“Es el régimen democrático lo que se pondría en grave peligro”.
Ciro Murayama

Me dice un abogado de la UNAM: “Todo el mundo se está yendo con la agenda que marca AMLO y se han envuelto en una discusión sobre el castillo de aire de la reforma judicial.

“Han dejado de largo el cimiento que se requiere de una mayoría calificada en el Congreso, que aún no tiene la 4T, pero que desde el día posterior a la elección ha venido su agandalle con la ilegal e inconstitucional sobrerrepresentación.

“Esta cuestión ha sido analizada por expertos en materia electoral y fundamentalmente han expuesto que Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada.

“Ese debería ser el enfoque de la discusión pública hoy y dejar para otro momento, si es el caso, el de la ‘inminente’ reforma judicial”.

No es el único que mantiene esta posición. El exconsejero electoral Ciro Murayama y el especialista en temas electorales Jorge Alcocer Villanueva, han sostenido que el espíritu de la reforma de 1996, que limitó la sobrerrepresentación a 8% del voto de un partido político, impediría una representación de 20 puntos como la que al parecer obtendría la coalición gubernamental en la Cámara de Diputados.

Yo, sin embargo, no veo posibilidades de que el actual Tribunal Electoral eche para atrás la sobrerrepresentación que provisionalmente se ha dado a la coalición gubernamental.

No hay duda de que otorgar 74% o 75% de los escaños a una alianza que obtuvo sólo 54% de los votos viola el espíritu de la ley electoral de 1996, que buscaba impedir que el PRI pudiera seguir teniendo mayorías calificadas en el Congreso. El PRD fue uno de los principales impulsores de esta medida.

La reforma se hizo con la idea de aplicar la limitación a las coaliciones. El Artículo 54 de la Constitución en su párrafo 5 estableció: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Pero el Artículo 60 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) añadió: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un sólo partido”.

La Constitución, sin embargo, no se ha enmendado y la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 2014, omitió las coaliciones. En su Artículo 15 señala: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Los partidos del Gobierno suman 20 puntos de sobrerrepresentación, pero entre los tres.

Alcocer Villanueva ha citado una tesis del Tribunal Electoral, la LII/2002, que señala que los legisladores de representación proporcional “se deben asignar por cada partido político o coalición”.

Pero es una tesis sobre la legislación vigente entonces y no considera las reformas de 2007 y 2014. ¿Es un agandalle? Claro que sí.

La reforma de 1996 permitió el inicio de la única era de alternancia en el poder que hemos tenido en la historia, al limitar los agandalles del PRI que hoy repite Morena.

Este ha sido el único período en el que hemos vivido en una real democracia. Pero en todo caso es un agandalle legal. No veo posibilidad de que el actual Tribunal Electoral, con solo cinco magistrados, tres de los cuales se inclinan por Morena, vaya a dictar un fallo basado en el “espíritu de la ley” de 1996.

El agandalle se basa en una mala ley, pero estoy seguro de que el Tribunal Electoral saldrá “con el cuento de que la ley es la ley”.

Autoritarismos

Sheinbaum afirmó ayer ante el CCE que la reforma judicial “de ninguna manera representa autoritarismo y concentración de poder”. Pero si la maquinaria electoral de Morena controla la elección de jueces, magistrados y ministros, la independencia judicial habrá terminado.