Saltillo, Coahuila.- Tras los testimonios vertidos por los exfuncionarios públicos implicados en el “coahuilazo”, en los que se evidencia una conspiración contra los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por parte del Gobierno federal, el gobernador Rubén Moreira anticipó que la Procuraduría de Justicia en Coahuila iniciará una investigación.

“La PGJE abrirá una carpeta de investigación para ahondar en lo que están denunciando porque es muy grave, prácticamente había una conspiración para perjudicarme”, señaló el gobernador Rubén Moreira.

Aseguró que tras la exoneración legal de los cinco funcionarios acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada, la Procuraduría de Justicia los va a reinstalar, “obviamente no en los mismos puestos porque después de cuatro años ya están ocupados, pero sí tendrán un lugar en la estructura de la institución”.

Sergio Tobías Salas, exprimer comandante de la Policía Ministerial, dijo que tras ser detenido de manera injusta por elementos de la entonces SIEDO, el Ministerio Público Federal le propuso convertirlo en testigo protegido a cambio de que declarara en contra de 12 funcionarios, entre los que se encuentran el actual Gobernador de Coahuila.

“Me prometieron tener escoltas, una casa de seguridad, al no acceder se fueron en contra mía, todo está demostrado y con documentación que traemos de que todo fue planeado por el Gobierno federal de Felipe Calderón”

Reinstalará PGJE a 5 funcionarios

Cinco funcionarios acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada, serán reinstalados por la Procuraduría de Justicia, “obviamente no en los mismos puestos porque después de cuatro años ya están ocupados pero sí tendrán un lugar en la estructura de la institución”, afirmó el gobernador Rubén Moreira.

Ayer, Everardo Rosales Saucedo, excoordinador del Cuarto Grupo de Homicidios; Julio César Ruiz Esquivel, exencargado de la Seguridad de Palacio del Congreso; Enrique Sánchez Zapata, exprimer oficial de la Policía Operativa del Estado destacamentada en Allende, Coahuila; Juan Fermín Medina Torres, exjefe del Grupo de Robos; y Cuauhtémoc González Galindo, exagente de la Policía Ministerial, presentaron por escrito su solicitud de reinstalación así como el pago de salarios caídos y demás prestaciones de ley.

Everardo Rosales acusó también al aspirante del PAN al Gobierno del Estado, Guillermo Anaya Llamas, de haber recibido un trato privilegiado por parte de su compadre, Felipe Calderón, en tanto a ellos les destrozaron la vida.

“En Coahuila, tal conspiración era para dañar legalmente al gobernador Rubén Moreira Valdez y a más funcionarios de Coahuila, y esta orden había sido por parte del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón. Ahora estamos seguros de que se trataba de un golpe político”, señaló Everardo Rosales.