La captura de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien hace más de tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación, noqueó, paradójicamente, al Gobierno. Lo mostró fracturado y con líneas de comunicación antagónicas. La fuerza que le dio el éxito del operativo se ha venido evaporando por sus contradicciones y acciones que, a la vez, sugieren que el papel de Estados Unidos fue más importante del que públicamente se reconoce. López Obrador aseguró que la detención fue un acto soberano, pero según información de altas fuentes gubernamentales, no tanto.

Los símbolos tampoco ayudan a López Obrador. Hace días pidió públicamente al presidente Joe Biden que aterrizara en el aeropuerto Felipe Ángeles, haciendo a un lado la logística de seguridad porque se trataba de un posicionamiento político. Estados Unidos le comunicó que aterrizaría en el aeropuerto Benito Juárez, con lo que no lo apoyaría en denostar a quienes lo critican por lo que hoy es un elefante blanco. Pero un día después de la captura de Guzmán López, la Casa Blanca devolvió un guiño en reconocimiento: Biden sí aterrizaría donde quería López Obrador.

Las condiciones en las que se dio este giro de la Casa Blanca, no terminaron, sin embargo, fortaleciendo al Presidente de México, porque en todo el contexto de la detención, pareció estar bailando al ritmo de Biden. El miércoles dijo que “persuadiría” a López Obrador para ampliar el número de migrantes latinoamericanos que esperen en territorio mexicano mientras procesan en aquel país sus solicitudes de asilo, y un día después anunció que lo había logrado. El viernes, López Obrador informó, contra todo protocolo y más allá de la cortesía, que recibiría a Biden en el Felipe Ángeles y le había pedido que viajara con él en “La Bestia”, el vehículo blindado del jefe de la Casa Blanca para charlar.

Dos goles a favor de Biden. Guzmán López, a quien querían desde 2019, entregado; y ampliar las cesiones migratorias, concedido. Antes de llegar a México, Biden ya había sacado mucho provecho a la visita.

La captura de Guzmán López, que exigió Washington desde que lo dejaron en libertad en 2019, fue motivo de discusión en Palacio Nacional, donde el núcleo duro en torno a López Obrador, insistía que no cediera a esas presiones. El sector más estratégico opinaba lo contrario. López Obrador, de acuerdo con las fuentes, optó por no seguir antagonizando con Estados Unidos y autorizó, de manera soberana, la detención.

El radical giro del Presidente produjo contradicciones en del gabinete, donde fue notoria la falta de consenso sobre lo que iban a informar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que Guzmán López había sido detenido en flagrancia por los presuntos delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, dijo que la captura fue resultado de un trabajo de inteligencia de seis meses.

El secretario de Gobernación informó también que se añadiría el otro delito a Guzmán López, el de tentativa de homicidio, lo que también contrastó con lo señalado por el secretario de la Defensa, que dijo que había sido detenido en una casa donde se refugiaron sicarios a su servicio, en donde no se registró ningún enfrentamiento.

Otro punto discordante fue la narrativa del general Sandoval, que dijo que se comenzó el trabajo de inteligencia al haber detectado tráfico de metanfetaminas y fentanilo en las áreas de influencia de Guzmán López, por lo que “se intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste de Culiacán”. Es decir, comenzó una operación encubierta, no de “rutina”, como la caracterizó el Presidente, ni tampoco se trató de algo fortuito, como sugirió el secretario de Gobernación.

No fueron las únicas contradicciones. La más relevante se refiere a su extradición. El Presidente, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmaron que tiene procesos penales en la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía informó que la detención se originó en la solicitud de Estados Unidos para extraditarlo de septiembre de 2019.

En ese entonces, cuando el Gobierno lo liberó y no persiguió a Guzmán López, el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo justificó porque, dijo, no había ningún proceso penal en su contra. Ahora, según el Presidente y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, sí lo hay. En los casi 39 meses desde la captura fallida de Guzmán López, la Fiscalía nunca mencionó el inicio de procesos penales en su contra.

Es clara la falta de consenso dentro del Gobierno y la desarticulación en sus líneas de comunicación, donde las contradicciones debilitan los argumentos. Lo único que se mantiene sin hoyos, es que el operativo tuvo como objetivo detener a Guzmán López para cumplimentar la solicitud de Estados Unidos, y que fue muy bien recibido por el Gobierno de Biden, quien agradeció aterrizando en el Felipe Ángeles. Como dice López Obrador, amor con amor se paga.

El Gobierno de Estados Unidos se mostró muy contento y satisfecho por lo que hizo México la semana pasada. Las dos peticiones a López Obrador fueron cumplidas. Pero no todo está dicho. El núcleo duro en torno a López Obrador, una vez que perdió la batalla para impedir la detención, ganó con su propuesta de no extraditarlo de manera rápida, para que Washington no pensara que todo le había resultado fácil. Eso fue lo que sucedió, como dijeron el Presidente y el canciller, y no se irá pronto a Estados Unidos.

Pero al final, generará un nuevo problema. Su Gobierno arrastra presiones para que extradite a Rafael Caro Quintero, el capo del extinto cártel de Guadalajara acusado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Ahora se sumará la presión por Guzmán López. Es incomprensible esa posición, llena de maromas, después de haber hecho lo que le pidieron, de acuerdo con el Tratado de Extradición bilateral.