Ciudad de México.-A unos meses de concluir la Administración actual, la Secretaría de Cultura (SC) ha propuesto una reforma integral a su estructura, con lo que busca zanjar un pendiente acarreado durante todo el sexenio.

Entre los principales cambios, está la desaparición de cuatro direcciones generales, entre ellas la de la Fonoteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), así como la creación de dos áreas nuevas y una reestructuración importante en una de las dos subsecretarías de la dependencia.

Estos cambios están asentados en el anteproyecto del nuevo Reglamento Interior de la SC, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y que está a la espera de ser aprobado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La necesidad de esta reingeniería institucional quedó patente desde 2019, cuando la Secretaría encabezada por Alejandra Frausto presentó un primer anteproyecto de Reglamento Interior, pero que fue desechado.

La tardanza de concretar estas modificaciones ocasionó, entre otros efectos, que durante prácticamente todo el sexenio la SC tuviera que afrontar la responsabilidad presupuestal de la Dirección General de Publicaciones (DGP), un área que, en los hechos, operó bajo el mando del Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por Paco Ignacio Taibo II y adscrito a la Secretaría de Educación Pública.

Por otro lado, la falta de modificaciones en el reglamento produjo que la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, acéfala desde la renuncia de la poeta Natalia Toledo en 2020, operara durante años con funciones y responsabilidades desactualizadas.

n términos generales, la nueva estructura de la SC estaría compuesta por 14 unidades administrativas, en lugar de 16, con cuatro direcciones generales que desaparecen, pero cuyas funciones, con excepción de la DGP, se redistribuyen.

Asimismo, se propone la creación de la Dirección General del Sistema de Estímulos a la Creación y Apoyo a Proyectos Culturales, donde habrían de operarse todos los programas del extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), que fue disuelto como fideicomiso.

También quedaría instaurada la Dirección General de Cooperación y Economía Cultural, cuyas tareas incluirían las que hoy le corresponden a la Dirección General de Asuntos Internacionales.

e manera notoria, la Subsecretaría cuya titularidad hoy está vacante recibiría el nombre de Subsecretaría de Diversidad y Patrimonio Cultural, dejando así de lado prácticamente todas las facultades en el fomento a la lectura que fueron delegadas, desde el inicio del sexenio, al FCE.

De igual manera, este diario consultó al equipo en materia de Cultura de Claudia Sheinbaum, para conocer su opinión sobre la estructura que podría heredar. En respuesta, Ana Francis Mor, quien representó a la hoy Presidenta electa en foros relativos al sector, dijo desconocer del tema.

Cruces e interferencias

Consultado, el especialista en políticas culturales Eduardo Nivón, investigador de la UAM y miembro del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, observó a REFORMA algunos cambios en el nuevo reglamento que podrían causar problemas operativos.

“

Creo que, en general, hay que dar el beneficio de la duda a la experiencia de quienes han estado al frente de la gestión de la Secretaría para mejorar lo que se considere adecuado. Sin embargo, se pueden hacer algunas observaciones muy puntuales de lo que puede resultar problemático”, explicó.

En su análisis del documento, Nivón encuentra que la SC perdería atribuciones con la disolución de algunas direcciones generales.

Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la oficina de Asuntos Internacionales de la SC, que en el anteproyecto desaparece, supongo que para dejar esta tarea a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En lo que toca a Publicaciones, sucede otro tanto para dejarla, me imagino, en manos del Fondo de Cultura Económica”, expuso.

“

Pero en el caso de ambas áreas hay ciertos matices específicos que la Secretaría buscaría hacer valer y que pueden perder de vista tanto la SRE como el FCE, por lo que las funciones de la Secretaría de Cultura se verían afectadas al ya no tener un ente preciso para ello”, abunda.

En particular, señala que el caso más complejo es el de las publicaciones, pues considera que un organismo de cultura debería contar con un departamento que se encargara de esta importante forma de difusión.

El académico señala también que, a diferencia del reglamento vigente, aprobado en 2016, la propuesta de modificación retira a la titularidad de la SC la facultad de aprobar el anteproyecto de su Presupuesto de Egresos.

“

…esta es una función que considero básica de cualquier responsable de un organismo público. No me imagino que en la Secretaría de Salud o de Educación Pública se excluyera a su titular de la decisión sobre esta materia”, alertó.

Nivón encuentra también riesgos en los cambios propuestos para la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura (ahora, de Diversidad y Patrimonio Cultural), puesto que tendría facultades que hoy corresponden a órganos administrativos desconcentrados.

“

Este cambio es uno de los más notables y riesgosos en términos administrativos porque traspasa o centraliza tareas que ya hacen el INAH y el INBAL en esta materia”, detalló.

…este es el caso de nuevas atribuciones de la Subsecretaría, como proteger y recuperar patrimonio cultural en México y el extranjero, y cómo coordinar las propuestas de nombramientos de patrimonio mundial, ambas tareas que hoy realiza el INAH.

“

Yo no tengo ninguna duda de que la política o las políticas sobre patrimonio deben actualizarse. Incluso que la forma institucional en que se llevan a cabo deba transformarse, pero creo que esto debe partir de una discusión integral que fortalezca lo existente y mejore lo que falla en esta materia”, matizó.

“En cambio, pienso que esta subsecretaría puede generar interferencias que estorben al buen funcionamiento de lo que ya hay sin atender sustancialmente lo que exige esta importante área de la política cultural”.

En caso de ser aprobado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, el nuevo reglamento estaría listo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.