Ciudad de México.- La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha proporcionado más información sobre el programa de pensión destinado a mujeres de 60 a 64 años, aclarando la cantidad de beneficiarias y las fechas de inicio de los pagos. Durante una reunión reciente con mujeres adultas mayores, Sheinbaum destacó que el apoyo económico bimestral será de 3 mil pesos, aunque no especificó cuándo comenzará la distribución completa de estos fondos.

El programa está programado para iniciar en 2025, comenzando con mujeres indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años, priorizando a aquellas que viven en municipios indígenas clasificados como tipo A y B por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). El año siguiente, se espera que mujeres de 63 a 64 años también reciban el apoyo, y si el presupuesto lo permite, se ampliará la cobertura de edad. Para 2026, se incluirán a las mujeres de 60 a 62 años, con el objetivo de cubrir a nivel nacional. Según Sheinbaum, para ese año, cerca de tres millones de mujeres estarán recibiendo la pensión.

El programa otorgará 3 mil pesos bimestrales, la mitad de la pensión que reciben los adultos mayores de 65 años. La distribución de las tarjetas de bienestar comenzará en enero de 2025.

Para acceder a la pensión en 2025, las mujeres indígenas y afromexicanas deben demostrar residencia en municipios indígenas de tipología A y B. Para las mujeres de 63 y 64 años, será necesario ser mexicanas, ya sea por nacimiento o naturalización, y residir en México.

Sheinbaum también expuso diversas propuestas de género para su administración. Entre ellas se incluye la continuidad de programas actuales y la implementación de nuevas políticas que promuevan la igualdad. Se busca reducir la brecha salarial con tabuladores transparentes y garantizar la paridad en la participación política y la toma de decisiones en el ámbito público y privado. Para 2030, se espera alcanzar la paridad de género en gubernaturas en 16 estados y el 50% en presidencias municipales, además de eliminar la brecha salarial.

En materia penal, se propone la creación de un programa nacional de abogadas para las mujeres en ministerios públicos, reformas a la Ley General de Salud para garantizar derechos sexuales y reproductivos, la tipificación del feminicidio a nivel nacional y la investigación de homicidios de mujeres como feminicidios.

Finalmente, se mejorará el esquema de tenencia de la tierra con un nuevo modelo agrarista, fortaleciendo los derechos de las mujeres en el campo.