Ciudad de México.- A 18 años de la muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario tras ser atacada y víctima de violencia sexual por parte de efectivos del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictará una sentencia sobre las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el caso de la indígena náhuatl, monolingüe, de 73 años de edad.

El caso fue llevado ante la Corte Interamericana por los representantes legales de la víctima ante la negativa del Estado mexicano para investigar y sancionar a los militares responsables de la violación sufrida por Ernestina Ascencio, quien murió el 26 de febrero de 2007, horas después de que fuera encontrada por una de sus hijas tirada en un campo con muestras evidentes de violencia física y sexual como la falda levantada y el rebozo amarrado a su cuerpo.

De acuerdo con Martha Inés Ascencio – hija de la señora Ernestina – encontró a su madre tirada y en “un mal estado físico” el día 25 de febrero del 2007, a unos 300 metros del lugar donde se encontraba una base de operaciones del 63 Batallón de Infantería del Ejército.

A pesar de que sus familiares buscaron atención médica, tardaron más de 10 horas en encontrar una clínica gubernamental que la aceptara para revisar la gravedad de sus lesiones.

Ya hospitalizada en el Hospital Regional Río Blanco de la Secretaría de Salud de Veracruz, doña Ernestina Ascencio alcanzó a decirles a sus hijos e hijas, en náhuatl, que un grupo de soldados la había violado, que la habían amarrado y le habían tapado la boca.

Posteriormente, la mujer de 76 años falleció el 26 de febrero de 2007 antes de poder recibir tratamiento médico adecuado y sin poder hablar con los médicos en náhuatl, ya que no encontraron ningún traductor en los centros médicos que la familia visitó.

A raíz de la denuncia presentada por sus familiares, ese mismo día una agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, especializada en delitos sexuales, abrió una averiguación previa 140/2007/AE por el delito de violación en agravio de la víctima.

Por lo anterior, un perito forense de esa institución determinó que Ernestina Ascencio había muerto a causa de un traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación cervical, además de señalar que el cuerpo de la mujer presentaba “lesiones recientes” en las regiones vaginal y anal, así como restos de líquido seminal a causa de una posible agresión.

El reporte del forense a Juan Pablo Mendizábal obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a iniciar una queja por el caso de doña Ernestina Ascencio el 27 de febrero del 2007, pero la investigación no llegaría muy lejos.

Calderón defiende a Sedena

Tras el escándalo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un boletín el 6 de marzo de 2007 para negar que la mujer de 73 años fuera atacada por sus elementos y culpó de la agresión a “grupos ajenos a la institución”, sin aclarar a quienes se refería.

El mismo día que la Sedena se deslindó de los hechos, la CNDH, dirigida entonces por José Luis Soberanes, comenzó la operación para desacreditar la violación, argumentando inconsistencias en el primer peritaje, por lo que se pidió primero una junta de peritos para aclarar el hecho y poco después la exhumación de la indígena mazahua de 73 años de edad.

El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo de doña Ernestina en el panteón de Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa. Asistieron peritos de la Procuraduría de Veracruz, de la Sedena y especialistas de la CNDH que estuvieron en calidad de observadores. La familia de la mujer indígena no tuvo ninguna representación.

El 12 de marzo, los peritos de la Procuraduría de Veracruz rindieron el resultado de la nueva necropsia, negando las fracturas, traumatismos e indicios de líquido seminal en el cuerpo de Ernestina, concluyendo que su muerte había sido provocada por una anemia aguda, aunada a una gastritis crónica y úlceras intestinales.

Un día después, el 13 de marzo del 2007, el expresidente Felipe Calderón respaldó al Ejército y en una entrevista concedida al diario La Jornada declaró que Ernestina Ascencio había muerto de una gastritis, adelantándose a los resultados finales de las investigaciones en curso de la CNDH y de la propia Procuraduría de Veracruz.

CNDH y el respaldo a la versión oficial

El 29 de marzo de 2007, la CNDH emitió un boletín para culpar a Mendizábal de incurrir en “irregularidades” en la primera necropsia, por lo que solicitó a la Procuraduría de Veracruz a indagar los hechos para deslindar responsabilidades,

El 24 de abril de 2007, el entonces Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se reunió con el presidente Calderón y abordaron el tema de Ernestina Ascencio. Tres días después, el 30 de abril del 2007, la Procuraduría de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal tras concluir que no existían signos de violación en el cuerpo de la mujer indígena.

El 27 de junio del 2007, la Procuraduría de Investigación Militar archivó la investigación que había iniciado por la acusaciones contra los militares que habían estado en la base de operaciones de Tetlalzinga.

El 2 de febrero de 2009, finalmente la familia de Ernestina Ascendió tuvo acceso a una abogada que solicitó a la PGJ de Veracruz la información completa del expediente, pero las autoridades se la negaron, a pesar de que la ley obliga a entregar la información a las víctimas y sus representantes legales.

El 15 de marzo de 2010, el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, responsable de realizar la primera necropsia de ley al cadáver de Ernestina Ascensio Rosario dio a conocer con Carmen Aristegui que la Procuraduría de Veracruz lo había inhabilitado por presuntamente contaminar “muestras de sangre de la víctima y certificar “de manera errónea la existencia de un crimen al alegar violación sexual”.

Además, lo acusó de realizar la autopsia “en un lugar no autorizado y en presencia de personas no autorizadas”, por lo que el médico forense defendió lps resultados de su primer dictamen.

Mendizábal reconoció que la autopsia se realizó en una funeraria privada debido a la inexistencia de un anfiteatro legal, situación que persiste en la sierra de Veracruz por falta de instalaciones y recursos oficiales.

El caso a la CIDH y a la Corte IDH

A partir de ahí, la familia comenzó a buscar la justicia y en 2020 llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en agosto del 2023 determinó que sí se acreditaban graves violaciones a los derechos humanos de la mujer indígena y sus familiares, destacando que “la situación resultó especialmente grave teniendo en cuenta la pluralidad de agresores, la edad avanzada de la víctima, y el hecho que se tratara de agentes estatales.

A partir de las primeras diligencias de la CIDH, la CNDH aceptó reabrir el caso y agosto de ese mismo año emitió una recomendación en la que reconoció omisiones e irregularidades en la resolución de la queja del 2007 y la exoneración del Ejército Mexicano.

Además, la CIDH concluyó que el estado mexicano “violó sus derechos a la salud y a la vida al no brindarle una atención médica adecuada antes de su muerte”, así como por “la ausencia de traductores en los centros de servicio de salud en una zona indígena”.

La CIDH también denunció la falta de una investigación diligente, la parcialidad en la investigación, así como la limitación de pruebas y la exclusión de los familiares en el proceso de investigación, violando los derechos a la igualdad, no discriminación y acceso a una justicia efectiva, por lo que determinó llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 28 de noviembre de 2024 lo admitió para emitir una resolución que este día podría concluir con una sentencia en contra del Estado Mexicano.

Con información de Aristegui Noticias