deja fuera de ese monto todos los recursos que usa la titular del Ejecutivo asociados al ejercicio de sus funciones, desde la seguridad hasta el menaje de su casa o los traslados.

Es decir, no serán considerados “los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres”.

¿Cuánto ganará la presidenta Sheinbaum?

En todo el año próximo, la presidenta tendrá Remuneración Total Anual Neta (RTA) por 2 millones 69 mil pesos, cifra que incluye desde su pago mensual hasta su aguinaldo y prestaciones.

La cifra bruta es de 3 millones 83 mil pesos, pero se le descontarán 808,346 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La percepción de la mandataria será de 134, 290 pesos al mes, constituida sólo por ingresos líquidos, es decir, sueldo y salarios y/o prestaciones en efectivo.

Sin embargo, las prestaciones anuales de la mandataria llegarán a 575,364 pesos, consistentes sobre todo en una gratificación de fin de año por 282, 074 pesos, más aguinaldo de 105, 329 pesos.

Se agregan un monto de “ahorro solidario” por 25, 405 pesos, ayuda para despensa por 18, 180 pesos y seguro de vida institucional por 35, 914 pesos, todo lo cual formaría parte –de acuerdo al dictamen- del ingreso anual presidencial, pues se trata de ingresos en especie.

Así, el tope del salario de todo servidor público deberá ser, a cifras del año en curso y por actualizar el próximo, de 134, 290 pesos al mes, o bien, 2 millones 69 mil pesos al año.

¿Quiénes ganarán más que la presidenta?

Entre los funcionarios mejor pagados del país y que percibirán incluso más que a presidenta están seis de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Destacan algunos consejeros que se reconocen a sí mismos como parte del movimiento de la llamada “Cuarta transformación”, que enarbola la austeridad.

Se trata de los consejeros Bernardo Bátiz y Celia Maya, quienes son aspirantes a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, que conforme a la Reforma Judicial se encargará de sancionar a jueces y magistrados por el contenido de sus sentencias, o bien por no apegarse a la ética y “la moral”.

Ambos recibirán, conforme al PEF 2025, 3.8 millones de pesos anuales ya libres de impuestos, que contrastan con los poco más de dos millones que percibirá la presidenta.

A esa suma llegarán sus ingresos líquidos o en especie, porque ese órgano acordó percibir tres conceptos adicionales, cada uno superior al medio millón de pesos: pago por riesgo, de 639.917 pesos, un seguro de separación individualizada, de 520,771 pesos, amén de aguinaldo por 582,937 pesos.

Sin embargo, al mes su percepción neta será de 201,601 pesos, contra los 134, 290 de ingresos de Sheinbaum.

Quien no recibirá esas cuantiosas sumas será la ministra presidenta Norma Piña, quien además de encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preside el CJF, pues únicamente tiene sus ingresos como ministra.

Otros que excederán el tope de ingreso presidencial son los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que se extinguirá el próximo año.

En la mayoría de los casos, el rebase se debe a sus altas prestaciones anuales.

Los magistrados del TEPJF percibirán 165,984 pesos al mes y tendrán prestaciones por 1.2 millones de pesos, sin embargo, serán menores que en 2024, año que se contemplaron 587,649 pesos por concepto de “riesgo”, un rubro que se eliminó para 2025.

Otros beneficios para los magistrados del Tribunal Electoral serán seguro de separación individualizado por 449, 280 pesos y aguinaldo por 497, 389 pesos. Al cierre del próximo año habrán tenido 2.8 millones de pesos anuales netos.

Los consejeros del INE también tendrán más ingresos que Sheinbaum, gracias a prestaciones anuales por 1.2 millones de pesos, integradas por 496, 430 pesos de aguinaldo, ayuda para despensa por 4,200 pesos, seguro de vida institucional por 57,550 y seguro de separación individualizado por 447,167 pesos.

Para cuando concluya 2025, los consejeros electorales tendrán ingresos netos -de todo tipo- superiores a tres millones, tanto consejeros como la persona titular de la secretaría ejecutiva.

¿Cuánto ganarán los ministros?

Para 2025, los ministros de la Corte tendrán ajustes a la baja en sueldos y salarios, e incluso en algunas prestaciones, de modo que no excederán el límite de la titular del Ejecutivo.

La SCJN recortó parte de su gasto en servicios personales y redujo algunas prestaciones para los ministros que la integran, por lo que su remuneración anual no rebasará el total anual neto que percibirá la presidenta.

De hecho, este 2024 los ministros ganaron mucho más que lo que percibirán en 2025, pues para el próximo año la Corte eliminó la prestación más cuantiosa: el pago por “riesgo”, de 639,917 pesos, así como el estímulo por antigüedad, de 45,133 pesos.

Y sobre todo, los ministros limitarán otras prestaciones: redujeron el aguinaldo, de 584,596 pesos que recibirán este año, a 374,371 para el próximo; se redujeron el seguro de separación individualizado, de 520,777 pesos a 67,190; y la prima vacacional, de 95,475 pesos, a 61,591 pesos.

Este ajuste se debe a que, si bien no se ha concretado la reforma constitucional en materia de percepciones de los servidores públicos, el artículo séptimo transitorio de la Reforma Judicial sí ordenó al Poder Judicial Federal someter sus percepciones al salario presidencial.

“ Las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de esta Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales”, señala la Reforma Judicial.

La cruzada de AMLO por bajar los salarios onerosos

Limitar las percepciones de los servidores públicos fue uno de los objetivos del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato, aunque no lo pudo concretar.

En septiembre de 2018, tres meses antes de que asumiera la presidencia el tabasqueño, la mayoría de Morena buscó limitar las percepciones de los servidores públicos, vía una reforma a ley secundaria: Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El objetivo, destacó el entonces diputado de Morena Pablo Gómez, fue regular la reforma constitucional que desde casi una década antes, en 2009, ya había impuesto la obligación de todo servidor público de limitar sus percepciones al tope presidencial.

Sin embargo, el 20 de mayo de 2019, la Corte declaró parcialmente procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 105/2018 e invalidó una parte de la reforma.

En su sentencia, ordenó al Congreso de la Unión que, antes de que concluyera 2019, corrigiera vicios detectados. Entre ellos establecer “los parámetros objetivos necesarios para determinar la cuantía del salario del Presidente”, mismos que eran inexistentes; con ello se buscó también garantizar percepciones suficientes para el resto de los servidores públicos.

Se mandató asimismo: “establecer las medidas, los criterios y las reglas objetivas para fijar la cuantía de las remuneraciones de cada uno de los servidores públicos pertenecientes a los tres niveles de gobierno, es decir, a la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”.

En noviembre de 2019, el mismo Pablo Gómez impulsó una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y propuso parámetros sustentados en un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para, mediante una fórmula, tasar el salario presidencial.

Pero esto no prosperó y el tema volvió a detenerse hasta que en febrero pasado lo retomó López Obrador, aunque hoy el tema sigue congelado.

Año con año desde 2019, cada Presupuesto de Egresos ha establecido la necesidad de reducir los salarios de los servidores públicos, pero en 2020 y 2021 organismos autónomos lograron una suspensión judicial para que no les sean aplicables las medidas de austeridad a sus ingresos –o incluso recortes a sus presupuestos-, pues estos afectarían la autonomía constitucional con que cuentan.

Entre los promoventes han estado el INE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el IFT: estos dos últimos desaparecerán como tal en 2025.

Según la exposición de motivos de la iniciativa de López Obrador, en 2023 se destinaron 2,264 millones de pesos en pagar el excedente de los salarios de funcionarios públicos que no se sometieron al límite de sus ingresos como mandatario.

De ese monto, argumentó el entonces mandatario, 2, 167 millones provenían de integrantes del Poder Judicial y 97.1 millones de los organismos constitucionales autónomos.

“ Hasta 2023 a nivel federal, 2,559 personas servidoras públicas perciben salarios cuyo monto excede el del presidente de la República: 2,377 del PJF y 182 de cuatro organismos constitucionales autónomos: 24 de la Cofece; 25 del IFT; 128 del INE; cinco de Banco de México” según las cifras de Presidencia.

Con información de Expansión