“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder”. Luis Donaldo Colosio

Con la reforma judicial, el presidente López Obrador busca someter a jueces, magistrados y ministros, pero esa no es su única medida para concentrar el poder.

Otra iniciativa suya, que aguarda turno en el Congreso, pretende terminar con la representación proporcional en el Congreso; una más quiere acabar con el árbitro electoral independiente.

La sobrerrepresentación que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo están obteniendo en esta elección, viola cuando menos el espíritu de la reforma electoral de 1996, impulsada en buena medida por el Partido de la Revolución Democrática, cuya Presidencia estaba a punto de asumir López Obrador, y que estableció límites de 8% a la sobrerrepresentación de cada partido.

En este 2024, los partidos del Gobierno han conseguido 54.71% de los votos a la Cámara de Diputados, pero han aprovechado una laguna en la legislación para subir a una mayoría calificada de 74.6 por ciento.

Esto les permitirá cambiar la Constitución a discreción, pese a tener menos del 55% de los sufragios.

Para el Presidente, sin embargo, ni siquiera esto es suficiente. Busca heredar todavía más poder a su sucesora y a quienes continúen en el poder.

Por eso, entre las iniciativas que presentó el 5 de febrero se incluyen también la eliminación de los legisladores de representación proporcional y la elección por voto popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

No hay duda del propósito práctico de eliminar la representación proporcional. Si en la elección del 2 de junio Morena y sus aliados obtuvieron, con 54.71% de los votos, 373 diputados por la sobrerrepresentación, habrían tenido 256 de 300, o sea, 85.33%, sin representación proporcional.

La oposición, mientras tanto, bajaría de 127 a 43, solo 14.33% (habría un independiente). En el Senado la sobrerrepresentación sería incluso mayor: con 55.09% de los votos, los partidos del Gobierno lograrían 60 de 64 escaños, 93.75 por ciento.

Estas aplastantes mayorías nos recuerdan los tiempos del PRI hegemónico, pero podrían ser todavía mayores si se legisla también la iniciativa de AMLO de acabar con el INE para crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas cuyos consejeros serían electos por voto popular.

Como Morena tiene hoy la más eficaz maquinaria electoral, esto le permitiría asegurarse un árbitro electoral favorable. Es como si los árbitros del futbol fueran electos por voto popular.

La mayoría de los silbantes serían elegidos para favorecer a Chivas y al América, los equipos más populares. Otras escuadras se quedarían con menos posibilidades de triunfo.

Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI de 1988 a 1992, fue candidato a la Presidencia en 1994 por el PRI hegemónico, pero entendió que México debía avanzar hacia una verdadera democracia.

En su discurso del 5 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, afirmó que la concentración de poder “da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos. Reformar el poder, significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso federal.

“Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República”.

A 30 años del asesinato de Colosio, y después de haber vivido la alternancia en el Poder, tenemos hoy un gobernante que busca regresar al poder hegemónico, que ataca al Congreso cuando se atreve a cambiar una coma a sus iniciativas y que denuncia por corruptos a los ministros, magistrados y jueces que le salen con el cuento de que “la ley es la ley”. Es triste.

PRD

AMLO reconoció ayer que el PRD, que presidió de 1996 a 1999, “jugó un papel importante en su momento. Era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral”. Se le olvidó decir que ese fraude lo operó Manuel Bartlett.