Nueva York, NY.-  “Un sistema migratorio roto es una bomba de tiempo para la seguridad nacional”, advirtió el pasado 10 de diciembre el senador Lindsay Graham. Existe una lista de indocumentados en territorio estadunidense que representan un riesgo, agregó sin dar más detalles. Lo dijo en Washington, una capital sobrepoblada por conspiraciones.

Retomar el control de la frontera es otra urgencia del republicano, quien por más de una década ha intentado aprobar un cuerpo de leyes que abra una vía para que millones de indocumentados permanezcan en los Estados Unidos.

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Si la gente en el sur ve que estamos sacando indocumentados ya no pagarán al coyote”.

Esa es otra razón que Graham arguye para explicar por qué, desde el día uno de la Administración de Donald Trump, el Senado se ocupa de endurecer la política migratoria.

Construir más barda; más sitios de confinamiento para quienes cruzan sin papeles; dotar a las policías fronterizas con más tecnología para detectar a los traficantes de personas, esa será la prioridad, confirmó el senador por Carolina del Sur durante una reunión del comité de Asuntos Jurídicos convocada para analizar los efectos de una posible deportación masiva.

En esa reunión se escucharon los testimonios de un par de académicos, de un general del Ejército, de un indocumentado de Sierra Leona, quien hoy trabaja como asistente de fiscal en Pensilvania, y de la doliente madre de Rachel Morin, asesinada en Maryland en agosto de 2023 por un criminal quien tres veces ingresó al país de manera irregular y dos veces fue deportado, quien huía además de la justicia de El Salvador, pero supo mantenerse en las calles de los Estados Unidos por las múltiples averías del sistema migratorio norteamericano.

Empujar promesas

Lindsey Graham encabeza desde el 6 de enero el comité de Presupuesto del Senado. Desde allí intentará proveer recursos al Ejecutivo –él mismo ha puesto la cifra en 100 mil millones de dólares– para que éste cumpla lo prometido a los votantes en materia migratoria.

Tenaz miembro del subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, hace 11 años Graham consiguió empujar casi hasta su aprobación definitiva una reforma legal que habría permitido a millones de indocumentados regularizar su estancia en los Estados Unidos; aquello naufragó. Aún cree que el país necesita de los trabajadores migratorios. Pero también quiere una barda más alta en la frontera sur.

Las causas tras el río

Tras el río Bravo y luego el Suchiate, a dos fronteras de distancia, al sur, en territorio guatemalteco, en la Casa del Migrante, un albergue que desde hace 27 años brinda alojo, comida, atención médica y asesoría legal a 100 o hasta 200 personas en tránsito cada día todo el año, su director, el sacerdote scalabriniano.

Percy Cervera articula algo que puede ser su oración diaria: “Los gobiernos hablan de regularizar la migración. Estoy de acuerdo. Combatamos las causas”.

Allá donde está, en el departamento de San Marcos, Guatemala, al occidente del país, la región con más alto índice de expulsión de migrantes, Cervera ha observado que esas causas son falta de oportunidades en educación, salud, trabajo… “Pobreza”, se apresuró a resumir, aquel día de primavera cuando lo entrevisté, en 2023.

Quienes más se van de San Marcos son los jóvenes, entre los 18 y los 30 años. Luego, mujeres con hijos, a quienes el marido manda a buscar, lo dijo Cervera y se confirma en las mediciones del Instituto Guatemalteco de Migración.

Cervera suele repetir que una de sus recomendaciones más comunes en San Marcos –realiza recorridos periódicos por las parroquias del departamento–: antes de entregar una montaña de dinero a un coyote, considere invertir en un negocio en la propia tierra que se abandona.

Los traficantes llegan a cobrar hasta 15 mil dólares por persona; las familias suelen vender bienes, endeudarse, para reunir esa cantidad. ¿Y si mejor lo invirtieran aquí?, se pregunta el sacerdote. 

En 2024, el 65% de los guatemaltecos que hoy tienen orden de deportación fueron detenidos apenas ponían pie en Texas.

Luego, inevitablemente, Percy Cervera contrasta su propia idea brillante con una nota grave: “¿Cómo eliminamos los coyotes si la misma gente los busca?”

Cierran opciones

Dos albergues de migrantes en Arizona, entre ellos Casa Alitas, uno de los principales centros de asistencia que sirvió de modelo para otros a lo largo de la frontera con México, fueron cerrados debido a los recortes de fondos ordenados por Trump, informó ayer el condado Pima.

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Es una tristeza que nuestro Gobierno termine con una tradición de ayuda a los más necesitados”, dijo Kat Rodríguez, activista que por muchos años trabajó en Casa Alitas, en Tucson.

Los albergues proporcionaban alojamiento temporal y servicios de transporte a solicitantes de asilo tras ser procesados y liberados por la Patrulla Fronteriza.

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La compasión por el ser humano está siendo eliminada por intereses políticos y eso es muy lamentable”, dijo la activista.

John Lesher, administrador del condado Pima, detalló que desde el pasado lunes, después que Donald Trump juramentara por segunda ocasión como Presidente, la Patrulla Fronteriza dejó de llevar a los migrantes al refugio.

Rechazan ‘cacería’

Una coalición de 11 fiscales generales de EU envió una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la Administración del presidente Donald Trump dejando claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.

La declaración de los fiscales surge luego de que el nuevo Gobierno de Trump amenazara a funcionarios gubernamentales que no cumplan con sus órdenes migratorias.

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La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración”, señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, quien señala lo que espera la nueva Administración sobre la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, los fiscales demócratas recordaron que está establecido, a través de precedentes de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de EU impide que el Gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.

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Si bien el Gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que no puede ‘incorporar a su servicio, sin costo alguno para sí, a los agentes de policía de los 50 estados’”, señalan además a Bove en la declaración conjunta de los fiscales, liderados por Nueva York y California.

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Por ahora, estas amenazas vagas son sólo eso: palabras vacías escritas en un papel. Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales”, advirtieron además en un comunicado, firmado por los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.

Sin dinero, ni espacio

Activistas defensores de los migrantes se concentraron ayer en un puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso para pedir “misericordia” y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con los migrantes deportados, ya que la gran mayoría no cuenta “con dinero ni dónde quedarse”.

Carlos Mayorga, presidente del colectivo por la paz y los migrantes Ángeles Mensajeros, explicó desde el puente Santa Fe que su acción busca visibilizar la difícil situación de los migrantes, en su mayoría mexicanos, que están siendo deportados desde Estados Unidos.

Aceleran albergues

El inminente aumento en las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades del estado de Chihuahua, y a organizaciones religiosas, al tiempo que se preparan para atender a miles de migrantes retornados de distintos países en los próximos días.

Lo mismo ocurre en Tijuana, donde, a marchas forzadas, trabajan para alistar espacios ante la posibilidad de las deportaciones masivas y constantes.

Aún son de Biden

Luego de que Donald Trump asumiera como Presidente, decenas de migrantes han sido deportados por el puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, sin embargo, son personas que ya permanecían en centros de detención desde la Administración del ahora expresidente Joe Biden.

Así lo confirmaron los propios migrantes que compartieron información con medios y autoridades mexicanas del estado de Baja California, quienes aseguraron que bajo los estrictos protocolos de Trump aún no se presenta ningún deportado.

Ultimátum a empresas

Trump instó a las empresas multinacionales a “fabricar en Estados Unidos” o “simplemente pagar aranceles” durante su discurso a distancia, dentro del Foro Económico Mundial de Davos.

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Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables”, advirtió Trump. “Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple: vengan a fabricar su producto en América, y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente”, afirmó.

Con información de  Francisco Barradas y EFE