El miércoles Aguas de Saltillo presentó en el Cabildo de la capital una solicitud: autorización del Municipio para contratar un crédito por 150 millones de pesos (que se convertirán en 260 millones, estimando y sumando intereses) a pagar en un plazo máximo de 9 años (hasta 2034, fecha en que termina el convenio con la empresa paramunicipal que inició en 2001), a fin de resolver problemas de abastecimiento (perforar y conectar nuevos pozos a la red, básicamente).

De entrada, la cantidad por sí misma no es significativa considerando que la administración local dispone alrededor de 4 mil 650 millones de pesos anuales como presupuesto con tendencia al alza, por un lado, y tampoco se puede satanizar todo tipo de deuda pública, pues no deja de ser un instrumento financiero de utilidad (aunque, en nuestro caso, como nos quemamos con leche durante El Moreirato, hasta al jocoque le soplamos).

En el cuerpo edilicio, y posteriormente en el Congreso del Estado, obtendrán el aval sin problema.

Tampoco representa un proceso nuevo. La Legislatura LXI, para contextualizar, aprobó en plena pandemia que Aguas de Saltillo contratase un crédito por 60 millones de pesos (más intereses, accesorios financieros e impuestos) a liquidar hasta el 31 de octubre de 2026 (en 86 meses de pago), el cual sería destinado al “Proyecto de reubicación de la línea de conducción de agua potable, alojada en los 10.6 kilómetros, objeto de la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo”. Previamente, el Ayuntamiento de Saltillo había autorizado por unanimidad la operación el 30 de octubre de 2018.

El quid de la cuestión está en otra parte. Todo inicia con un asunto de confianza y credibilidad: ¿existe realmente un preocupante déficit de agua en Saltillo, o cerraron la llave a propósito a principios de 2025 para que lo notásemos y echásemos en falta su presencia (si no se enteró, hubo escasez en centenares de colonias) como parte de un plan articulado para justificar un eventual endeudamiento a posteriori?

Obtener legitimidad social, se llama ese juego, y sólo quien tiene las válvulas de paso al alcance de la mano tiene la respuesta.

En ese sentido, no pasa desapercibida la acción concatenada entre la extensión del convenio de Aguas de Saltillo en la capital que vencía en 2026, y se amplió hasta 2034, con las interrupciones del servicio de agua en Arteaga, cada vez más prolongadas y frecuentes, y un presunto sabotaje a la red de distribución en febrero de 2024 que terminó con la privatización simulada bajo el esquema de “alianza estratégica” del Municipio con Aguas de Saltillo, “para el servicio de asesoría técnica y prestación de servicios”, como se formalizó el 15 de noviembre, en sesión de Cabildo.

¿Las acciones fueron deliberadas para generar una crisis?

El punto es el vaivén emocional, al que ha sometido Aguas de Saltillo a la opinión pública. Irónicamente, antes de cualquier intentona oficial, el agua de Arteaga ya no pertenecía a Arteaga, sino a Saltillo, pues en el Registro Público de Derechos consta existen en Arteaga 972 títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales, ya sean para uso agrícola, pecuario, doméstico, de servicios, público urbano, industrial o “diferentes usos”. Quien tiene la mayor asignación es el Municipio de Saltillo, mediante una constancia identificada como COA115575, aprobada el 31 de julio de 2013, que ampara poder extraer hasta 51 millones 88 mil 320 metros cúbicos al año en volumen de aguas subterráneas de Arteaga. Otros 473 mil 40 metros cúbicos corresponden a aguas superficiales.

Ningún otro particular o persona moral tiene un beneficio siquiera cercano a la cifra. A su favor, en cambio, el Pueblo Mágico posee sólo 946 mil 395 metros cúbicos anuales gracias a 341 diferentes títulos favorables a la Presidencia Municipal de Arteaga, divididos por comunidades y sectores, la mayoría por mil 100 metros cúbicos de aguas subterráneas al año cada uno. ¡Cincuenta veces menos!

Cortita y al pie

El tema de fondo es que las ciudades tienen un límite de crecimiento. Barcelona, la sede de los socios, lo tiene topado desde hace décadas, y Saltillo, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, aumentará al doble la demanda de agua en un plazo de sólo 14-15 años.

Actualmente hay 280 mil contratos vigentes. ¿No es momento de -por lo menos- plantearse un equilibrio?

La pregunta es: ¿Habrá alguien que se atreva a detener la migración de sureños y expansión horizontal de la urbe como si el nearshoring -hoy detenido por las amenazas arancelarias- fuese una buena idea?

Actualmente una cifra, el PIB, prevalece por encima de otros factores como la calidad de vida. La producción industrial no necesariamente impacta en la mejora económica y de servicios en la zona metropolitana.

Si los de Cuévana confunden lo grandote con lo grandioso, como escribió Ibargüengoitia, en Saltillo se asocia tráfico y bullicio, provocado por los automóviles, con desarrollo y modernidad.

¿Quién dice que ahí está el progreso?

El ecosistema no es nuevo. Somos un semidesierto, por supuesto. Pero tenemos al elefante en la habitación: el agotamiento de recursos hídricos es el principal problema del estado. Incluso el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) colocó a Coahuila en agosto de 2023 como la cuarta entidad más afectada del país por la falta de agua (disminución de los niveles freáticos de acuíferos subterráneos) después de Baja California Sur, Ciudad de México y Sonora, en el Atlas de Riesgos denominado Aqueduct.

La última y nos vamos

El asunto da para la reflexión y cuestionamientos. Pero una cosa sí le pido: saque por favor a Morena de la ecuación, en todo momento, lugar y circunstancia. Los temas de adultos que los resuelvan los adultos, y los niños a la mesa de los niños.

Por alguna extraña razón les encanta politizar ese asunto, en el sentido más deshonroso del verbo utilizado: “politizar”. Es decir, no como sinónimo de debatir, sino de basurear. Y sacar raja, desde luego.

Que si “los españoles” expolian como en tiempos de la Nueva España, y demás ficciones demagogas que simplemente buscan el aplauso fácil y apuntan al tendido de sol (y que solamente los más chairos -o sea los más dogmáticos, fundamentalistas, emocionales y resentidos, aunque carentes de razón y argumentos- repiten). Por el contrario: los resultados favorecen a la gestión de la otrora filial de Aguas de Barcelona –hoy Veolia- en el porcentaje que le corresponde tras dos décadas de trabajo en la ciudad, independientemente de su origen.

Además, donde asumen estos el poder, inicia el tandeo y reparto por pipas (el Múzquiz de Tania Flores Guerra (2022-2024) o el Parras de Ramiro Pérez Arciniega (2019-2021), son ejemplos de lo anterior, dentro de las pocas pero olvidables experiencias municipales encabezadas por los guindas de 2018 a la fecha en Coahuila).