“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico”.
Arturo Zaldívar, 2.08.2022

En el país que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito como el “más democrático sobre la faz de la Tierra” se violan los derechos humanos. Esto ha ocurrido desde hace muchos años, es cierto; pero el actual régimen, que dice ser progresista, ha modificado la Constitución para quebrantarlos “legalmente”. Lo ha hecho al promulgar el 31 de diciembre una enmienda del Artículo 19 constitucional que amplía el número de delitos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas respondió el 1 de diciembre con un mensaje en que reafirma que la prisión preventiva oficiosa “contraviene los derechos humanos. Lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”.

El propio alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, ya había señalado el pasado 22 de noviembre: “La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. No debe ser una práctica general sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de casa caso justifican dicha detención”.

El 27 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, que la prisión preventiva oficiosa de nuestro país es violatoria de los derechos humanos. Entre otras medidas de reparación a las víctimas del caso ordenó al Estado mexicano eliminar esta forma de prisión.

Lejos de extinguir la práctica que castiga a un acusado antes de ser juzgado, el expresidente López Obrador la amplió y fortaleció previamente con una enmienda constitucional en 2019. Pero no quedó satisfecho. El 5 de febrero de 2024 lanzó otra iniciativa constitucional para extender y endurecer la figura.

No tenía entonces la mayoría calificada en el Congreso para aprobarla, pero con las maniobras del Gobierno y de Morena, que le permitieron obtener esta mayoría de dos tercios con apenas 54% de los votos, la maquinaría del poder estuvo ya lista para hacer lo que quisiera con la Constitución a partir del 1 de septiembre pasado.

La presidenta Sheinbaum no puede argumentar que no podía hacer nada para evitar la promulgación de esta enmienda violatoria de los derechos humanos. El que la iniciativa la haya lanzado su predecesor no le quita a ella la responsabilidad de haberla promulgado. Su propio asesor judicial, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, fue antes de ingresar al Gobierno uno de los mayores críticos de la práctica. La medida, dijo en febrero de 2022, cuando era presidente de la Suprema Corte, “es una condena sin sentencia que castiga, en la mayoría de los casos, la pobreza y no la delincuencia y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres”.

Efectivamente, el INEGI ha señalado que en 2023 había en el país 86 mil 984 personas encarceladas sin sentencia, 37.3% de la población en el sistema penitenciario. Además, las mujeres sin sentencia representaban 46.9% de las encarceladas. Es cierto, como señaló Zaldívar, que la figura se utiliza más contra las mujeres.

México no puede ser “el país más democrático sobre la faz de la Tierra” si tenemos un Gobierno que quebranta de manera sistemática los derechos humanos. Tampoco puede considerarse progresista si viola la presunción de inocencia de todos, pero especialmente de las mujeres. El que la presidenta quiera obedecer a un predecesor conservador y rencoroso no es razón para mantener esta atrocidad en la Constitución.

Inmigrantes

Donald Trump afirmó que el ataque terrorista en Nueva Orleans fue realizado por criminales que llegaron del extranjero. Falso. El terrorista, Shamsud-Din Bahar Jabbar, era ciudadano estadunidense nacido en la Unión Americana. Pero Trump quiere culpar de todo a los inmigrantes.