Prácticamente cualquier persona que es usuaria de una línea telefónica a través de un aparato celular ha sido víctima de un intento de extorsión; desde las llamadas de un supuesto familiar pidiendo ayuda, la advertencia de un secuestro a alguno de sus hijos o hijas, el mal uso de una línea de crédito o la fabulosa noticia de haber sido acreedor de un premio que cambiará tu vida.

En México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron cerca de 8 mil casos de extorsión telefónica el año pasado, y aseguran que los casos no registrados estarían muy por encima de ese número.

Este fenómeno no es algo nuevo, allá por el 2008, el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa envió una iniciativa para la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Este registro permitiría supuestamente darle seguimiento a quienes intentaran extorsionar a través de teléfonos celulares, sin embargo, en la práctica no generó ningún cambio en el número de los delitos cometidos. Lo peor del asunto fue, que al poco tiempo la base de datos fue filtrada para su posterior venta, lo que generó que en 2011 el Senado modificarauna vez más el Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de desaparecer el RENAUT y destruir toda información que se hubiera generado para la creación de la base de datos.

Con la reciente creación del “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” a través de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Congreso de la Unión, México será uno más de los 17 países que obligan con sus leyes al registro de datos biométricos asociados a líneas telefónicas de aparatos celulares.

Los países que actualmente cuentan con este tipo de registro son: Afganistán, Arabia Saudita, Baréin, Bangladés, Benín, China, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

La base de datos busca contener al menos 10 datos diferentes, que van desde el número de línea telefónica móvil, la fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida con la tarjeta SIM, el nombre completo, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP), el domicilio del usuario y entre lo más delicado y polémico de esta nueva medida; los datos biométricos.

Los datos biométricos pueden incluir que nos soliciten cuestiones tan delicadas y personales como la identificación de voz, las huellas dactilares, el reconocimiento facial y hasta el escaneo del iris. Sin embargo, la transgresión más grave sería que se vulnere el derecho al acceso a las telecomunicaciones sin interferencia alguna, ya que la nueva ley condiciona el uso de las comunicaciones a la filiación en un padrón.

En la práctica, serían las empresas de telefonía las responsables de recabar los datos de cada usuario y el IFT el responsable del manejo y resguardo de la información.

Hoy en día, este tipo de información resultaría un botín de lo más atractivo para que los delincuentes cibernéticos puedan vender las bases de datos para temas tan triviales y molestos como la venta de bienes y servicios, hasta lo que es más grave y delicado, el uso de la información para cometer los delitos que supuestamente se están tratando de evitar, extorsiones, secuestros, suplantamiento de identidades, robo de cuentas, etc.

Los ladrones cibernéticos son cada vez más hábiles y preparados y estarían más que dispuestos a buscar acceder a este botín a fin de vendérselo al mejor postor.

Dudo mucho que las empresas telefónicas o el propio Instituto de Telecomunicaciones están preparados para defenderse de estos delincuentes cibernéticos, lo que nos dejará sumamente vulnerables, y dejará nuestros datos más disponibles prácticamente para cualquiera que pueda pagar por la información.

Lo anterior además de las violaciones que se estarían dando al derecho a la privacidad de los datos que tenemos de acuerdo a nuestras leyes locales y los tratados internacionales.

Yo en lo personal, no estoy de acuerdo en entregar mi información personal de esta manera, estoy convencida que en las condiciones actuales, una acción como ésta, nos vulnera y nos pone en peligro mucho más de lo que supuestamente nos puede proteger; espero, en verdad espero que nuestros legisladores piensen en nosotros y no en otros intereses oscuros que puedan estar detrás de todo esto, por lo pronto estaré preparando mi amparo antes de que venza el plazo establecido.