Ciudad de México.- Sin considerar las liquidaciones del personal que no podrá ser contratado por las dependencias que asumirán sus funciones, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de poco más de 2 mil 260 millones de pesos para el proceso de extinción de los siete órganos autónomos que forman parte de la reforma en materia de simplificación administrativa impulsada por Morena y el Gobierno federal.

Fuentes legislativas indicaron que no está claro para qué rubros serán destinados estos recursos, pero serán insuficientes para cumplir con sus requerimientos.

Por eso, afirmaron, existe un “compromiso de palabra” para que los recursos necesarios para liquidar al personal sean cubiertos a lo largo del ejercicio fiscal.

El Presupuesto de Egresos de la Federación avalado la madrugada del jueves considera recursos por 199 mil 866 millones de pesos para la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que equivale a una reducción de cerca del 71 por ciento con respecto al presupuesto solicitado originalmente.

Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se establecieron recursos por 500 millones de pesos, es decir, 70 por ciento menos que en 2024; mientras que el INAI pidió recursos por más de mil 97 millones de pesos, pero los diputados le aprobaron sólo 499 millones 990 mil pesos, es decir, la mitad.

Al Coneval la Cámara de Diputados le aprobó un presupuesto de 287 millones 886 mil pesos, y aunque la cifra es la misma que la prevista originalmente por el Consejo, es equivalente a una reducción del 30 por ciento con respecto a 2024.

Otro organismo que se redujo recursos antes de que los diputados lo hicieran fue la Comisión Reguladora de Energía, que solicitó 199 millones 854 mil pesos para 2025, es decir, 30 por ciento menos que los 285 mil 506 millones de este año.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos también solicitó 30 por ciento menos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 40 por ciento menos.

En total, estos siete órganos autónomos que fueron extinguidos suman una bolsa de poco más de 2 mil 260 millones de pesos, lo que representa una reducción del 51 por ciento con respecto a este año.

De acuerdo con la reforma constitucional que extingue estos siete organismos autónomos, esos recursos deberían designarse a garantizar los derechos laborales del personal que no pueda ser contratado por las Secretarías e instituciones que asumirán sus funciones.

Así como a su operación temporal y a su proceso de extinción, ya que según lo aprobado por la mayoría, los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos y actos equivalentes, seguirán vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman sus funciones.

“Los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la Legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente Decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”, señala el séptimo transitorio de la reforma constitucional.

Fuentes legislativas indicaron que el cálculo de 2 mil 260 millones de pesos aprobados en el PEF 2025 para los siete organismos autónomos se calculó sin tener claro a qué rubros se van a destinar, de ahí que no alcanzarán a cubrir sus requerimientos, lo que implicará que a lo largo del ejercicio fiscal deberán solicitar recursos adicionales.

Como ejemplo, indicaron que el gasto corriente de la Cofece es de 500 millones de pesos, pero los diputados les aprobaron menos de 200 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

Mientras que en el Coneval laboran alrededor de 190 personas, pero la reforma señala que el INEGI asumirá sus funciones de medición de pobreza y de evaluación de los programas sociales y de las acciones de política social, áreas en las que actualmente laboran alrededor de 80 personas, es decir, la mitad del total de la plantilla laboral.

Además, el Consejo enfrenta alrededor de 15 demandas laborales desde hace un par de años.

Las fuentes indicaron que existe un compromiso de palabra con los siete organismos de que Hacienda solventará los requerimientos financieros que puedan surgir a lo largo del ejercicio fiscal como parte de su proceso de extinción.