Internacional
Por EFE
Publicado el sábado, 24 de julio del 2021 a las 09:32
Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para instar a los gobiernos a que detengan sus programas de “vigilancia selectiva” de defensores de los derechos humanos tras el escándalo desatado por el software de espionaje Pegasus.
Durante años, Amnistía Internacional ha advertido de los peligros que entraña para los derechos humanos la industria de la vigilancia en general, así como de los casos concretos de vigilancia selectiva ilegítima de #NSOGroup en particular. https://t.co/5mbR1nC0I5
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) July 23, 2021
La ONG ha comenzado a recoger firmas para que ningún país prosiga con el pirateo de los dispositivos digitales, como teléfonos móviles, de los activistas con el fin de “espiarlos, silenciarlos e intimidarlos”.
“ Los gobiernos de todo el mundo compran y permiten la venta de tecnología de vigilancia invasiva y sofisticada que puede poner en riesgo los dispositivos digitales de cualquier persona y hacer un seguimiento de sus actividades. Estas herramientas las fabrican y venden empresas privadas que en ocasiones obtienen ganancias de los abusos contra los derechos humanos”, señala AI en su nota.
La organización recuerdó que gobiernos y empresas han usado los programas espías, como Pegasus, contra activistas pro derechos, y no solo contra delincuentes y terroristas, como supuestamente es su intención.
Y singulariza esas críticas en países como Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, cuyos ejecutivos “han actuado de forma ilegítima y reiterada contra activistas y la sociedad civil”.
También llama a los Estados que siguen permitiendo la exportación de tecnología de vigilancia a gobiernos que la usan para violar los derechos humanos a detener esa práctica.
Por todo ello, AI se une al exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión para pedir una moratoria mundial de venta y transferencia de tecnología de vigilancia “hasta que se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos”.
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