‘Siempre es mejor negociar con un cadáver sobre la mesa’.
Atribuido a la mafia italiana

Decenas de miles de personas se vieron afectadas por bloqueos coordinados en las autopistas México-Pachuca, durante seis horas, y México-Querétaro, cuatro horas, el pasado 9 de diciembre. Ni la Guardia Nacional ni ninguna otra autoridad intervino, a pesar de que su obligación legal es evitar los ataques a las vías de comunicación. A las autoridades nos les importa que tanta gente no pueda llegar a su trabajo, a su escuela o a sus citas médicas.

Quienes llevaron a cabo estos bloqueos eran transportistas que se quejaban, no de algún problema local, sino de la falta de pago por trabajos realizados en el Tren Maya. Esta obra cumbre del sexenio de López Obrador, que no se ha podido completar a pesar de haber sido inaugurada ya en varias ocasiones, se ha convertido en uno de los mayores fracasos de la 4T.

Los transportistas tomaron como rehenes a decenas de miles de personas que todos los días deben trasladarse a la Ciudad de México desde las comunidades al norte de la capital. Pero además de no usar la fuerza pública para mantener abierta las vías de comunicación, el Gobierno decidió ceder ante la extorsión.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró ayer en la mañanera: “Se hizo una revisión de cuál era el monto que todavía quedaba pendiente para las empresas, se hizo una revisión; lo revisó también la Secretaría, hoy ya de Anticorrupción y de Buen Gobierno, y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez puedan pagarse a los transportistas el material”.

Lo primero que hay que notar aquí es que, efectivamente, el Gobierno está reconociendo que había una deuda con quienes bloquearon las autopistas. “No son adeudos del Gobierno con los trabajadores que son transportistas de materiales. Entonces se contrata a las empresas. Ustedes saben que el Tren Maya se hizo con empresas constructoras y con los ingenieros militares. Estos, estas empresas constructoras, o en su caso la Sedena, a través de hace contrataciones para el movimiento de materiales”.

Si el Gobierno o la Sedena debían dinero, debieron haberlo pagado sin chistar. Negarse a hacerlo hasta que los transportistas bloquearon dos autopistas, afectando a decenas de miles, es una irresponsabilidad. Más lo es mandar el mensaje de que la forma de conseguir que el Gobierno pague lo que debe es bloquear vías de comunicación o dañar de otras maneras a personas inocentes.

Un Gobierno no debe dejar de cubrir sus deudas, porque esto lo convierte en un delincuente. Debe tener mecanismos adecuados para escuchar los agravios de los proveedores que no reciban una remuneración justa por su trabajo o los productos que venden al Gobierno. En ningún caso las autoridades deben permitir el bloqueo de vías de comunicación como forma de presión para entregar un pago, legítimo o no. La autoridad, por otra parte, nunca debe ceder a presiones que afecten los derechos de terceros porque esto promoverá nuevas agresiones a ciudadanos indefensos.

Este lunes 9 de diciembre miles de personas que sólo querían trabajar o acudir a la escuela o recibir tratamiento médico vieron sus derechos violados por un grupo que cometió el delito tipificado como ataques a las vías de comunicación. Este delito se consumó ante la connivencia de la Guardia Nacional, que tiene la responsabilidad legal de mantener abiertas las carreteras, y de un Gobierno que solo reconoció que debía el dinero que se reclamaba cuando los transportistas afectaron a terceros inocentes.

Esta no es la forma en que debería operar un Gobierno dentro de un régimen de derecho. Estamos viviendo en la ley de la selva. Parece que la única forma de cobrar un adeudo legítimo al Gobierno es tomar rehenes y afectar sus derechos.

17 niños

Es monstruoso que 17 niños hayan muerto de infecciones de Klebsiella oxytoca en hospitales públicos del Estado de México. Las autoridades sanitarias dicen que están investigando los hechos y ojalá que revelen los resultados con transparencia. Esta es una situación que nunca debe repetirse.