Madrid.- Diecisiete bailarines mexicanos del musical Malinche, dirigido por el músico español Nacho Cano, denunciaron a la Policía por coacciones y falsedad documental cuando fueron interrogados en el marco de la investigación que llevó la semana pasada a la breve detención del compositor y productor teatral.

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que los artistas mexicanos, becarios que se forman en la obra que se representa en Madrid, interpusieron 17 denuncias individuales que se refieren a los mismos hechos: un trato inadecuado por parte de la Policía, con coacciones y documentos “manipulados”.

El pasado 17 de junio, una docena de agentes de la Policía española irrumpieron en la iglesia madrileña en la que ensayaban los bailarines aludiendo a una inspección de trabajo, tras lo que fueron trasladados a comisaría durante varias horas para preguntarles por sus condiciones laborales, algo que, según los denunciantes, ya es irregular.

Además, los agentes les coaccionaron y llegaron a elaborar documentos “manipulados”, explicaron las fuentes, que también consideran irregular que no tuvieran acceso a la denuncia en la que una integrante del elenco acusó a Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes.

Nacho Cano, exmiembro de la banda musical española Mecano, fue detenido el pasado día 9 de julio y trasladado a dependencias policiales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, según confirmó la Policía.

Ese mismo día también fue detenida una mujer de su equipo, de nacionalidad mexicana.

El músico y productor quedó en libertad a la espera de ser citado por el juez, no sin antes generar polémica en España con enfrentamiento político entre derecha e izquierda incluido.

Según explicó el propio Cano, el origen de la denuncia está en un programa de becas -en convenio con una escuela- que montó para llevar a España talento juvenil.

Según el productor, fue una de las becadas, a la que calificó como “conflictiva” y de la que prescindió, quien supuestamente interpuso la denuncia.

“ El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar”, dijo Cano quien criticó la existencia de una “una maniobra orquestada” en su contra por su relación con la política ( y su amistad con la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso), y acusó a los agentes de detenerle “10 minutos” para hacerle “la foto” y filtrarlo a los medios de comunicación.

Luego, la joven denunciante explicó públicamente que los bailarines habían llegado a España advertidos de que tenían que pasar los controles como si fueran turistas, les obligaban a trabajar de lunes a sábado durante doce horas, estaban en “condiciones pésimas” y solo recibían unos 300 euros al mes.