En este mismo espacio se publicó un díptico los días 3 y 5 de noviembre del año pasado a propósito de un caso: “El Notario de Saltillo que transó un terreno para el ‘Mono’ Muñoz”.

La historia -para contextualizar- se trató de lo siguiente: a sus 29 años de edad, Sergio Alberto Mier Elías fue uno de los 41 beneficiados con un fíat notarial durante la administración estatal de Rubén Moreira (aquellos que repartió el 18 de marzo de 2016 el entonces Gobernador de Coahuila de manera atípica: 20 meses antes de concluir su mandato).

El 5 de mayo de 2016 el titular del Ejecutivo asignó a Mier Elías la Notaría 47 de Saltillo, acéfala por el fallecimiento de su anterior titular, así que inmediatamente después de recibir la patente como notario sobrevino el ilícito que se detalla en el procedimiento administrativo identificado con el folio DN/JUR/PA/47/SAL/2024, por el cual fue suspendido cuatro meses de su función debido a que “se condujo con ilegalidad al brindar sus servicios notariales, específicamente en la actuación celebrada en la escritura pública 152 del ejercicio notarial del año 2017”.

El subrayado textual se publicó en la edición del 18 de octubre del Periódico Oficial, como resolutivo de la Secretaría de Gobierno.

Pero el asunto tiene implicaciones interesantes. No se dijo, por ejemplo, que Sergio Mier Jr. se prestó a transar un terreno de 8.5 millones de pesos para El ‘Mono’ Muñoz, ni que la escritura apócrifa que usó como coartada fue fechada el 30 de noviembre de 2017. Casualmente, el último día del sexenio en que fue favorecido.

Dicho documento, en poder de quien esto escribe, fue redactado con una tipografía y alineado extraño, incluso en mayúsculas con un estilo apenas legible, sin la firma del apoderado protagonista del negocio, lo cual a simple vista hace dudar de su veracidad, pues ni siquiera corresponde con las actas que integran el protocolo anual de un Notario.

Tampoco se mencionó en su día que su padre, Sergio Mier Campos, es el actual director del Instituto Registral y Catastral (IRYC), por tanto tiene acceso a la base de datos inmobiliaria de la entidad, e información privilegiada.

El 18 de noviembre de 2022 fue presentada una querella en contra del Notario 47 por el delito “conductas que afectan la fe pública”, y fue citado a comparecer como imputado el 7 de marzo de 2023 ante el Ministerio Púbico. El asunto fue asignado a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos Varios, como quedó asentado en el expediente 02529/SAL/UTMC/2022 de la Fiscalía General del Estado.

El meollo fue un lote ubicado en el Fraccionamiento Nuevo Mirasierra, segunda etapa, de dos mil 710 metros cuadrados. Una de las zonas con mayor densidad poblacional de Saltillo, ideal para negocio, en la colindancia del Bulevar Mirasierra con el Bulevar Revolución. Donde se ubica Cargo Gas Mirasierra, para mayor referencia.

En el mismo acto fue denunciado también Severo Galván Cornejo, director de Catastro de la Presidencia Municipal de Saltillo (quien firma el avalúo catastral del predio en cuestión), por el delito de “otras conductas que afectan la fe pública”, y Mónika (sic) Elizabeth Zertuche Sánchez, ex directora del Registro Público de la Propiedad Oficina Saltillo, por “certificación notarial falsa”.

El 21 de abril de 2023, sin embargo, la agente del Ministerio Público, Martha Luz Angélica Raudales Sánchez, determinó el no ejercicio de la acción penal por “hecho atípico” a los tres imputados, resolución que fue confirmada el 16 de junio del mismo año por la Fiscalía de Control de Juicios y Constitucionalidad.

En este caso existe mar de fondo. El 26 de abril de 2024 la Dirección de Notarías realizó una diligencia de visita especial en la Notaría 47 de Saltillo, y descubrió una discrepancia importante respecto del lote en cuestión: en el libro entregado a la Dirección de Notarías existen gravámenes en el inmueble, y en el del notario no; hay además cambios de fechas hasta por 16 años de diferencia en los asientos registrales, no se identifica en documentos al apoderado central de la trama -que cedió la propiedad- ni existen documentos de él, y al hijo del ‘Mono’ Muñoz, Luis Javier Muñoz Ayup, lo ubican con una credencial de 2021 en un asunto de 2017, por citar los más escandalosos.

Aún hay más. En el protocolo entregado a la dependencia de la Secretaría de Gobierno, consta que el notario registró una compraventa entre dos particulares. En el libro suyo, en cambio, consigna la fraudulenta transmisión de la propiedad mediante dación en pago: de un ex socio del ‘Mono’ Muñoz, identificado como Gustavo Adolfo Fuentes Yáñez, a la sociedad mercantil de éste y su hijo, denominada Estación de Servicio Mira Sierra, S.A. de C.V., como consta en el expediente VE/SALT/47/2024.

Si bien el conflicto nace de la desavenencia entre socios, el afectado se enteró del ilícito por estar suscrito al sistema de alerta del Instituto Registral y Catastral, mecanismo que permite recibir informes vía correo electrónico acerca de los movimientos que ocurran respecto de un inmueble. De tal forma pudo saber que Sergio Mier Jr. ingresó el 1 de septiembre de 2022 dos trámites en el IRYC, casi cinco años después de la escrituración que presuntamente había quedado pendiente.

En el proceso destaca la participación del Notario 90 de Ramos Arizpe, Rogelio Zertuche Mendoza, y del Notario 76 de Arteaga, Carlos Eduardo Elizondo Ramos (cuya notaría fue clausurada), en la constitución de un poder el primero, y un presunto convenio de reconocimiento de adeudo el segundo. Ambos en auxilio de Sergio Mier Jr. para que pudiese solventar observaciones. Llama la atención, por lo demás, el uso de fedatarios cuya territorialidad está fuera de Saltillo.

Pese a ello, de acuerdo con el procedimiento administrativo identificado con el folio DN/JUR/PA/47/SAL/2024, “quedó plenamente acreditado que incumplió disposiciones legales”, y que pudiera generar daños y perjuicios por una “posible nulidad o inexistencia de la escritura” que lo motivó.

Cortita y al pie

Otro ejemplo: apenas el 4 de junio de 2024, Sergio Mier Jr. perdió un juicio en materia civil desarrollado en el Juzgado Tercero del Distrito Judicial de Saltillo, por la disputa de una quinta campestre de 800 metros cuadrados, ubicada en Bella Unión, Arteaga, misma que pretendía agenciarse con una supuesta escritura de 2021, en contra de su legítimo propietario.

Los notarios son responsables civil, penal y administrativamente de los daños y perjuicios que ocasionen a clientes y terceros en el ejercicio de su función. No por serlo tienen un fuero imaginario para evitarlos, y no basta con una suspensión por cuatro meses dictada como sanción.

La última y nos vamos

Pese a todo lo anterior, sin ofrecer mayores detalles del caso (naturalmente para no alentar el ingreso del tema en la agenda ni revivirlo en la opinión pública por así convenir a los intereses de gobernabilidad), el Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, autoridad en la materia, se limitó a publicar un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en la edición del 18 de febrero (justo al cumplirse los cuatro meses que comenzaron a contarse el 18 de octubre), “por el que se tiene por cumplida la sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones del Notario Público número 47, licenciado Sergio Alberto Mier Elías, del distrito notarial de Saltillo”.

Y tan-tan. Aquí no pasó nada. El Notariado de Coahuila avanza una casilla pese a sentar un precedente negativo. Sale barata la ilegalidad.

Queda, sin embargo, registro y memoria para fines periodísticos.