Hace 14 años, entre los días 18 y 22 de marzo de 2011, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Obrador, Luis Crescencio Sandoval, entonces jefe de la Guarnición de Piedras Negras, conoció de primera mano y en tiempo real —como consta en documentos militares— lo que sucedía en Allende, Coahuila. La masacre, pues.

El general fue omiso y, así como se argumentó después en relación con la participación del exprocurador Murillo Karam por los hechos ocurridos en Ayotzinapa, que lo llevaron a prisión, “sus omisiones permitieron la desaparición y ejecución” de civiles.

El paralelismo entre ambos casos es asombroso. Dicho en otras palabras: Allende también fue un crimen de Estado.

Así ocurrieron los hechos. Un teniente de caballería, cuya identidad se protege en comunicaciones oficiales, hizo constar desde Allende al comandante de la sexta zona militar, en Saltillo, a través de un memorándum identificado con el folio 02820, con fecha 20 de marzo de 2011, que tuvo conocimiento de una denuncia de hechos y, “para su superior conocimiento”, puso copia del mensaje a las comandancias de Piedras Negras y Múzquiz. Es decir, a Luis Crescencio Sandoval. “Para lo que tenga a bien determinar”.

En otro documento por separado, oficio 006116, con fecha 28 de marzo de 2011, se presentó como “conclusión” que fue corroborada la denuncia ciudadana en el lugar de los hechos, y “no se cuenta con los elementos para determinar quién realizó los destrozos de las propiedades o posibles desapariciones de las personas que las habitaban” (note usted que menciona, en ese orden de importancia, las propiedades antes que las personas).

En diciembre de 2012 el periodista Juan Alberto Cedillo publicó en Proceso los primeros esbozos del caso. Luego el Manantial Masacrado, un reportaje así titulado y difundido en Vice, por Diego Enrique Osorno, arrojó luz en 2014 al suceso que por años se mantuvo en la sombra.

Posteriormente otros trabajos académicos y periodísticos abordaron el tema desde su génesis hasta otros aspectos tangenciales. En 2014, por ejemplo, se publicó el libro “Ni vivos ni muertos; La desaparición forzada en México como estrategia de terror”, de Federico Mastrogiovanni, quien identifica patrones comunes de desapariciones masivas y forzadas en áreas clave de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte Guadalupe Correa Cabrera estudia el fenómeno delincuencial en la frontera norte de México en su obra “Los Zetas Inc.; la corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional”, y luego de desarrollar exhaustivamente la hipótesis del conflicto dirigido y la desestabilización intencionada, presenta una yuxtaposición entre los mapas de recursos energéticos en México, y de presencia de grupos paramilitares criminales en el territorio. La coincidencia de puntos es asombrosa.

Entre otros elementos utilizados en su libro, editado en 2017, la autora transcribe una carta, estructurada y elocuente, recibida de forma anónima el 20 de enero de 2014 y firmada por “los residentes de la Ribereña” (esa región que recorre la orilla del Río Bravo desde el lado mexicano, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y su colindancia con Texas).

El documento enumera 21 conclusiones interesantes, de las cuales destacaría tres:

Primera. “Era motivo de sorpresa que mientras el Ejército mexicano se acuartelaba, y horrendos enfrentamientos armados se desarrollaban por la noche y por varias horas en las calles de nuestras comunidades, a simple oído se escuchaba el ruido de motor de aviones (suponemos que espías, no tripulados) que sobrevolaban las áreas de batalla aparentemente con pleno conocimiento de los hechos”.

Segunda. “La presencia y actuación del Ejército mexicano sólo al término de los enfrentamientos armados entre delincuentes, dejó muchas dudas entre la población civil, sobre todo cuando algún elemento militar de los que acordonaban el área en el lugar de los hechos, presumía a los mirones o afectados, que a tal o cual grupo delictivo desde el día anterior, ellos (el Ejército) lo habían detectado desplazándose hacia los puntos donde finalmente se daba el enfrentamiento, como si el solo hecho de detectar la presencia de las caravanas de camionetas repletas de delincuentes demostrara la eficacia de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas federales han sido en este conflicto simples espectadoras”.

Tercera. “En la mayoría de los enfrentamientos armados entre delincuentes, uno de los grupos rivales se trasladaba hasta el lugar de los hechos desde distancias mayores a 50 o más kilómetros a través de carretera o brechas, con vehículos de blindaje rústico de difícil movilidad, y camionetas de reciente modelo en caravana, con provisiones consistentes en varias toneladas de municiones, armas, combustible, y jamás fueron detectados en el trayecto, mucho menos enfrentados por ninguna autoridad federal. Y lo peor, al término del enfrentamiento y después de haber disparado miles de balas, y cientos de bombazos que se escuchaban a 10 kilómetros a la redonda durante más de 4 ó 5 horas, los sobrevivientes regresaban al amanecer a sus madrigueras de la misma forma como habían llegado: con vía libre por brechas y carreteras sin ser interceptados ni molestados por nadie”.

Cortita y al pie

La militarización de la vida pública creció como nunca el sexenio anterior, y los responsables de ayer tienen hoy más facultades que nunca. Aunque la justicia en manos de la 4T sea selectiva, acomodaticia y de coyunturas políticas.

La última y nos vamos

El Z-40 y el Z-42, sujetos activos en la ecuación, fueron expatriados (que no extraditados) a Estados Unidos en días pasados.

¿Y Luis Crescencio Sandoval?