Desde su campaña presidencial Claudia Sheinbaum dejó muy claro que no se desmarcaría de la línea de los programas sociales que dejó Andrés Manuel López Obrador.

Pero ¿qué implican estos programas y los nuevos que tiene en mente la Mandataria en términos de costos, beneficiarios y el impacto en las finanzas públicas?

A partir de 2025 se implementarán tres nuevos programas, incluyendo una beca universal para estudiantes de preescolar a secundaria y un apoyo bimestral para mujeres de 60 a 64 años.

Solamente este último programa se espera que llegue a significar un costo de 26 mil millones de pesos para el año próximo y llegue a los 52 mil millones de pesos en 2026.

Sheinbaum, consciente de estos retos, busca plantear una política fiscal progresiva, enfocada en aumentar los impuestos a los sectores más ricos y en combatir la evasión fiscal.

Sin embargo, la incertidumbre económica y la desaceleración en el crecimiento previsto para 2025 (entre 1.5% y 2%) hacen que esta estrategia de financiamiento se vea poco realista, especialmente si consideramos que los ingresos fiscales crecerían apenas 0.6% en términos reales.

El verdadero desafío radica en cómo se financiarán estos costos sin aumentar significativamente el déficit fiscal.

La reducción del gasto público en rubros esenciales, como educación y salud, en el contexto de una deuda que ya ronda 50% del PIB, es una solución arriesgada.

A pesar de las promesas de mantener el gasto en áreas prioritarias, los datos presentados por la Secretaría de Hacienda indican una clara intención de recortar el gasto de capital e inversión en infraestructura, con una caída esperada del gasto público de 26.9 a 24% del PIB en 2025.

Este tipo de ajustes, si no se hacen con extremo cuidado, pueden tener un efecto perjudicial no sólo en el bienestar de la población, sino también en la estabilidad económica a largo plazo.

El costo de estos programas es elevado, pues se estima que el costo total de los programas sociales podría superar los 500 mil millones de pesos anuales.

Mantenerlos sin aumentar el déficit es el gran desafío para Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O.

FIBRA INFRAESTRUCTURA Y Energía México (FIBRAeMX) se prepara para su primera oferta pública subsecuente en la Bolsa Institucional de Valores el 16 de octubre. El fideicomiso dirigido por Rodrigo Núñez busca recaudar hasta 3 mil 456 millones de pesos con la venta de 138 millones de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura. Los fondos se destinarán a adquirir una participación de 29% en la concesión de la Autopista Amozoc-Perote y el Libramiento Perote, actualmente en manos de Aleática (69%) e Invex (31%). Esta adquisición incrementará las concesiones de FIBRAeMX a ocho y sus tramos carreteros de 14 a 16, expandiendo su presencia en 14 estados del país.

LA REFORMA AL Poder Judicial de la Federación sigue agitando las aguas y provocando incertidumbre en el mercado bursátil mexicano. Ahora analistas de HSBC han reducido su recomendación de “overweight” a “neutral”, debido a la caída de 20% en las acciones mexicanas, desde las elecciones de junio. El ajuste hecho por el equipo del banco capitaneado por Jorge Arce refleja el riesgo de una mayor prima de riesgo país en el mercado de bonos, lo que podría mantener deprimidas las valoraciones de las acciones.

SANOFI INVERTIRÁ MIL 100 millones de pesos en su planta de Ocoyoacac, Estado de México, para producir el probiótico Enterogermina. Este proyecto, parte de una inversión total de 2 mil 300 millones de pesos hasta 2028, generará 500 empleos y transformará a México en un centro regional de producción. La planta de los laboratorios que en México encabeza Emily Morris, producirá 200 millones de minibotellas anuales, eliminando importaciones por 25 millones de euros y permitiendo exportaciones de 80 millones de euros. Además, se enfocará en la sustentabilidad con energía renovable y envases reciclables.

LA INICIATIVA “ESCUELAS con Agua”, liderada por Grupo Rica y la Fundación Coca-Cola México, junto a aliados como Rotoplas e Isla Urbana, busca mejorar el acceso al agua en escuelas de Hidalgo y Morelos. En 2024 se implementará en 16 centros educativos adicionales, sumando un total de 29 instituciones beneficiadas desde su inicio. Este programa instala Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), permitiendo a las escuelas almacenar agua para temporadas de sequía. Se espera que para el periodo escolar 2024-2025 la iniciativa alcance a 30 estados del país, beneficiando a miles de niños en escuelas con problemas de acceso al agua.